Cuando la Fiscalía de Nueva York acusó de fraude inmobiliario a los directivos de una empresa de la que formarían parte o estarían vinculados supuestamente políticos y funcionarios dominicanos, a cargo uno de ellos, según informes de prensa no desmentidos, de los fondos de pensiones, no me pregunté acerca del silencio de cementerio que siguió al escándalo en el ámbito gubernamental, porque era pretender un milagro y siempre he intentado ser realista. Lo que no deja de sorprenderme es que los representantes del sector privado en el sistema de la seguridad social hicieran mutis y no le hayan pedido a quien tiene a su cargo la administración de loscasi 200 mil millones de pesos de los retiros de los trabajadores, una explicación siquiera.
Ya incluso se había publicado en Acento que esa empresa había sido obligada a devolver a dos personas el equivalente de 45 mil dólares, por incumplimiento de contrato en el mismo caso, sin ninguna otra sanción. No pretendo acusar ni juzgar a nadie por sus actuaciones y me sentiría muy feliz si acusaciones de esta naturaleza fueran falsas por lo que tales actuaciones significan para una sociedad como la nuestra. Pero tal vez ni el gobierno y el partido en el poder hayan aquilatado lo que representa para su propio crédito e imagen pública un funcionario y dirigente de tan alto nivel responsable de sus asuntos electorales envueltos en asuntos tan oscuros, sin tomar ninguna medida. Como tampoco entiendo que el sector privado, en un régimen tripartito, consiente con su silencio este tipo de actividad a alguien en esa posición, lo que pone en riesgo la confianza que muchos dominicanos tienen todavía en un sistema de seguridad sobrevalorado y tan costoso.
En fin, otra reflexión mediática la mía que se diluirá, confirmando así que la podredumbre alcanza a veces una categoría social que deja a quienes se le oponen en total desamparo y aislamiento.