El informe del fiscal especial, Robert S. Mueller, recién publicado en dos tomos con 448 páginas, expone la intervención rusa a favor de la candidatura de Trump en el certamen electoral de 2016, con su evidente beneplácito, aunque sin comprobarse su conspiración con el Kremlin, en la primera parte. En el segundo tomo, analiza las repetidas intervenciones de Trump para impedir o desviar la subsiguiente investigación de la campaña rusa desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017 hasta el presente. Hay numerosos pasajes censurados, pero también ya hay una iniciativa de legisladores demócratas para obtener el documento original con sus apéndices, y no es de dudar que eventualmente se conozca públicamente el expediente completo.
Aun con los pasajes tachados, la segunda parte del documento es un extraordinario relato de un hombre poderoso, obstinado en obstruir la justicia, y los inesperados obstáculos que ha encontrado en su intento, incluyendo la fortaleza de las instituciones y el temple de importantes funcionarios que resistieron las presiones a violar la ley para favorecer al jefe. El informe ilustra los denodados esfuerzos de Trump durante más de dos años con al menos 10 ejercicios concretos de obstrucción. Puntualiza Katelyn Polantz de CNN en Español al respecto:
El fiscal especial examinó múltiples incidentes para una posible obstrucción. Mostró cómo las acciones de Trump cruzaron el umbral para tener un caso cuando el presidente encaró al exdirector del FBI James Comey para “dejar ir” al asesor de seguridad nacional Michael Flynn; cuando Trump despidió a Comey; cuando Trump ordenó a su antiguo abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, suspender a Mueller, y cuando Trump tuiteó sobre los cargos contra su exjefe de campaña, Paul Manafort, mientras este iba a juicio. En cada una de estas situaciones, Mueller encontró pruebas de que Trump tomó medidas para dañar una investigación, que tenía la capacidad de dañar una investigación y que tenía una motivación personal para dañar la investigación.
A pesar de que la selección de sus colaboradores se basa en la expectativa de su incondicional lealtad a Donald Trump, los intentos de obstruir la justicia tuvieron limitado éxito en gran medida porque los subalternos claves del presidente estadounidense se negaron a cumplir órdenes o acceder a sus peticiones para cometer actos ilegales y mentir en procura de obstaculizar la investigación sobre la trama rusa, no por desistimiento o arrepentimiento del persistente obstructor-en-jefe. Además, fueron esos mismos colaboradores los principales informantes de las ilegales instrucciones del Presidente, que no fueron acatadas por ellos al entender que transgredían las leyes, revelando expresiones dramáticas de Trump, como “Oh Dios. Esto es terrible. Este es el final de mi presidencia. Estoy jodido”, espetado cuando primero supo del nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial. Varios de sus cercanos colaboradores llegaron a tomar extensas notas sobre los difíciles intercambios con su jefe, hecho que provoca la ira de Trump. Precisamente la negativa de esos funcionarios públicos a cumplir las órdenes de su jefe para violar la ley es el posible salvavidas provisional de Trump, en el sentido de que no fueron del todo exitosos sus intentos de obstrucción en impedir la investigación. Aprovechando ese hecho, el recién designado procurador general, William Barr, cachanchán de Trump, ha proclamado la inexistencia de pruebas suficientes contra el presidente por obstrucción a la justicia, queriendo archivar el caso con esa desestimación. Trump aprovecha cada oportunidad para insistir que no hubo “ni conspiración, ni obstrucción”. Finalmente, Trump ha encontrado en su procurador general a un colaborador dispuesto a embarrarse para protegerlo de las consecuencias de sus acciones ilegales, un verdadero cómplice en la obstrucción de la justicia.
El informe oficial, sin embargo, es contundente en cuanto a la obstrucción sistemática a la justicia por parte del presidente, cuando declara:
Nuestra investigación descubrió varios actos realizados por el presidente capaces de ejercer una influencia indebida sobre las investigaciones policiales, incluidas la investigación sobre la interferencia y obstrucción de Rusia. Los incidentes se llevaban a cabo a menudo en reuniones individuales en las que el presidente buscaba usar su poder oficial fuera de los canales habituales.
Mueller ha cumplido con su mandato especial y su deber ciudadano, al compilar un extenso expediente sobre la trama rusa, la acogida de la campaña electoral de Trump a esa “ayuda”, y, sobre todo, los esfuerzos del propio Trump por tapar esos hechos obstaculizando la investigación oficial de la agresión extranjera contra Estados Unidos, por tener el presidente estadounidense un claro conflicto de interés personal. En una decisión que será debatida por largo tiempo, Mueller optó por dejar al Congreso la determinación sobre la suficiencia de las pruebas contra Trump por obstrucción, en acato de la disposición interna del Departamento de Justicia que determina que el presidente en funciones no puede ser procesado en los tribunales federales, siendo el único recurso de sanción válido el “impeachment” congresual, establecido en la constitución estadounidense.
El informe es contundente. Muchos comentaristas legales señalan que Mueller ha estructurado un virtual manual técnico-legal y mapa del posible proceso de “impeachment” a Trump por obstrucción a la justicia, y que lo único que falta es la voluntad de proceder a sancionar al presidente de parte de los legisladores federales en el presente. O a futuro, el expediente quedaría listo para ser presentado en los tribunales por un próximo procurador general, cuando Trump cese funciones como presidente.
Trump y sus acólitos han declarado la victoria porque él no ha sido culpabilizado formalmente ante los tribunales por el Departamento de Justicia que él controla, y sigue en la presidencia a pesar de su propio vaticinio del final de su presidencia. Pero como se sabe desde el principio, “esto no se acaba hasta que se acaba”, porque el ultimo inning se jugará en el Capitolio, no en los tribunales. Y después, en caso de un probable empate, habría un posible desquite en las urnas en noviembre de 2020.