La agenda de desarrollo nacional que han practicado todas las administraciones del gobierno en el país desde 1975 hasta la fecha, no se ha vinculado a un diagnóstico de los problemas del desarrollo de la nación dominicana. De manera especial, al desarrollo entendido en su evolución histórica como un proceso social complejo, que supere la visión oficial del crecimiento puro y simple o el aumento del ingreso per-cápita anual que deja de lado los problemas de la distribución y el estado de pobreza de la población. Muy pocos líderes políticos dominicanos han tenido una idea del desarrollo económico y social fundamentado en la garantía de derechos y de libertades; estos elementos fundamentan modernamente la esencia de desarrollo económico (A. Sen, 1999).
No tengo información de que exista un documento oficial que sustente la racionalidad de la nueva política oficial que pretende acelerar el proceso de industrialización en el país. En cambio, sí se conoce la dirección de la política oficial por desprenderse de la dirección de la inversión pública para ponerla en manos del opaco esquema de asociaciones público-privada administrado por fideicomisos. La presente administración del gobierno ha anunciado un conjunto de proyectos de inversión que no han transitado por el proceso de determinación de su necesidad y su viabilidad financiera y los cuales se llevarían a cabo a través de los mecanismos antes citados. No se sabe si esto guarda alguna relación con la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), que establece las prioridades de inversión del gobierno hasta el año 2030; no se ha dicho si los objetivos de estos nuevos proyectos coinciden con aquellos que aparecen en la END para algunos sectores, o si se re-evaluaron las metas de ese plan y se han sustituido por otras. De la misma manera, no se ha hecho público el cambio de políticas que contiene la END, lo que hubiese contribuido al planeamiento de las actividades del sector privado.
Por esta razón, el anuncio oficial de acelerar el proceso de industrialización y el hecho de que este cambio de política no estuviese acompañado de los detalles correspondientes de esta iniciativa, sorprendió a muchos. Ante la seriedad de este anuncio y sus profundas implicaciones en la vida económica nacional, la información oficial fue excesivamente limitada. No se hizo referencia a las áreas de la industria cuyo crecimiento se aceleraría ni se informó si se impulsará la industria liviana o si, por el contrario, el gobierno continuaría apoyando la industria de procesamiento de alimentos con el tradicional y significativo gasto tributario (alrededor del 6% del PIB).
El gobierno no informó si desarrollaría un nuevo tipo de industria con una relación más estrecha con el desarrollo tecnológico que tipifica al comercio mundial, lo que implicaría una modernización inminente del sector y en el que debería registrarse una tendencia a la innovación y el aprendizaje. Tampoco hizo referencia de si se trata de un remozamiento de todo el sector industrial o si enfatizaría en uno de sus sub-sectores y, sobre todo, no se refirió a la cantidad de recursos con que cuenta para financiar este nuevo plan en el presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio y Mypimes (MICM) que pondría en marcha el nuevo plan de aceleración de la industrialización.
Queda pendiente por conocer a cuánto asciende el costo total de esta estrategia de aceleración de la industrialización. Seguramente, el gobierno no tardará en anunciar su plan financiero, que debe incluir no sólo el presupuesto que el MICM dedicaría a tales fines sino también incluiría al Banco Central (BC) para definir la política monetaria que asegure el crédito bancario dirigido al sector industrial. Es preciso indicar que el plan financiero del gobierno tendría enorme impacto en el sistema bancario, ya que está acostumbrado a conceder créditos a sectores con alta rotación de capital, tal y como es el caso del sector comercio o de préstamos al consumo. Mientras la industria manufacturera recibió créditos bancarios por RD$75,414.1 millones al 7 de abril del 2021, los préstamos al consumo de las familias, para esa misma fecha, eran de RD$329,219.4 millones, en tanto que el comercio recibió créditos bancarios por RD$160,574.9 millones.
El plan presidencial no se refirió al eje industrial alrededor del cual se produciría la aceleración de la industrialización, ya que según el reporte de Cuentas Nacionales del BC, el sector industrial está compuesto por la explotación de minas y canteras, manufactura local, zonas francas y construcción. En promedio, la participación en el PIB del sector industrial ha sido de 26.8% durante 2007-2020 y, particularmente, la actividad manufacturera promedió 11.4% de participación en el PIB para ese mismo período. Las zonas francas manufactureras han tenido un aporte al PIB de 3.4% en ese mismo lapso de tiempo.
Cabe destacar que la estructura productiva dominicana ha sufrido una transformación cualitativa a lo largo de las últimas cuatro décadas. El BC registra que la actividad de los servicios es actualmente la actividad dominante, que representa, en promedio, el 60.6% de la actividad productiva del país durante el período 2007-2020. De manera que, para nadie debería ser un secreto que la economía dominicana se ha convertido en una economía de servicios, siendo el comercio su actividad fundamental, con un aporte promedio de 10% al PIB durante el período considerado.
Conociendo estas cifras, sería de mucho interés que el gobierno informe si la aceleración de la industrialización se concentraría en la producción de bienes comercializables y no comercializables. Sería útil saber en cuánto se estima el incremento de las exportaciones industriales, cual sería la cuantía de la reducción de importaciones. En fin, saber cuál sería la reducción del déficit de la balanza comercial como consecuencia de esta aceleración.
En fin, faltan informaciones útiles que hagan creíble y factible, para los actores económicos, que se llevará a cabo una verdadera aceleración de la industria dominicana. A una política económica bien articulada le precede un diagnóstico de la situación actual, que precise sus principales problemas, ventajas y desventajas. Luego corresponde calcular sus costos y verificar si se puede financiar con los recursos del presupuesto; de lo contrario, saber si se dispone de recursos en el sector financiero o si se debe acceder al financiamiento internacional. Asimismo, el sistema de planificación debe determinar los objetivos de largo plazo, las metas anuales cuantificables y los indicadores para medir la eficacia de la aplicación de la política económica. Es hora de ponerle atención a las dificultades que enfrenta la población dominicana, es tiempo de atender a la gente.