¡El territorio hay que ordenarlo! Un grito colectivo. Hay que ordenarlo porque en el mismo es que se producen o concretizan las políticas económicas, sociales, culturales, ecológicas y de asiento del sistema democrático. Ética y territorio son variables inseparables en el ejercicio público, como son inseparables la transparencia y la democracia. Las decisiones sobre densificación (expansión vertical y horizontal de la ciudad), uso de suelo, hábitat y ordenamiento territorial tienen que estar revestidas de principios éticos. Lo contrario produce efectos letales a la sostenibilidad urbana.
Las decisiones de densificación en ciudades y municipios del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, San Francisco, La Vega, Higüey y otras con crecimientos desordenados, tienen que estar revestidas de ese gran principio de la ética que es la responsabilidad. El capital financiero e inmobiliario, uno de los actores del financiamiento de la expansión urbana y territorial, nunca debe colocarse por encima de la sostenibilidad y el desarrollo humano. Es responsabilidad de quienes toman las decisiones públicas sobre densificación actuar en función del interés colectivo, estudiar la presión o no que ejerce la densificación en los sistemas de agua potable, drenajes pluvial y residual, oferta eléctrica, movilidad urbana, impacto ambiental y segregación social-residencial.
El territorio es una construcción social, más que un espacio físico per se. Es más que capital financiero e inmobiliario. Es una unidad geofísica-socio cultural. Quién da utilidad al territorio, en primero lugar, es el capital humano, luego lo político o financiero que lo interviene con ideas, proyectos y acciones para habitar y dinamizar la economía.
Instrumentalmente, la variable principal del ordenamiento territorial es el uso de suelo, su vocación. El cambio de uso de suelo cambia la ciudad y cambia el tipo de propiedad. Cambios decididos, en ciudades institucionalizadas, por gobiernos locales. Con baja o nula institucionalización de la gestión del uso de suelo se deriva en manejo discrecional de las decisiones. En ambos escenarios, uno más que otro, la ética juega un rol conducente hacia la creación o desarrollo de ciudades sostenibles.
El ordenamiento territorial es una disciplina que permite la distribución racional de las riquezas físicas y bio-sociológicas en el territorio con propósito de producción de bienestar económico y social. En la distribución racional intervienen sujetos públicos y privados y que, de acuerdo con sus conductas, hábitos, comportamientos pueden orientar hacia lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, la transparencia o la corrupción: hacia la ética o deshonestidad en la decisión del ordenamiento del espacio.
Dentro de la ética, el principio de responsabilidad, como respetar los compromisos asumidos con la ciudadanía; el principio de igualdad, que expresa el trato para que los seres humanos tengan oportunidad de disfrutar los bienes públicos; y el principio de transparencia, que se manifiesta en la honestidad para tomar decisiones, están insertados en las decisiones de las normativas sobre el ordenamiento territorial. Es responsabilidad del Estado y los ayuntamientos priorizar el derecho a una ciudad con servicios públicos de alta cobertura y de calidad, con accesibilidad universal, con más espacios públicos y verdes, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y ambientalmente sostenible. Éticamente es responsable de restringir la carga vehicular en niveles que aporten a la lucha contra el cambio climático. Si la densificación conduce a alcanzar estos propósitos, las decisiones tomadas responden a una racionalidad y ética de lo público, y evitaría dar respuesta exclusiva a la expansión del capital.
Finalmente, siempre habrá que densificar. Ahora, antes de tomar decisiones sobre densificar se deben responder preguntas que den respuestas a dónde está el problema, para qué densificar, cómo voy a densificar, a quién beneficia. Por ahora, el desorden con la densidad ha sido provechoso y beneficiario para la acumulación de capital financiero, nacional y transnacional, y en detrimento del capital social. Mientras siga siendo así tendremos barrios y ciudades con hábitat insostenible, sin viviendas de vocación social, sin convivencia social e individuos-colectivos más individualistas, desarraigados y conflictivos. Territorios con mayor nivel de vulnerabilidad de riesgo de desastres naturales. Y, continuará aumentando el caudal de agua en barrios, urbanizaciones y ensanches, pero no agua para consumo humano sino de inundaciones por falta de drenaje pluvial. Ética y moralmente el suelo es más que un puro bien financiero, porque primero es un bien social.