La enfermedad del COVID-19 ha cambiado al mundo por completo. A día de hoy, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 77 millones de personas han contraído la enfermedad y más de 1.7 millones de personas han sido reportadas fallecidas. El 1 de marzo del presente año, el Ministerio de Salud Pública reportaba el primer caso conocido de dicha enfermedad en nuestro suelo. En ese entonces, el gobierno dominicano tardó 2 semanas en suspender vuelos desde Europa, China e Irán como medida preventiva para el esparcimiento de la enfermedad. El 20 de marzo, luego de solicitarle al Congreso Nacional, el ex-presidente de la República declaró el estado de emergencia a través del Decreto 134-20. Luego, por medio del Decreto 135-20, el ex-presidente estableció “un toque de queda”. Dicho toque de queda sería considerado unas semanas más tarde por el gobierno dominicano como “una medida crucial” para el plan de reapertura de la economía dominicana. 8 meses después, bajo un gobierno nuevo y un congreso en su vasta mayoría totalmente diferente, ni el estado de emergencia ni el toque de queda han cesado.
Desde antes de tomar el poder el 16 de Agosto, el ahora gobierno liderado por el presidente Luis Abinader, había hecho una de sus prioridades el combate contra la COVID-19. Esto quedó demostrado entre otras cosas, con la designación de un Gabinete de Salud. A pesar del arduo trabajo y continuar con el plan de re-apertura económica incluyendo el relanzamiento del turismo (interno y externo), las medidas tomadas por el gobierno dominicano en otros aspectos han sido similares a las medidas no solo del gobierno anterior, sino también de muchos gobiernos extranjeros.
Sin duda alguna, la enfermedad del COVID-19 ha creado una crisis sanitaria y económica. Pero peor aún, la misma está causando una crisis democrática. Hay quienes alegan que debido a la enfermedad, se ha pasado de un sistema de “democracia como modo de gobierno” a lo que Carl Schmitt llamaría un “estado de excepción” donde el mismo es deseado y aprobado por las personas.
Los ministerios, gabinetes, comisiones, veedurías y demás deben ayudar al jefe de gobierno proponiendo soluciones que tomen en cuenta la realidad del pueblo dominicano (salud, finanzas, transporte, etc.)
La República Dominicana, a diferencia de varios países Europeos, tiene un sistema presidencialista. La Constitución de la República (CRD) otorga al presidente, entre sus funciones como Jefe de Estado, siempre y cuando el Congreso Nacional no estuviese reunido “declarar los estados de excepción” (entre ellos el estado de emergencia). En un Estado social y democrático de Derecho, dicho sistema no implica que el presidente, quien lidera el poder ejecutivo, sea quien tenga la potestad de unilateralmente decidir todo.
Según Schmitt “el soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción”. La CRD establece de manera clara en su Artículo 2 que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Del pueblo emanan todos sus poderes. El pueblo ejerce su poder a través de representantes (o también en forma directa, en los términos que establecen la CRD y demás leyes). Una de las maneras en la que el pueblo delega su poder es a través de elecciones. El proceso de sufragio no solo brinda legitimidad al presidente sino también a los miembros del congreso. Como diría el politólogo Wolfgang Merkel, en una democracia el pueblo es el soberano de primer orden, seguido por el congreso y luego por el poder ejecutivo. Aún cuando el profesor Merkel parte en su análisis de un sistema parlamentario (donde el parlamento elige al jefe de gobierno) se puede argumentar que aún en un sistema presidencialista como el nuestro, el congreso sería el soberano de segundo rango por encima del poder ejecutivo. Esto porque en principio, la CRD le otorga en su artículo 93.1.e como facultad “autorizar al Presidente el declarar los estados de excepción”. Dicho lo anterior, quisiera dirigirme a los actores secundarios que han tomado las riendas durante esta crisis.
El Congreso – Ponche sin hacer “swing”.
