En esta crisis de salud, económica, social y política del coronavirus, existen parámetros inentendibles sobre cómo se maneja la misma, y el doble rasero estatal para definir negocios y servicios, que si pueden abrir y cuáles no.
Los supermercados, aquellos que tienen ferreterías, y que se han convertido, más en mini plazas comerciales, que venden desde una mano de plátano, hasta una televisión de quinientas pulgadas, han hecho su agosto, su marzo, su abril y mayo. Viven llenos, hay que hacer filas para entrar, y aunque se hace un simulacro de preservación del distanciamiento social, y un amago insulso de limpieza de los carritos, mediante su supuesta sanitización, este realmente no se cumple. Los clientes nos topetamos en los pasillos, nos cruzamos y estamos a veces a solo centímetros.
Las empresas de manejo de paquetes y pedidos del exterior, no dan abasto, respecto a las solicitudes realizadas por sus clientes, y se hacen filas al mismo tiempo para recoger los paquetes una vez arribados al país, y pagados los tributos correspondientes.
Los jóvenes de entrega a domicilio, se han hecho familia de las personas, los vemos en todas las plazas comerciales, en lugares señalados o coordinados por ellos, para una vez realizado el pedido correspondiente, recogerlo y llevarlo a su destinatario final, así también como los deliveries de los colmados.
Existen ahora hasta peluqueras a domicilio, todos los rubros económicos de la sociedad se están acomodando para producir, ya que, si no se produce, simplemente no se come.
Por todo lo anterior me ha sorprendido desagradablemente, que Pro consumidor haya prohibido las ventas por internet de empresas que pagan impuestos, luz, seguridad social, agua, salarios, alquileres, y cuya única diferencia con las demás empresas, es que no pueden abrir directamente al público y mantienen empleados y locales en el país.
Así las cosas, surge una obvia e inexplicable competencia desleal, toda vez que, las ferreterías, cafeterías, panaderías, carnicerías, dulcerías, electrodomésticos y todos los rubros vendidos por los supuestos "supermercados", pueden ser libremente comercializados, pero si yo, como ciudadano o empresa, tengo una ferretería, simplemente no puedo abrir mis puertas, ni mucho menos, vender on line, lo cual ahora es regla y moda.
Los abogados, quienes no tenemos quien nos escriba ni vele por nosotros, estamos a punto de dejar de existir como clase profesional, porque, aunque nuestras oficinas o despachos, siguen pagando luz, teléfono, agua, basura, empleados, y todo lo que conlleva esta operación, no tenemos opción para la realización de ninguna de las gestiones o diligencias propias de nuestra profesión, salvo, limitadísimas acciones ante las cámaras de comercio, u oficinas de atención permanente en materia penal.
La justicia, en todos sus aspectos es clave y determinante para el desarrollo de la sociedad, y la recuperación de capitales, gestión de litigios, y mantenimiento de la paz social, luego se convierte en un rubro indispensable, sin el cual, no es posible un real estado de derecho. Cerrar a cal y canto este servicio indispensable, impone más mal que bien, y pueden ser realizadas obvias aperturas mantenimiento el distanciamiento social y las reglas de higiene y prevención, como se hacen en los supermercados, farmacias y demás rubros que se consideran indispensables, y que lo son, obviamente menos que la justicia, que mantiene la cohesión como sociedad, y es el producto del poder jurisdiccional del Estado.
Si pueden abrirse plazas comerciales disfrazadas de supermercados, farmacias, y demás, luego entonces, otros negocios pueden ser abiertos bajo los mismos parámetros de igualdad y cuidado, siempre preservando los reglas que sirven para unos y que sean también para los otros.
En mi campo dicen que es lo mismo por detrás que por la espalda, o no.