Como parte del proceso de globalización en el cual nos encontramos, expresado en un aumento en el número de desplazamiento entre países, la República Dominicana comenzó a registrar sus primeros casos del COVID-19 con la confirmación de algunos visitantes que dieron positivo a las pruebas realizadas en algunos complejos hoteleros de la zona Este del país y posteriormente el registro de ciudadanos dominicanos que regresaban a diversos puntos de la geografía nacional luego de una estadía en algunos países donde el virus se ha propagado de manera significativa.
Este preámbulo matizó la presencia en el país del virus y nos llevó de la etapa 1 a la etapa 2 establecida por la OPS/OMS, donde el país paso de no tener casos a registrar los primeros provenientes del exterior y días después pasamos a la etapa 3 en donde la transmisión de la enfermedad comienza a producirse de persona a persona en el territorio.
Los últimos boletines presentados por el Ministerio de Salud Pública muestran la presencia del virus en una serie de provincias del país, con una proporción significativa en las dos principales zonas metropolitanas del país: el Gran Santo Domingo y Santiago; donde se concentra más del setenta por ciento de los casos registrados. Este cuadro no es necesariamente el resultado de una mayor rigurosidad en los controles para la prevención de los contagios en las provincias donde no hay presencia del virus o una menor efectividad de las medidas implementadas en las provincias con mayores casos, más bien obedece a que en estas zonas se concentran el 46.24% de la población dominicana y las probabilidades de distanciamiento social son mucho menor.
De manera que si el 46.24% de la población reside en un 7.74% territorio nacional, habrá una mayor probabilidad de contagio que el resto de la población que habita en el 92.26% de la superficie nacional; ya que las posibilidades de contacto, con las mismas medidas tomadas a nivel nacional, son mayores en las zonas de mayor densidad que en las de menos densidad.
Lo cual nos permite concluir que el mapeo de los casos confirmados en el país es un indicador excelente que contribuye con el diseño de iniciativas y acciones diferenciadas en el territorio para fomentar medidas más rigurosas de distanciamiento social en aquellos lugares que lo ameriten, sin embargo, no deben fomentar el aislamiento de provincias, ni municipios, ni comunidades limitar la entrada de casos a sus respectivas demarcaciones.
En la actualidad no es factible aislar las demarcaciones del país ya que las mismas no podrían autosostenerse en cuanto a los productos de alimentación, la provisión servicios de salud especializada, las labores de asistencia social y los servicios básicos necesarios para cada comunidad; el territorio nacional se encuentra configurado sobre un principio de complementariedad de sus actividades, que no permite aislamiento total de una provincia.
Es posible avanzar en las medidas diferenciadas por cada territorio y así mejorar los controles de movilidad interurbana que reduzcan hasta su mínima expresión los desplazamientos de personas y mercancías entre una provincia y otra. Para tales fines es preciso activar los canales de coordinación sanitaria entre el gobierno nacional y los Ayuntamientos, apoyando esta coordinación con las Direcciones Provinciales de Salud Pública y las Gobernaciones con el fin de que los gobiernos locales apoyen esta regulación de los movimientos, las tareas de limpieza, la orientación de sus munícipes y el apoyo a las tareas de asistencia social, las cuales deberían entregarse a través de las iglesias y las juntas de vecinos en las infraestructuras escolares públicas.
Como parte de esta estrategia territorial, el distanciamiento social en las principales zonas urbanas debe ser más riguroso, a través de medidas que reduzcan las actividades que se realizan fuera del hogar, solo permitiendo las salidas para garantizar los aspectos básicos de alimentación y servicios de salud. Esto puede ser apoyado con la liberalización de los pagos para realizar operaciones por internet, de manera que las solicitudes administrativas, las operaciones financieras, las labores de trabajo, los pagos de servicios básicos, la adquisición de medicinas y las compras de alimentos, puedan ser realizados desde el hogar, ayudando a que todos nos quedemos en nuestras casas.