Argentina abrió fuego en el otro frente en su guerra sin cuartel a los “fondos buitres”: el político en el mismo seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Ámbito Financiero, en su enlace del martes 9 de septiembre, http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=757561, informa que: “Aprueba la ONU convención sobre la deuda soberana”.
Dice la nota de prensa: “La creación de una nueva Convención para el tratamiento de deuda de países es una iniciativa argentina que cuenta con el respaldo del G-77, un grupo conformado por 133 países más China. El G-77 determinó de manera unánime elevar al ámbito de las Naciones Unidas el debate sobre la deuda y la creación de una nueva Convención para el tratamiento de los pasivos de países, un tópico que históricamente había sido delegado por los países al ámbito de los organismos como el Fondo Monetario Internacional.”
Completa el reporte diciendo que “Se votará una resolución sobre la necesidad de crear dicho marco, sobre la pauta inicial de que el nuevo esquema estaría creado en el lapso de un año. La Argentina presentaría su propuesta concreta antes de fin de año, y el proyecto oficial plantea que si un país reestructura su deuda, y ese plan es aceptado por el 66 por ciento de los tenedores de bonos, el otro 33 por ciento debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso de reestructuración del ámbito comercial.”
Por el otro lado, Baltasar Garzón se enlista en estos argumentos, ya que en Página 12, informa en el enlace de su edición electrónica http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-254780-2014-09-08.html su posición a favor de la declaratoria como crímenes de “lesa humanidad” los delitos económicos y financieros con la siguiente argumentación: “El concepto de lesa humanidad ha evolucionado desde que se comenzó a formular en Núremberg. Ya allí se tuvieron en cuenta los aspectos económicos, no sólo del aprovechamiento sino también del desarrollo que había dado lugar al nazismo, pero por razones estrictamente políticas y económicas se dejaron de lado. Lo que ahora se está poniendo de manifiesto es que, en el fondo, esos hechos que afectaron a millones de personas acompañaron o estuvieron acompañados de determinadas estructuras económicas y financieras y no hay, aún, normativa alguna que proteja a los ciudadanos de esas consecuencias, ni sanciones que castiguen a las personas responsables de esas estructuras. Tenemos que avanzar en este proceso de reconocer como crímenes contra la humanidad no sólo a los casos clásicos de tortura, esclavitud y desaparición forzada, sino a otros muy actuales: delitos económicos que afecten de manera grave y generalizada los derechos de una comunidad, como la explotación ilícita de los recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia de un grupo de personas; los fraudes alimentarios, la especulación sobre los precios de productos de primera necesidad de los que dependan la supervivencia o la salud de la población, la explotación laboral de menores, el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional o la desviación ilícita de fondos aprobados para paliar catástrofes humanitarias, por ejemplo.”
Vale preguntarse, ¿Estará República Dominicana entre los 77? Si es así, estamos en el mismo barco. Si no, entonces, ¿dónde estaremos? Porque nos enfrentamos al viejo dilema entre el Estado y el Mercado, ya que el miércoles de madrugada, la Cámara de Diputados hizo Ley el proyecto que obvia el pago en jurisdicciones de la justicia norteamericana, como lo informa Ámbito Financiero en su enlace electrónico (http://www.ambito.com/noticia.asp?id=757993).