Hasta en este país de lo insólito, la legislación sobre aborto aprobada recientemente por la Cámara Baja tendría que generar algunas interrogantes sobre el sistema político dominicano y sus dinámicas internas. Los diputados aprobaron únicamente la despenalización terapéutica y lo hicieron en la formulación más estrecha posible –muerte inminente de la mujer una vez agotados todos los esfuerzos por salvar el feto-, obviando otras causales que convencionalmente se incluyen en las despenalizaciones parciales que rigen en la mayoría de países latinoamericanos.
¿Cómo explicar que los diputados procedieran otra vez con este engendro, claramente contrario a la opinión de la ciudadanía y hasta del Presidente de la República, según consta en la observación que le hizo al referido Código en el 2014? Los hechos de los últimos días han demostrado que, tal como ocurrió en el 2009 durante la polémica pública sobre el artículo 30 de la Constitución (actual art. 37), y tal como ocurrió tras la aprobación de la reforma del Código Penal de noviembre del 2014, la opinión pública ha estado abrumadoramente a favor de la despenalización por causales. Exceptuando el liderazgo religioso ultraconservador y unos pocos de sus seguidores, prácticamente todos los sectores de la vida nacional se han pronunciado a favor de la despenalización por las causales originalmente propuestas, es decir, terapéutico, violación/incesto e inviabilidad fetal. Esto incluye a personalidades y sectores que se ubican claramente como conservadores dentro del espectro político nacional.
Porque es que la despenalización por causales es la posición conservadora. En otros países, este debate ha enfrentado a sectores liberales que proponen la despenalización total durante el primer trimestre y a sectores conservadores que proponen la despenalización por causales, generalmente más amplias que las consideradas aquí. Por ejemplo, no sólo se suele contemplar la protección de la vida, sino también de la salud de mujer, inclusive la salud mental; y no sólo se toma en cuenta la inviabilidad fetal, sino también la malformación congénita grave, como la microcefalia severa causada por el Zika. Con el país en medio de una emergencia sanitaria a causa de esta enfermedad, resulta inexcusable que los diputados ni siquiera hayan considerado la posibilidad de incluir este eximente en el Código.
Lo que se ha impuesto en la Cámara no es, pues, la posición conservadora, sino el extremismo demencial de una derecha religiosa tan obtusa que insiste en “defender la vida” prohibiendo el aborto terapéutico, los anticonceptivos y la educación sexual escolar. Ahora bien, ¿qué estarían pensando los diputados cuando se acogieron a la posición de estos fanáticos religiosos? ¿Será que después de la observación presidencial no les bajaron una línea clara al respecto? ¿O será que Danilo decidió que no valía la pena echar ese pleito con la Iglesia y se retiró del ruedo? A fin de cuentas, la situación de RD en el plano internacional no es la misma hoy que en noviembre del 2014, cuando el país llevaba un año en el ojo del huracán tras la desnacionalización masiva producida por la sentencia TC168-13 y el gobierno estaba tratando de rehabilitar su imagen, proyectándose como democrático y progresista ante la comunidad global.
Los eventos de las próximas semanas o meses en ambas cámaras nos darán las respuestas a algunas de estas interrogantes, pero por el momento resulta difícil imaginar que la legislación aprobada lo haya sido por decisión autónoma de los diputados. Primero porque esto significa asumir que el Congreso está compuesto mayoritariamente por gente de principios que vota de acuerdo a su conciencia, una noción que resulta absolutamente risible. Segundo porque implica que Danilo ha sido incapaz de obtener el apoyo –o más bien, la obediencia- de sus propios diputados y aliados, lo que tampoco es creíble visto que el Presidente ha contado con un Congreso gomígrafo cuantas veces ha querido.
Para hacer más complejo el asunto habría que explicar también el comportamiento de los diputados del PRM, el mismo partido que se vendió como la opción liberal en la recién concluida campaña y que incluyó la despenalización por causales en su propuesta electoral, para después rajarse a la hora de la verdad. ¿Qué es lo que lleva a toda esta gente a actuar de formas tan contradictorias e ilógicas? ¿Son realmente las iglesias el factor determinante, ejerciendo presión ya sea directamente sobre los congresistas o indirectamente sobre sus líderes? ¿Llegaron los líderes del PRM y del PLD a algún acuerdo pre-electoral con los jefes religiosos en relación a este tema o es que simplemente le temen a las consecuencias de un enfrentamiento con ellos?
Aún reconociendo que los políticos dominicanos le tienen miedo a la Iglesia y han demostrado poco coraje en la defensa de los intereses colectivos, el argumento religioso no resulta enteramente convincente en estos momentos, por varias razones. En primer lugar porque no estamos en período pre-electoral, cuando hipotéticamente las iglesias podrían hacerle más daño a los políticos desobedientes, sino todo lo contrario: son los recién ganados los que llevan ahora la ventaja sobre los eclesiásticos que estarán demandando sus favores incesantemente durante los próximos cuatro años.
En segundo lugar porque, después del papelazo que hizo la Iglesia en el 2010, los chantajes eclesiásticos no debieran meter tanto miedo –y si no, pregúntenle a la mayoría de los/las 32 valientes que votaron en contra del Art. 30 y luego ganaron cómodamente sus curules, a pesar de las amenazas vociferantes del Cardenal y los pasquines infames publicados en las parroquias. Hasta el diputado más obtuso tendría que haberse dado cuenta de que ya no estamos en la época de Láutico y que aquí no hay voto católico, como bien demostró el 0.31% de la votación presidencial lograda por el beato Pelegrín en las elecciones recién transcurridas.
En tercer lugar porque, ahora que la Iglesia inquisitorial de Benedicto y López Rodríguez supuestamente dio paso a la Iglesia más tolerante de Francisco, que en este año del Jubileo de la Misericordia hasta indultó a las mujeres católicas que han abortado, ¿no habría que esperar una actitud menos fanatizada de parte de las autoridades religiosas locales? El problema es que, como los eclesiásticos por lo general aplican sus artes persuasivas tras bastidores, no sabemos a cuáles expedientes han apelado, como tampoco sabemos cuáles han sido los cálculos políticos de Danilo, Abinader y sus bancadas respectivas en estas negociaciones, si las han habido. La falta de transparencia dificulta el análisis y complica la búsqueda de respuestas.
Pero quizás no haya que devanarse los sesos buscando explicaciones lógicas donde no las hay. A fin de cuentas fue el Partido Reformista, ese mismo, el que en la persona de Ito Bisonó se erigió en defensor de la vida en la Cámara Baja; y es Ramón Rogelio Genao, ese ícono de la ética política, el que ahora nos da cátedras sobre la supuesta inconstitucionalidad de la despenalización parcial. Una no sabe si reír o llorar.