La República Dominicana se encuentra a las puertas de iniciar un nuevo periodo gubernamental, el cual está rodeado de grandes expectativas y con la esperanza de que las nuevas autoridades continúen haciendo lo que esta bien, corrijan lo que esta mal y hagan lo que nunca se ha hecho en beneficio de toda la sociedad.
Ante esta nueva etapa, donde los sueños se perciben con mayor realidad y donde el anhelo de una mejor nación brota por la piel de los amantes de la Patria, se hace impostergable la adecuación del escenario en donde serán implementados dichos cambios con el objetivo, “de que se pueda orientar el marco de referencia espacial necesario para las distintas actividades humanas” (PNODT / El Salvador).
Orientar el escenario en donde se esperan recibir una mayor cantidad de turistas, allí donde se desarrollará un nuevo sistema movilidad urbana; adecuar esos emplazamientos en donde se localizarán las nuevas soluciones habitacionales para los próximos años y garantizar la sostenibilidad tanto de nuestros recursos naturales como de las actividades que desarrollan tanto las presentes como las futuras generaciones, son parte de las acciones que deben realizarse a través de un proceso de ordenamiento del territorio, el cual debe producirse de manera integrada con cada uno de los proyectos sectoriales que impulsarán el verdadero cambio.
Para alcanzar este objetivo la Constitución de la República Dominicana promulgada en el año 2010, señala en el Titulo IX. (Del Ordenamiento del Territorio y la Administración Local), Capitulo I. (De la Organización del Territorio), Articulo 194, que la formulación y ejecución, mediante ley, de un Plan de Ordenamiento Territorial es prioridad del Estado.
Partiendo de esta premisa constitucional la recién aprobada Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 plantea el fortalecimiento de las capacidades de la planificación del ordenamiento territorial en todos los niveles de la administración pública. Esta ley indica que debe ser diseñado e implementado un Plan de Ordenamiento Territorial y de igual forma incorpora la cohesión territorial dentro del paquete de las políticas transversales necesarias para el diseño y la gestión de las políticas públicas.
A nivel local una serie de instituciones como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de Desarrollo Humano (ODH) y otras entidades de la sociedad civil han producido documentos que reflexionan en cuanto a la necesidad de un marco jurídico para abordar el tema del ordenamiento territorial que derive en elementos capaces de gestionar los procesos que se presentan en el territorio.
En términos regionales el tema del ordenamiento territorial es una de las prioridades de los gobiernos del área, los cuales se encuentran inmersos en la producción y revisión de las herramientas necesarias para conducir estos procesos territoriales a través de estrategias integrales, tal y como la que se esta desarrollando a través del “Proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en Centroamérica y República Dominicana ODETCA” con la participación de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), lo cual permitirá conocer las experiencias de nuestros vecinos en los temas vinculados al ordenamiento del territorio y al mismo tiempo reforzar las redes de comunicación que permitirán a todos los Estados miembros a contribuir en el fortalecimiento del tema tanto a nivel regional como local.
Se avecinan tiempos de cambio en nuestro país, para los cuales necesitamos construir escenarios que puedan albergar estos cambio. El territorio como el escenario en donde se aplicarán las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales requiere de una técnica tanto administrativa, como política con un enfoque interdisciplinario, con el objetivo de propiciar el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio (Carta de Ordenación del Territorio, Naciones Unidas).