“No me siento libre”, me dijo Franklin Jaque José. Este joven de 29 años ha vivido con este sentimiento durante más de una década, debido a que las autoridades de su país, la República Dominicana, le están denegando el derecho universal de toda persona a tener una nacionalidad.

“Vives como atrapado en un círculo”, aseguró.

Franklin él es solo uno más de los miles de dominicanos descendientes de haitianos que se enfrentan a enormes barreras que les impiden continuar con su vida cotidiana. Su vida ha permanecido bloqueada durante los últimos 12 años. No lo digo metafóricamente: Franklin no ha podido continuar con sus estudios y ahora le están negando el acceso a un trabajo formal.

En esas circunstancias adversas, Franklin no puede ver cumplidos sus sueños. Ni siquiera el de tener una familia: “No quiero tener hijos si no les puedo dar una vida digna.”

He pensado mucho en Franklin en estos días. Durante mucho tiempo, el gobierno dominicano ha estado prometiendo una solución para las miles de personas que, como él, son ahora apátridas a causa de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en septiembre del año pasado. Esas promesas siguen sin transformarse en realidad.

“No puede haber sentencia, resolución ni circular que esté por encima de los derechos humanos”, me fijo Franklin cuando nos conocimos en la República Dominicana el mes pasado.

Durante mi reciente visita a este país formando parte de una delegación de Amnistía Internacional, entrevisté decenas de personas que, como él, han sido desprovistos de su nacionalidad y por lo tanto de muchos otros derechos humanos. Pero, su historia me dejó un especial sentimiento de amargura.

Como yo, Franklin nació en 1984, pero a diferencia de mí, su propio país le ha denegado el acceso a sus documentos de identidad desde el año 2002. Mientras me contaba su historia – cómo comenzó todo, las diferentes y múltiples oportunidades que ha perdido, cómo esto afecta continuamente su vida diaria –, me era imposible no pensar en mis últimos 12 años.

Otro sentimiento me asaltó entonces: me di cuenta de lo frustrado que Franklin debe sentirse al ver todas sus esperanzas de una vida mejor desvanecerse, después de haber nacido en un batey empobrecido en el que sus padres se establecieron después de emigrar desde Haití.

“Es fuerte lo que nos pasa. Crecer sin futuro, porque otra persona te lo niega en tu propia patria… Eso duele, duele mucho”, me dijo.

12 años han pasado desde que Franklin fue por primera vez a una oficina del registro civil en Sabana Grande de Boyá, cerca de su casa, en el este de República Dominicana. En aquella época, él tenía 18 años y había terminado la escuela secundaria. En el colegio le solicitaron presentar su cédula (carnet de identidad) para obtener el título. No tenía. Después de varias visitas a diferentes dependencias del gobierno, incluso en la capital, Santo Domingo, la decisión final le fue comunicada: “No podemos darle su cédula, porque sus padres son extranjeros.”

Fue entonces cuando comenzó la lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana. Hasta entonces, durante décadas habían sido registrados como dominicanos, lo que les daba el derecho a portar documentos de identidad dominicanos.

De hecho, en 1984, Franklin fue inscrito en el registro civil. Esto le otorgó un certificado de nacimiento dominicano. Sin embargo, a partir del año  2000, Franklin y muchos otros comenzaron a tener dificultades para obtener sus documentos. Esta situación culminó en septiembre del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional privó retroactivamente a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su nacionalidad dominicana. Franklin es uno de esos nuevos apátridas.

“Desde mi punto de vista, es una persecución… Si pudiésemos estudiar, podríamos superarnos, pasar el bachillerato e ir a la universidad. Eso indigna, tener una juventud que quiere avanzar, pero que no la dejan. Me parece muy inhumano.”

Seis meses han pasado desde que la sentencia del Tribunal Constitucional despojó de sus nacionalidades a los dominicanos de ascendencia haitiana. El pasado mes de octubre, el Presidente dominicano, Danilo Medina, reconoció el “drama humano” que ocasionó la sentencia constitucional y, prometió iniciar una consulta nacional con la esperanza de encontrar una solución.

Seis meses más tarde, esas esperanzas se están agotando. No se ha propuesto ninguna  solución, lo que significa que los derechos de Franklin y miles de otras personas no son respetados, reconocidos ni protegidos.

Hace un par de semanas, el Presidente Medina realizó una nueva seria de consultas nacionales sobre la cuestión. ¿Cuántas consultas más deberá Franklin soportar antes que sus derechos y que su dignidad sean restaurados?

Si bien es positivo que el Presidente Medina esté tratando de encontrar una solución apropiada, esta debe tomar en cuenta las recientes observaciones de la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos (CIDH). Este organismo instó a la República Dominicana a restaurar la nacionalidad dominicana de los desnacionalizados por la sentencia del Tribunal Constitucional a través de medidas de carácter general y automáticas, y sin que se les exija como requisito previo registrarse como extranjeros.

Es una situación que debe resolverse con urgencia. Franklin y miles de personas ya han esperado demasiado tiempo para ver sus derechos respetados.

“Siempre seguiré actuando hasta que esos derechos se me reconozcan, y ser libre, porque no me siento libre por ahora.”

Doce años han pasado. Doce años ya desde que Franklin fuese despojado de su derecho a tener una vida normal.

El Presidente Medina tiene la oportunidad de poner fin a esos 12 largos años de desesperación. Tiene la oportunidad de asegurar que, cuando Franklin cumpla 30 años el 6 de junio de este año, lo haga con su nacionalidad dominicana completamente reconocida. Solo si esto sucede la República Dominicana habrá  cumplido con su deber de respetar el derecho de Franklin a estudiar, trabajar y tener una familia. En suma: a vivir con dignidad.

El único camino para que la República Dominicana pueda vivir en paz es el respeto y no  la negación de los derechos humanos de personas como Franklin.