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Dos filósofos que han reflexionado sobre la compleja relación de la ética y la política han sido Aristóteles y Platón. Estos filósofos sitúan el valor ético de la justicia como edificadora del quehacer político, ya que no tenía sentido la política si no perseguía obtención de justicia.
Aunque Nicolás Maquiavelo (siglo XVI) es el punto de partida de la visión y la separación de la política de la moral, en cuanto que la primera tiene su propio corpus teórico y no se subordina a principios éticos, no por eso se puede dejar a un lado en estos tiempos la ética política o pública. Este tipo de ética normativa se edifica sobre el buen gobernante que ha de propiciar la libertad, la justicia y la igualdad, que son principios éticos generales, en el que un buen político se puede cobijar para hacer un buen gobierno y para vivir de acuerdo a esos principios y en la búsqueda del bien común; este último según el filósofo Aristóteles es el fundamento de la política y va en contra de un grupo privilegiado.
La puesta en práctica de una ética política o pública no brota de un simple deseo de un líder político, sino de la relación con la virtud cívica de los ciudadanos, que como apunta Maurizio Viroli, se trata de una virtud para hombres y mujeres que quieren vivir con dignidad y sabiendo que no se puede vivir dignamente en una comunidad corrupta y que son capaces de movilizarse con el fin de impedir que apruebe una ley injusta o presionar a los gobernantes para que afronten los problemas de intereses comunes.
Es en este contexto, que los movimientos sociales dominicanos con vocación ética cívica no pueden dejar a un lado su estrategia de que la justicia cambie su rostro de esfinge por el rostro de la Dama con su venda, espada y balanza, la cual no se doblega ante el poderoso caballero que es don dinero (Quevedo).
En este aspecto, hay que propugnar por cambiar el sistema de justicia dominicano carcomido por la corrupción en todas sus instancias, como es el caso del poder judicial: Suprema Corte de Justicia, Juzgado de Paz y la Corte de Apelación. Para tales cambios es necesaria una cumbre entre los principales sectores sociales del país y en el cual la política partidaria no contamine tal proceso.
Es sobre estos y otros derechos que los ciudadanos dominicanos deben librar su cruzada en los entramados de las redes virtuales y reales del ciberespacio y el espacio social.
La virtud cívica de los ciudadanos dominicanos ha de orientarse y empoderarse en el plano de lo político y lo ciberpolítico, sobre la base de exigirles a los gobiernos de turno, a los partidos y movimientos con vocación de poder, que no se preocupen por la ética del sujeto, sino que gobiernen bien, que cumplan con sus promesas de justicia, igualdad, libertad y el derecho a una vida digna, que cumplan con el código de ética pública.
La Ley No. 120-01 que instituye el Código de Ética del Servidor Público de República Dominicana del 20 de julio del 2001, contiene un conjunto de principios como el de la honestidad, la justicia, el decoro y la vocación de servicio. Estos son parte de los principios fundamentales que tienen que ser puesto en práctica por los funcionarios públicos dominicanos. Pero durante estos 15 años de existencia del código de ética pública los líderes políticos que han llegado al poder del Estado solo han mostrado musarañas sobre el cumplimiento de dicho código.
Este código de ética pública se encuentra sintetizado en la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Decreto 486-12, de fecha 21 de agosto 2012), que dice que el funcionario ha de rechazar dádivas, regalos, incentivos o beneficios privados, de manera personal o a través de intermediarios, para beneficio propio y que han de presentar la declaración jurada de bienes a más tardar a los 30 días de asumir el cargo.
Hay que comprender que la ética va de la mano con la política, siempre que hay un buen accionar político, que no sacrifique a la sociedad, al sujeto en el presente con reformas fiscales, préstamos, bonos soberanos, en aras de una mejor vida en el futuro, que en el fondo son una secuencias de calamidades y nuevas reformas, nuevos préstamos y bonos soberanos, que nos dejan entrampados entre el infierno y el purgatorio, mientras los políticos reformadores viven del paraíso fiscal entre la impunidad y la corrupción.
Tampoco significa que el político no tenga ciertos comportamientos morales, pues todo sujeto vive bajo una moral imperante y se rige por determinados códigos morales con relación a la sociedad, a la familia y a la institución en donde trabaja. No hay ser humano amoral, solo la naturaleza, los animales, que no entran en la relación lenguaje, sujeto, discurso, poder y sociedad, carecen de estos códigos. Es de ahí que el político puede presumir de una ética de la responsabilidad (Max Weber, La política como profesión) de la cual carece una franja de los líderes políticos dominicanos, al vivir una política al desnudo, sin “fe”, vaciada de contenido ideológico social, de una propuesta programática, impregnado de puro pragmatismo y con una pasión de lucha permanente del poder por el poder, para beneficio económico grupal dentro del partido. Dicha franja de políticos ni si quiera muestran un simulacro de “la ética de la convicción” ( Weber).
El problema es que estos códigos legitiman grupos, viven para el grupo no para la sociedad, el sujeto ético en sentido amplio, aboga por el bien común, en que la honestidad, la justicia, la responsabilidad, la dignidad, libertad, igualdad y solidaridad, trascienden el carácter grupal e implican la sociedad, el mundo de las redes sociales y el ciberespacio. Sin descartar que un determinado momento este sujeto ético participe en un proyecto político, verlo con buenos ojos, siempre y cuando dicho proyecto apunte hacia la consecución de una ética política o pública, que en parte va acorde a la ética ciudadana (ética de responsabilidad y de convicción) que lucha por el bien común