La presión del mercado hacia la economía ibérica hace que toda decisión que se ha tomado hasta ahora pareciera insuficiente. La semana pasada el poder ejecutivo aprobó el nuevo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, teniendo como eje principal la austeridad estatal, incluyendo un fuerte recorte del 16.9% en las cuentas de los ministerios quedando en 65.800 millones de euros para concertar más de 27.300 millones por la vía de los gastos y de los ingresos. Pero pareciera que este esfuerzo es insuficiente, el gobierno aprobó un nuevo recorte adicional de 10.000 millones de euros en el renglón de educación y sanidad.
Este nuevo recorte de 10.000 millones de euros, suponen una reducción de 3.000 millones de euros (21.2%) para Educación y 7.000 millones de euros (13.7%) para Sanidad. Esta medida será posible a través de una mayor racionalización, supresión de duplicidades y mejora de la eficiencia en el área de trabajo. Esta nueva reforma va enfocada a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la facultad legal para llevarlas a término.
Como contraparte en el sector financiero, el gobierno ha decido vender su participación en Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia; y así avanzar en la consolidación de este sector, que ha sido fuertemente golpeado por la crisis económica.
Gracias a la continua inyección masiva de liquidez de parte del Banco Central Europeo hacia las economías en problemas, este ha logrado brindar un poco de oxigeno en el corto plazo calmando al ansioso mercado, pero no ofrece una solución definitiva el perenne problema de la deuda y de la estabilidad de la moneda comunitaria.
En los pocos más de cien días de gobierno de Mariano Rajoy, el saldo a la fecha: huelgas generales, nuevos presupuestos, amnistía fiscal, prima de riesgo superior a los 400 puntos e incesantes críticas del PSOE. España tiene la responsabilidad ante sus compartes europeos de reducir el déficit público al 3% del Producto Interno Bruto. Asimismo, reducir el desequilibrio de las Comunidades Autónomas al 1.5% del Producto Interno Bruto para este 2012.
Pero aún después de todo este esfuerzo de parte del nuevo ejecutivo, la situación no luce nada halagüeña: el ratio de deuda respecto al PIB supera el 50%, el precio de la vivienda sigue en caída libre superando el 15%, continuo aumento del nivel de impago en el sector inmobiliario, desempleo rampante, mercado poco competitivo, fuerte endeudamiento y poca voluntad de la Unión Europea para hacer frente al delicado escenario español.
España tiene una tarea titánica ante la imperante desconfianza de los agentes económicos sobre la capacidad del país para combinar los recortes presupuestarios con la recuperación financiera.