Uno de los últimos esfuerzos titánicos que hace el gobierno de la República Dominicana, es ampliar nuevamente el plazo para que miles de extranjeros especialmente haitianos logren regularizar su status migratorio en el país, tarea que será muy difícil si no se cuenta con la colaboración activa de las autoridades haitianas.
Siempre he dicho que más que migratorio, el problema de Haití y sus ciudadanos es de “indocumentalidad”, en otras palabras, mientras subsista el problema de que alrededor del ochenta por ciento de los haitianos no está inscrito en el registro civil de su país, podremos ampliar los plazos legales para que apliquen a la nueva ley de Naturalización hasta por diez años y el problema subsistirá.
La Corte Interamericana de Justicia está ahora empeñada después de dictar su sentencia que adolece de arritmia histórica y situacional, tal como lo expliqué en el artículo anterior, en que la incorporemos a nuestra legislación.
Lo anterior es imposible, ya que dicha sentencia no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, especialmente dentro de nuestro bloque constitucional y además ni siquiera respeta el sistema jurídico internacional, especialmente la Convención de la Haya que otorga facultad a los países para establecer criterios de quienes deben ser sus ciudadanos.
Es una sentencia que llama de manera explícita a contravenir el orden legal constitucional y la sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante a todos los poderes públicos del país. No he visto sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que haga una inferencia de ese tipo de manera explícita.
No obstante, vemos que nuestro país ha sido tímido en los foros internacionales para reclamar que Haití juegue su rol de documentar a sus ciudadanos sin costo alguno. Debemos ser más exigentes, porque al parecer con el apoyo que han logrado los haitianos hasta ahora de los principales organismos multilaterales sobre el tema migratorio con la República Dominicana, se les ha olvidado que es inhumano mantener un pueblo en estado de indocumentalidad por generaciones.
Vimos hace meses un esfuerzo del Secretario General de la OEA para ayudar a Haití para que su pueblo al fin adquiera la categoría civil mínima de ciudadano, pero solo se ha quedado en palabras, también lo hizo uno de los multimillonarios famosos en el mundo, pero también fueron solo palabras.
Ahora el problema radica e3n que también quieren que le resolvamos los problemas de indocumentalidad de nuestro país vecino, aún al costo de echar por tierra todo nuestro sistema jurídico constitucional, lo que es una verdadera utiopía.