A lo que más le temo es al Poder con impunidad. Le temo al abuso del Poder y al poder de abusar. Isabel Allende
Con todo y la lentitud del proceso judicial y de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, la gente -aunque con cierta aprensión- aún confía en que los que desfalcaron las arcas públicas “paguen por lo hecho”.
Viene a cuento este tema con lo declarado por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas a la nación el pasado 27 de febrero, al proclamar que “hoy la justicia es justicia”, que es independiente y autónoma. El presidente, a voz en cuello, dijo que este es ya un país sin impunidad y que “hoy el que la hace la paga, sea quien sea y del partido que sea”.
Echó mano el presidente del refranero popular para decir que todo el que cometa un acto de corrupción en su Gobierno habrá de enfrentar a la justicia. De manera que queda implícito en este refrán que los que se hacen reo por tales acciones deben asumir una deuda que habrán de pagar.
Eso lo aplaude el pueblo dominicano, es algo por lo que la gente viene clamando desde hace mucho tiempo; los hechos de los funcionarios (pasados y presentes) llegan a conocimiento de todos a través de los comentarios y la comidilla social, pero son las investigaciones judiciales las que determinarán si tal o cual acto es pasible de una condena. Todos vemos los procesos judiciales que se abren a algunos de ellos, pero también vemos que la mayoría de las veces todo queda en nada.
La exclamación del presidente de la República es una reacción al hartazgo de la gente ante tal estado de cosas, que ha exigido siempre a los gobiernos (pasados y presentes) acciones serias que terminen con la impunidad. Porque los hechos de corrupción no son delitos de simple policía o de condena correccional, no; son crímenes que destruyen la vida misma de las personas, entorpece el camino hacia el desarrollo económico y social que persigue la eliminación de la pobreza extrema; por lo tanto, la ciudadanía necesita ver acción del Estado para frenar la corrupción y la impunidad, pues se ha actuado con marcada dilación.
La impunidad es la falta de castigo a los actos de corrupción; es producto de un débil sistema de justicia penal, el que también ha sido permeado por acciones venales donde la sociedad y la victima no reciben resarcimiento al abuso recibido. También, este flagelo acarrea consigo efectos multidimensionales y pluricausales que conllevan al menoscabo de las instituciones políticas, además de que incapacita a los actores políticos para afianzar la justicia, seguridad y respeto y defensa de los Derechos Humanos.
Cesare Beccaria en su “Tratado de Los Delitos y de Las Penas (1764) se refería de esta manera: “He dicho que la prontitud de las penas es más útil porque cuanto es menor la distancia del tiempo que pasa entre la pena y el delito, tanto más fuerte y durable en el ánimo la asociación de estas dos ideas, delito y pena; de tal modo, que se consideran el uno como causa, y la otra como efecto consiguiente y necesario”.
Estamos cansados de que la justicia no haga su trabajo, que los expedientes acusatorios sean débiles y que la corrupción siga campeando por sus fueros. Por eso nos preguntamos si las investigaciones que lleva el Ministerio Público actualmente, habrán de tener un final satisfactorio para la sed de justicia del pueblo.
Ya este Gobierno tiene 6 meses y luego de ver con gran beneplácito las designaciones hechas por el Presidente de la República en el organismo persecutor, por tratarse de personas sin mácula en su hoja profesional; se comienza a percibir en el ánimo de los ciudadanos, cierto grado de decepción y desesperanza, pues, se entiende que es tiempo ya, de que tengamos decisiones judiciales; recordemos la máxima que reza que : “Justicia tardía es justicia denegada” y entendemos nosotros que es la peor de las injusticias.
De manera que todavía el Ministerio Público y sus representantes pueden mantener el grado de apoyo y simpatía que le otorgó el Pueblo al inicio de su gestión; entonces, tómenle la palabra al Presidente Luís Abinader y agilicen estos procesos, pues el pueblo quiere saber “quién la hizo, pa’ que la pague”.