La frase que utilicé como título de este artículo fue pronunciada hace unos días durante una sesión de juicio en una corte de nuestro país, donde se discutían las circunstancias de un delito de trata de personas cometido contra una joven dominicana. Y lo dijo un reconocido abogado en representación de los imputados, tratando de normalizar una conducta que está claramente sancionada por las leyes dominicanas. Y trató de simplificar el hecho de que hay mujeres víctimas de trata de personas disponibles para la actividad sexual remunerada. Y dijo más: que él mismo solía pagar hasta 200 dólares para salir con una de estas mujeres. ¡Y se lo dijo a un juez en la corte!
Lo que llama la atención en este caso es que se trata de un operador del derecho, un profesional que tiene el deber de conocer la ley. En un país en el que tal delito se normaliza queda mucho por hacer para concienciar a la población de los males que ocasiona tanto a las víctimas como a la sociedad. Estamos hablando de una práctica que deshonra al agredido, que le roba el futuro, que le provoca un intenso sufrimiento físico y emocional. Nos referimos a un fenómeno que destruye familias y comunidades enteras, solo por el bien de quienes se benefician de la degradación de los demás. Y no parece razonable que ningún abogado intente normalizar la comisión de un delito alegando que él mismo comete crímenes similares. ¡La justicia no puede aceptar argumentos como ese!
Iré más allá, al citar a un miembro del Sistema Público de Justicia, quien meses atrás dijo que no reconocía la gravedad de un caso de explotación sexual comercial cometido contra una adolescente, por considerar que se trataba de una costumbre común “para la gente del campo”. Siguió su línea de razonamiento para concluir, increíblemente, que esta sería la única diversión para los hombres en los lugares más remotos del país. Tales son los argumentos de un servidor público, obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, cuya negligencia permite situaciones de sufrimiento a tantas víctimas.
El gobierno dominicano actual viene mostrando interés en mejorar la lucha contra la delincuencia en el país, especialmente aquellas que atentan contra los derechos humanos. El Presidente Luís Abinader ha sido muy enfático al decir que fortalecerá las estructuras encargadas de la persecución penal, como ha anunciado el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, a cargo de la Primera Dama Raquel Arbaje. La sociedad civil los felicita por su voluntad de luchar por los más vulnerables, ya que, sin un discurso claro y acciones prácticas, no será posible lograr una realidad donde la normalización del crimen ya no sea posible como los ejemplos reales que mencioné anteriormente.
Una de las medidas necesarias ya anunciadas por el presidente Abinader es la reforma de la Policía Nacional. Ya escribí hace unas semanas sobre este tema, que debe ser visto como una prioridad nacional, ya que tiene el poder de catalizar cambios importantes en la forma en que se capacita a los policías y, en consecuencia, en cómo deben actuar en su rutina de trabajo. Y este necesario cambio de comportamiento por parte de la policía incluye también la necesidad de adoptar una política que regule el uso progresivo de la fuerza, cuyos parámetros fueron establecidos por Naciones Unidas. Ya no es posible admitir que la primera reacción de un policía sea sacar su arma, como sucedió el trágico día en que la pareja de jóvenes pastores fue asesinada durante un incidente policial.
Otra medida fundamental para garantizar la sostenibilidad en el respeto de los derechos humanos en el país es el necesario fortalecimiento del Servicio Nacional de Representación Legal a los Derechos de las Víctimas (RELEVIC), que es una estructura del Ministerio Público dominicano cuya misión es garantizar una adecuada asistencia a las víctimas, proporcionando una representación judicial de calidad, que pueda enfrentar argumentos que busquen minimizar la gravedad del delito y el castigo legal para el imputado. La sede de RELEVIC cuenta con una buena estructura física, que ahora carece de los medios materiales y tecnológicos necesarios para que puedan ofrecer el servicio de calidad que demanda la sociedad. Alentamos al Ministerio Público a invertir lo necesario para que este servicio esté disponible con la efectividad necesaria, mientras felicitamos a la Procuraduría General de la República, por sus esfuerzos en el mejoramiento de esta institución pública.
Otra iniciativa del gobierno anunciada recientemente es la creación de un Plan de Seguridad Ciudadana, lo que también es una buena noticia. Dicho plan tiene la facultad de promover la integración de los organismos públicos involucrados, como la Policía Nacional, Ministerio Público, CONANI, CESTUR, Ministerio de la Mujer, entre otros. Recomendamos a los responsables asegurar la asignación de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros suficientes para la ejecución del referido plan, así como incluir en su alcance la lucha contra el delito de trata de personas, que, a pesar de la grave situación en la que se encuentra el país en esta materia, no fue considerada como punto de atención en el plan.
Pero lo más importante es identificar y determinar una fuente permanente de recursos para todas las instituciones mencionadas anteriormente, lo que les permitirá efectivamente planificar sus actividades, lo cual no es factible cuando no existen recursos.
Nos alegró mucho escuchar las palabras del Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX, Jatzel Román, quien ayer, 21 de abril, anunció el apoyo del gobierno al borrador de una nueva ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, además de la tarifa de 1 dólar que pagarán los turistas que visitan el país. Dichos recursos, según anunció el Viceministro durante un evento organizado por UNICEF y OIM, serán utilizados para combatir la trata de personas. Esperamos el envío del documento elaborado al Congreso Nacional, donde estamos seguros que habrá una aceptación plena de esta importante iniciativa.
Todas estas propuestas, tienen como objetivo salvar vidas. Y para que estas vidas se salven de la miseria, de la indigencia, del desprecio y de la violencia física, moral y emocional, es necesario que reconozcamos la compleja situación actual en la que vivimos hoy, y que decidamos, como país, hacer los cambios necesarios. Y tales cambios solo tendrán el efecto deseado si van acompañados de un cambio de mentalidad, que puede ser catalizado por campañas que busquen concienciar a la población y a sus autoridades de que cualquier violación de un derecho humano no puede ni será tolerada. Que la sociedad misma sea la que exija a sus gobernantes que pongan fin de inmediato al intento de normalizar la delincuencia o minimizar el sufrimiento de las víctimas.
Ha llegado el momento de actuar. Durante años hemos escuchado promesas de cambio, muchas veces materializadas en planes que no se llevan a cabo por la falta de interés del gobierno en cumplir con su obligación. Pero confiamos en que el cambio será el hito que todos esperábamos, y que a partir de ahora se darán pasos concretos y rápidos hacia un país en el que no hay posibilidad legal y moral de que un abogado o una autoridad pública se expresen de un modo tal como el que, increíblemente, escuchamos dentro de las instalaciones del poder judicial dominicano.
¡Esto no es normal!