Ayer, el gobierno definió la política que evitaría la prolongación de la crisis del sector turismo. La decisión oficial se apoya en que el turismo representa el 15% del producto interno bruto (PIB) y que su contracción ha generado pérdidas de divisas del orden de los US$2,500 millones, pérdida de 150,000 empleos directos y 300,000 indirectos, aunque el ministro no precisó el año de las cifras ni la fuente de esa información (Diario Libre, miércoles 26 de agosto, 2020, página 4).
Para recuperar la economía dominicana las políticas públicas deben enfocarse en aquellos sectores productivos que tengan fuertes demandas intersectoriales domésticas, para asegurar que el esfuerzo fiscal tenga un amplio efecto multiplicador en otros sectores de la economía que permita el crecimiento económico. El sector turismo no tiene esta característica.
Según las cifras del Banco Central (BC), la participación del sector turismo en la economía dominicana fue de 7.1% del PIB durante el primer trimestre del 2020 y desde el año 2010 hasta la fecha ese sector no ha superado el 8% de participación en el PIB. Transparentar las cifras es el primer paso para elaborar una estrategia que reanime el sector turismo sin sacrificar el gasto público.
La vuelta a la normalidad se plantea profundizando las exenciones impositivas, flexibilizando las obligaciones impositivas de los empresarios del sector y que el gobierno invierta US$28.0 millones en la promoción del sector. Pareciera que no se tuvo en cuenta el alto desempleo y la pérdida de ingresos de los ciudadanos en los Estados Unidos y Europa, además de que la decisión de vacacionar depende enteramente del turista. En otras palabras, la demanda de ese servicio es muy pequeña actualmente y seguirá siéndolo hasta que sea seguro vacacionar.
Según la matriz de Insumo-Producto del BC, el sector turismo tiene escasa relación intersectorial con el sector agrícola, productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, productos químicos, para sólo mencionar algunos. Por consiguiente, el esfuerzo público en iniciar la recuperación del sector turismo sin tener en cuenta sus relaciones con los demás sectores de la economía, podría generar algunos dólares, pero no tendría los efectos económicos que se esperan y el uso eficiente de los recursos públicos sería cuestionado. En otras palabras, la política económica debe tener el sentido de totalidad del aparato productivo para evitar inconsistencias.
La estrategia debiera estar dirigida a recuperar a toda la economía dominicana. Como la economía mundial está en recesión, el rescate de la economía dominicana pasa por reactivar la producción interna para el mercado interno. Se debe iniciar con todos aquellos sectores de la economía que tienen una intensa demanda y oferta intersectorial; y en ese proceso, ayudar a aquellos sectores que tienen una demanda intermedia doméstica débil a vincularse con la economía nacional.
Asimismo, el gobierno debe incentivar a las firmas que tienen procesos productivos con elevado componente de materias primas importadas, a sustituirlas por materias primas similares de origen interno (en cantidad y calidad). En el caso de que no tengan la calidad que los productores demandan, el Ministerio de Industria y Comercio y/o el Consejo Nacional de Competitividad deben invertir conjuntamente con el sector privado para mejorar la calidad de la producción de esas materias primas: innovar.
Evitar en la medida de lo posible las importaciones de bienes que se pueden producir internamente, es decir proteger al productor local. El país tiene un déficit de cuenta corriente producido básicamente por el déficit en la balanza comercial de aproximadamente US$9,000 millones en el 2019; este balance negativo obliga al gobierno a endeudarse para financiarlo. Si la producción local sustituyera la totalidad o una proporción importante de los bienes que hoy se importan, es posible reducir el déficit de la balanza corriente y por consiguiente la deuda pública.
Un plan de recuperación de la economía nacional implica además resolver las deficiencias del alto costo del transporte de carga y su estructura monopólica que encarecen los demás bienes y no contribuye a la competitividad de la producción local.
Asimismo, la política económica del gobierno no debe dirigirse al sector privado que ha abrazado a todos los gobiernos, sino que debe incluir a todos los dominicanos, garantizando un salario real que al menos iguale la productividad, un menor desempleo, una reducción de la pobreza (no con las dádivas gubernamentales sino con mejores ingresos), una reducción significativa de la desigualdad y la eliminación de la oprobiosa riqueza que prohijó el PLD para beneficio de sus funcionarios (corrupción) y de algunos empresarios que le acompañaron.
Las exenciones no resuelven el problema de producir más y mejor para el mercado interno. Han pasado más de cinco de décadas de continuas exenciones fiscales que hoy llegan a casi 7% del PIB, apoyadas por un desfile de leyes y contratos que han hecho parasitar a una parte del sector privado alrededor de los gobiernos y políticos en lugar de ocuparse en mejorar la productividad e incluir progreso técnico en sus firmas.
Llegó el momento de inaugurar una nueva era de la relación entre el gobierno y el sector empresarial dominicano. La época de exprimir a los gobiernos con exenciones, APPs, fideicomisos, contratos que se firman sin leer en el Congreso debe terminar. Ahora se trata de establecer una relación más productiva y beneficiosa para todos los dominicanos, con un gobierno que facilite la innovación y el progreso técnico y una sociedad civil que exija a sus líderes políticos y al gobierno una dinámica económica que modernice la relación estado-sector privado y que proteja las libertades democráticas.
El gobierno debe invertir en ciencia básica e incentivar a que los resultados sean puestos al servicio de la innovación de las firmas dominicanas. Por su parte, los incentivos fiscales deben intercambiarse por la aprobación de licencias, innovación y nuevos aprendizajes; el dinero del erario debe tener un valor de cambio.
Es hora de un liderazgo político nuevo, innovador, con una visión distinta del desarrollo y de las prácticas democráticas, que abandone la bochornosa política del favoritismo de una clase social.