El espacio público es un territorio o enclave de la ciudad dentro del dominio público de las Administraciones Públicas centrales y locales, es decir, se trata de un bien de titularidad pública destinado al uso y disfrute de todas las personas. Estos espacios son parte del conjunto de las prestaciones que brindan las administraciones públicas para el mejor provecho de las personas.
En el espacio público encontramos las calles, las aceras, las autopistas, las carreteras, los parques, las plazas, los jardines municipales y todos aquellos lugares cuyo titular sea el Estado y esté afectado a un interés público, como los centros culturales o comunitarios, los cementerios, las canchas de baloncesto, los estadios, etc.
Ahora bien, hablar de espacio público implica darle un alcance que sobrepasa la definición estrictamente jurídica. El espacio público es el lugar común de las personas en los centros urbanos, es donde escriben sus historias, donde comparten sus alegrías y penas.
El espacio público es el punto de encuentro de las amistades y los desconocidos, el territorio donde convergen los más plurales intereses y desde donde se fiscaliza la calidad de la democracia. Es en el espacio público donde la gente deja su huella y se logran identificar con el entorno que les rodea, generando el sentimiento de pertinencia colectiva.
Por eso, parte de las políticas municipales deben dirigirse a recuperar el espacio público, a fomentar su uso y a crear nuevos espacios para mejorar la calidad de vida de las personas. Cada espacio público es capaz de contar o crear una historia; pero también de hacer honor a una historia, a algún personaje ilustre o a un entorno natural. Por eso se decide nombrar calles, avenidas, parques, aeropuertos, centros comunitarios en honora alguien cuyo accionar comulga con los principios y valores democráticos enarbolados en la Constitución.
Efectivamente, el espacio público sirve para crear o decir verdades, ocultar el pasado y desaparecer la memoria colectiva de hechos y acontecimientos históricos que marcaron a la sociedad. Cientos de calles en Santo Domingo tienen nombres foráneos o en honor a esbirros de las distintas dictaduras que hemos padecidos, con lo cual se falsea la historia y se borra la memoria.
Recientemente, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional desgraciadamente aprobó nombrar el parque Mirador Sur, para mí, más simbólico de Santo Domingo, como “Parque Mirador Sur Joaquín Balaguer”, esto es, en honor a un fatídico personaje autoritario que encabezó la dictadura de los doce años (1966-1978) en la que toda una generación de jóvenes fue vencida, exiliada, asesinada o comprada.
Los regidores del Distrito Nacional no se conforman con que una plaza aledaña al parque ya se llame en honor al presidente títere favorito de Trujillo, sino que hay que ponerlo al parque completo y con ello, seguir rindiendo honor a quien a sangre y fuego gobernó el país e impidió el avance democrático en el país.
Joaquín Balaguer no representa de ningún modo los valores y principios democráticos establecidos en la Constitución. Este infausto personaje en cuyo régimen asesinaron periodistas y tenía cercenada la opinión pública, no era un demócrata ni tampoco un luchador por garantizar las condiciones políticas, económicas y sociales mínimas que implica la dignidad humana.
El argumento de que fue su ideólogo o quien ordenó su construcción no justifica nombrar espacios públicos en su honor, pues de lo contrario tenemos que llamar al Centro de los Héroes como le llamó Trujillo, La Feria. Las generaciones presentes y futuras que disfrutan de los espacios públicos tienen derecho a la verdad histórica y a que sus espacios públicos no sean nombrados en honor a asesinos ni dictadores. Es una obligación de quienes creemos en la democracia de evitar que sigan rindiendo homenaje a personas que deben estar en los libros de historia solo para recordar sus horrores.