A raíz de la desaparición de las últimas dictaduras en Latinoamérica, surge con los movimientos reformadores la necesidad de reconocer el pluralismo, político y social, las libertades fundamentales, y la propia laicidad del Estado, cuestiones que aún hoy continúan siendo sacrificadas por los abusos de poder y la tolerada intromisión de la iglesia en los asuntos de Estado.

No obstante, definitivamente que entre los avances más legítimos de nuestras todavía jóvenes democracias está el de la separación entre Iglesia y Estado, aunque todavía muchos países mantengan una fuerte tradición religiosa que se resiste a entender y aceptar dicha separación.

Esta nefasta intromisión de la iglesia en lo público provoca que las llamadas poblaciones vulnerables, como es el caso de las mujeres, quienes fueron perseguidas durante siglos por cuestionamientos religiosos a prácticas personales, sigan siéndolo.

No debe olvidarse que  la concepción moderna de Estado se fundamenta en su función de entidad abstracta que articula las diferentes particularidades que componen la sociedad, siendo todas iguales frente a la ley. Ello permite que cualquier grupo social esté en condiciones de participar en la cosa pública. Por el contrario, cuando un Estado asume como suyo un dogma religioso, sea cual fuere, pone en riesgo los derechos fundamentales de los otros que no comparten esa visión del mundo. Pasan a ser literalmente los otros a los que hay que segregar o perseguir.

Aún y cuando el Estado reconozca la libertad de culto, una religión “oficial” genera un desequilibrio indeseado en las relaciones de poder, porque usualmente el oficialismo viene acompañado de una serie de prerrogativas como la exención de impuestos, o hasta el derecho de incidir en la formulación de las políticas públicas.

Es que el Estado laico es una condición sine qua non para el ejercicio de la ciudadanía. Para el funcionamiento de la democracia misma. Y esto tiene un impacto en todos los aspectos sociales, sobre todo en la educación, pues es uno de los elementos a través de los cuales se forma la estructura ideológica del individuo.

Hasta hace poco, por ejemplo, la iglesia se oponía a que se enseñara educación sexual en las escuelas públicas, a pesar de ser de los países de la región con una de las tasas más altas de embarazo adolescente, por considerar que esta enseñanza promueve el libertinaje sexual en los jóvenes.

Ni qué decir de la injerencia de la iglesia en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos fundamentales que jamás debieran ser violentados en una sociedad democrática y pluralista. El caso reciente de Esperanza es un ejemplo vivo de las consecuencias, incluso mortales, de la intolerancia de la iglesia y de la indiferencia e incapacidad del Estado dominicano en garantizar efectivamente la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanas, religiosas y no religiosas.

En definitiva, toda y todo ciudadano comprometido con la democracia, sin importar su preferencia religiosa, debe por tanto comprometerse con la lucha por la construcción de un Estado que promueva la igualdad, en la diferencia, y que permita por tanto el desarrollo pleno e integral de sus ciudadanos/as para el ejercicio de ciudadanía. Bajo el estado actual de las cosas, todavía no nos es posible.