En 1956 el antiguo ministro de interior de la República Federal de Alemania por el partido CDU, Gerard Schöeder (no debe ser confundido con el ex-canciller federal de mismo nombre por el partido SPD) dijo que el estado de emergencia era la hora de actuar del (poder) ejecutivo. No importa donde se busque durante esta pandemia, podemos ver que el poder ejecutivo ha tomado un rol principal para combatir la misma. Los miembros de parlamento/congresos han sido flexibles a la hora de permitirle al poder ejecutivo limitar derechos fundamentales con el fin de salvaguardar el interés nacional. Aunque posiblemente las primeras medidas durante la pandemia hayan sido necesarias, los parlamentos y congresos, como soberanos de segundo orden, han demostrado debilidad al momento de enfrentar la crisis. El congreso dominicano no ha sido ajeno a semejante decepción. En términos coloquiales del béisbol se podría decir que el congreso (tanto el anterior que daba preferencia a su reelección por encima de la salud del pueblo y el actual que todavía no termina de ponerse de pie) se ha ponchado sin hacerle “swing” al lanzamiento. 8 meses después el congreso ha dicho que sí a todas las peticiones para extender el estado de emergencia. Aunque el partido de gobierno y sus aliados tienen mayoría en el congreso, la CRD en su artículo 4 establece el principio de separación de poderes. Todos los miembros del congreso deben velar por el bien del pueblo quien es el verdadero soberano y quien les da la oportunidad para gobernar. No quiero decir que el estado de emergencia no fuese o sea necesario. Lo que debe ser es que el congreso, tanto la mayoría como la minoría (cuyo enfoque aparentemente está en cubrirse de las supuestas fechorías que sus compañeros de partido hicieron durante los últimos 16 años), proceda a debatir y a proponer ideas de cómo garantizar que derechos fundamentales del pueblo no sigan estando suspendidos por tan largo tiempo. El congreso debe hacer más énfasis en soluciones que ayuden al bienestar de quien lo eligió y ayudar así al poder ejecutivo a formar un plan que ayude a la recuperación de la economía y permita agregar calidad de vida a una sociedad hastiada con medidas bastante fáciles de implementar. Los partidos de oposición hasta el momento tampoco han aportado mucho a la conversación. Sólo con verdaderos debates y propuestas, podrá el congreso reivindicar su valor ante la sociedad dominicana y aportar al fortalecimiento de la democracia. Ojo, no se necesita un “tranque” en el congreso, sino un debate que fortalezca la democracia.
El Poder Ejecutivo – Un toque de… atención.
El poder ejecutivo ha sido el actor principal durante la pandemia. Basta con una simple mayoría en un parlamento o congreso para decretar un estado de emergencia y limitar derechos básicos para todos los ciudadanos. Esto obviamente, para el bienestar general de todos los afectados. En nuestro país el poder ejecutivo ha intentado a través de comisiones especiales, gabinetes y políticas públicas frenar la pandemia. El gobierno ha decidido expandir sus ayudas sociales al pueblo y relanzar el turismo. A partir del 16 de Agosto se podría alegar que ha intentado enfrentar de manera sincera y con esfuerzo la pandemia para proteger a los ciudadanos, y hacer posible una vuelta a la normalidad que todos conocemos lo más pronto posible. Sin embargo, las consecuencias de mantener el país abierto al turismo (por razones más que entendibles) y el desgaste que la pandemia ha producido al soberano pueblo, le exige al ejecutivo a ser muy cuidadoso a la hora de actuar. El soberano lentamente pierde la paciencia y exige nuevas medidas para enfrentar la crisis. Si el pueblo observa un trato desigual por parte de quien les dicta lo que deben hacer, el cansancio junto al dolor y los daños causados por parte de la pandemia, podrían contribuir a una falta de respaldo del soberano de primer orden.
Por ende, la comunicación y la manera de actuar del gobierno debe ser apegada y coherente con las medidas que se establezcan para el pueblo. Los ministerios, gabinetes, comisiones, veedurías y demás deben ayudar al jefe de gobierno proponiendo soluciones que tomen en cuenta la realidad del pueblo dominicano (salud, finanzas, transporte, etc.). Deben de buscarse soluciones hechas a la medida de la República Dominicana, observando los pros y contras de medidas tomadas en otros países.
Estoy seguro que más pronto que tarde saldremos hacia adelante como nación. No solo hay que superar la pandemia y la crisis económica. Hay que fortalecer la democracia dominicana, que todavía está en estado grave tras el asalto durante los últimos 16 años. Clave para dicho fortalecimiento será la justicia dominicana. Al ser esta última independiente, deberá seguir anteponiendo la protección de los derechos fundamentales por encima de las voluntades individuales.