Un considerable número de personas ve con asombro que alguien asuma una función pública sin ánimo de servirse del Estado. El hecho de acceder a un puesto burocrático oficial presupone para muchos una oportunidad de enriquecimiento. Para algunos unos pesos que alivien sus penurias, mientras para otros se trata de grandes sumas de dinero que llegan hasta la indolencia.
Ese tipo de malos ciudadanos no repara en el hecho de que lo que se le roba al Estado se le roba al pueblo, sobre todo a los más necesitados, aquellos que si no se les provee de medicina pueden morir de una afectación de la que pudieron haber sobrevivido.
Mucha gente no termina de entender que el trabajo público es un acto de servicio y en la particular circunstancia que vive nuestro país sobran las razones para suponer que lo que se demanda para el Estado es quienes le sirvan, jamás quien se sirva de él como sanguijuela.
No olvido que en días previos a las elecciones, el señor Lisandro Macarrulla al juramentar un grupo de ciudadanos en Moca les dijo: “El próximo presidente de la República, Luis Abinader, quiere advertirles que si alguien piensa venir al gobierno del cambio a enriquecerse, tiene tiempo de no levantar la mano”.
Los próximos inquilinos de la administración pública deben estar conscientes de que en la República Dominicana se ha producido un cambio; que entraremos en la época de la transparencia y la legalidad y que si alguien tiene vocación para el dinero y el comercio debe explotar esas cualidades al margen de funciones oficiales.
La era manda un alto. El país y los pobres no pueden esperar. Es indispensable la aplicación del plan de gobierno concebido por el presidente Abinader sustentado en la equidad y la legalidad. En él no caben los corruptos.