El pasado miércoles 13 de abril de 2016, Román Jáquez Liranzo denunció que en nuestro país existe una falta de compromiso público con la investigación y la innovación tecnológica. En su artículo “la innovación en RD: un recorrido poco alentador y sin valor agregado”, éste afirma que “los Estados como el nuestro no se enfocan en lo que el Banco Mundial llama economía del conocimiento que es aquella que utiliza el conocimiento como motor básico del crecimiento económico”, por lo que estos Estados no son capaces de generar productos sofisticados, con valor agregado, que puedan ser utilizados por los agentes económicos para crear nuevos métodos de producción y distribución en los mercados.
El problema recae en que la actividad de innovación, desarrollo e investigación tecnológica es vista como una responsabilidad directa de las empresas y las instituciones privadas, por lo que el Estado asume un rol meramente regulatorio a fin de enfrentar las fallas o distorsiones del mercado. Por tanto, el papel del Estado como regulador queda limitado a la construcción de un espacio público en el cual los agentes privados puedan desarrollarse en libre competencia, con igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad, sin que el Estado deba realizar inversiones arriesgadas e inciertas para fomentar la innovación.
El papel inactivo que ha tenido el Estado en la inversión de nuevas tecnologías y en la creación de nuevos mercados es lo que en definitiva ha estancado la innovación en nuestro país. Con esto no queremos decir que debemos retornar al modelo del Estado prestacional y mucho menos que se debe limitar la participación privada en los sectores económicos, sino todo lo contrario, el Estado debe incentivar a los agentes económicos para la creación de nuevos métodos de producción y distribución, pues éstos no lo van hacer por sí solos. Estos incentivos no deben recaer simplemente en subsidios o exenciones fiscales para la creación de nuevas empresas, sino que el Estado debe fungir como promotor de la innovación a través de la inversión en nuevas tecnologías y en áreas que necesitan ser modernizadas.
En síntesis, es necesario que el Estado asuma el compromiso de desarrollar tecnologías novedosas que sirvan de soporte para las empresas e instituciones privadas. En palabras de la economista Mariana Mazzucato, primera mujer en dictar la Cátedra Prebisch en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “el Estado no es mero corrector de las fallas de mercado, sino que es también creador de riqueza y motor de la innovación”. De modo que debemos pensar en un nuevo modelo de Estado que no solo garantice la libre competencia en los mercados, sino que asuma un rol proactivo en el desarrollo de productos que estén en fases tempranas. Para Mazzucato se requiere de un Estado emprendedor que se haga cargo de las inversiones más arriesgadas de la económica.
En efecto, no se trata simplemente de que el Estado asigne más recursos económicos para financiar proyectos de investigación e innovación en las universidades y los centros privados a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), sino que el Estado debe asumir riesgos en sectores donde los agentes privados no están dispuestos a invertir. En otras palabras, el Estado no debe ceder la innovación e investigación tecnológica solamente en manos de las empresas e instituciones privadas, sino que éste debe fungir como un promotor directo de la innovación a través de la creación de nuevos mercados, el Estado debe servir de ejemplo para los agentes económicos.
En su libro “The Entrepreneurial State”, la economista Mazzucato explica como Steve Jobs, cofundador de Apple, invirtió menos recursos en investigación y desarrollo (I+D) que otras industrias tecnologías porque partió de las investigaciones que previamente había realizado los Estados Unidos para desarrollar su carrera especial. En efecto, ésta afirma que las raíces del Ipad provienen del financiamiento público de la exploración espacial estadounidense: “Steve Jobs y su equipo pusieron todo ese conocimiento, –refiriéndose a las investigaciones realizadas por el Estado-, en un formato cool. Y por supuesto que el diseño que le dieron es fundamental para el éxito comercial del Ipad” (ver: “la economista Mariana Mazzucato trae de regreso el Estado emprendedor”). A esto se le suma el hecho de que la financiación inicial de Apple vino de la empresa pública norteamericana Small Business Investment Company (SBIR). Pero Steve Jobs y el sector informático no son los únicos que se han beneficiado de las investigaciones públicas, sino que Mazzucato observa que el 75% de las nuevas empresas farmacéuticas retrotraen su investigación a laboratorios del National Institutes of Health (NIH) y a la National Nanotechnology Initiative (NNI), los cuales están financiados por el sector público.
Estos ejemplos demuestran como la iniciativa pública puede generar una transformación en los sectores económicos, por lo que el Estado debe guiar a las empresas hacia la innovación. Y es que, como bien nos explica Jáquez Liranzo, “las Instituciones de Educación Superior (IES) promueven la investigación y la innovación como actividades determinantes de su competitividad” y, por otro lado, las empresas no están dispuestas a asumir los costos asociados a la innovación de nuevos productos y mercados. Por esto, recae en el Estado la responsabilidad de invertir en nuevas tecnologías para impulsar a una transformación de los métodos de producción. En otras palabras, el Estado debe mostrar el camino por el cual debe transitar el sector privado en materia de innovación, pues las empresas y las instituciones privadas están enfocadas en maximizar su competitividad en los distintos sectores.
Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cómo promover la innovación desde el sector público? El Estado emprendedor no es un productor de bienes y servicios, sino que es un promotor de la innovación y la productividad. En el ejemplo anterior, el Estado no invirtió en la creación del Ipad, sino que tratando de cumplir con unos de sus principales objetivos –enviar a un hombre a la luna- realizó investigaciones e innovaciones tecnológicas que permitieron a Steve Jobs crear el Ipad. Otro ejemplo que nos plantea la economista Mazzucato es el reciclado del acero en Alemania. Ésta afirma que el cambio de enfoque en el reciclaje del acero más que en su producción “se derivó de la inversión del Estado en energías renovables. Es decir, es la búsqueda de tecnologías limpias lo que llevó a replantarse la forma de producir acero y ha introducido cambios en muchas otras industrias. Esto demuestra cómo la misión asumida por el Estado de realizar investigación de energías renovables, puede activar otros sectores”.
En nuestro país existen sectores que requieren de una inversión directa del Estado para su modernización. En efecto, la misión de la República Dominicana aún no recae en sectores tan complejos como la carrera espacial o la nanotecnología, -esto no quiere decir que el Estado no tenga la capacidad para desarrollarlos-, sino que existen sectores más sensibles que requieren de una innovación más apremiante del Estado, por ejemplo, las infraestructuras utilizadas para el tratamiento y distribución del agua potable, el sector transporte en todas sus modalidades, la inversión en energía renovable, el proceso de reciclaje de los desechos sólidos, el acceso gratuito a internet, entre otros. Una actuación proactiva del Estado en la configuración de nuevos sectores, asumiendo las inversiones arriesgadas e inciertas de la economía, es una manera de fomentar la innovación e investigación de las empresas desde el sector público.
En ese sentido, es evidente que la innovación debe ser promovida por el Estado a través de la inversión en nuevas tecnologías y en la creación de nuevos mercados, pues es una forma de creación de riquezas y, sobre todo, de crecimiento económico. Por ejemplo, el sector agua no solo carece de regulación, sino que requiere de una inversión del Estado en nuevas formas de tratamiento y distribución para incentivar la participación privada. Ahora bien, es oportuno recordar que la innovación es un proceso colectivo, por lo que requiere de la intervención tanto del sector público como el sector privado. De manera que el modelo de estado emprendedor no busca reemplazar a las empresas, sino más bien servir como propulsor de los nuevos cambios tecnológicos.