En días pasados se realizó el lanzamiento de la Iniciativa por la Productividad y la Competitividad Nacional, el cual se perfila como un espacio para unir los esfuerzos entre el ámbito público y el sector privado con el fin de mejorar la competitividad y la productividad en el país.
Durante el encuentro el presidente Danilo Medina presentó a la audiencia algunos datos extraídos de un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Cooperación alemana, el cual señala la situación existente en relación a la creación de empleos. El estudio indicó que el segmento que genera el 67% de las riquezas (grandes empresas) de los países de America Latina a penas crea el 20% del empleo, mientras que el segmento que genera el 33% de las riquezas (mediana, pequeña empresa y la informalidad) crea el 80% de los empleos. Este preámbulo antecedió la preocupación externada por el primer mandatario, indicando la necesidad de que la Republica Dominicana pueda revertir esta situación de manera que los empleos puedan ser generados en su mayoría por aquellos que generan la mayor contribución al PIB de la nación.
El discurso impregnado de una realidad que no puede ser discutida contiene un mensaje directo a un sector empresarial que ha disfrutado por mucho tiempo de un sistema desorganizado, que beneficia aquellos que tienen el poder (ya sea político o económico) y que no distribuye estos beneficios de manera equilibrada. Sin embargo la responsabilidad de esta situación no puede ser adjudicada de forma exclusiva a un sector cuyo objetivo es garantizar la rentabilidad de sus inversiones, cuya finalidad es el aumento y acumulación del capital.
La situación expuesta debe impulsar un proceso de reflexión como nación y así entender que la única forma de romper con la estructura de desigualdad social, económica y territorial que impera en nuestro país, es transformando el modelo de planificación del desarrollo que ha prevalecido durante las últimas décadas.
Dentro de este nuevo modelo planteado, el Estado está llamado a defender las iniciativas que estén sustentadas en el interés general sobre el interés particular; en atención a su función de proveer los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (Constitución RD. Art.8). Por lo tanto el Estado es el responsable de enfrentar la estructura de desigualdad que se replica por todo el país.
Para estos fines deben diseñar políticas que contribuyan a ordenar el territorio en atención a las potencialidades y limitaciones de cada territorio, al igual que las capacidades, expectativas y aspiraciones de la población. Tal y como está consignado en la Constitución, esta organización del territorio tiene como finalidad propiciar su desarrollo integral y equilibrado y el de sus habitantes, compatible con sus necesidades y con la preservación de sus recursos naturales, de su identidad nacional y de sus valores culturales (Art. 193).
La puesta en marcha de un conjunto de políticas de carácter normativo y operativo permitirá que la Republica Dominicana impulsar un proceso de crecimiento endógeno que dinamice las economías locales, fomentando un régimen económico orientado al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores.