Cuando un Consorcio, Grupo Económico, compañía o ciudadano emprendedor realiza una inversión para el desarrollo de cualquier proyecto, espera un beneficio de la misma, pero se supone que ello implica un riesgo y es por eso que la disciplina económica recomienda la realización de un estudio que permita por lo menos tener un termómetro del riesgo que implica la ejecución del proyecto, porque lo cierto es que no hay forma de medir el riesgo de manera matemática, pero si conocer las variables a las que nuestra inversión es mas sensible y tratar de controlarlas en la medida de lo posible, “el riesgo es impredecible” . 

En el mes de septiembre escribimos el articulo “Concesiones y aeropuertos", en el que concluíamos que la concesión que mantiene actualmente el estado dominicano de los aeropuertos del país de su propiedad, fueron aparentemente realizadas para quitarse una carga de encima y se había olvidado que en su momento, los aeropuertos del país, sostenían económicamente prácticamente todo el sector aeronáutico y portuario.

El pasado 9 de diciembre, el estado dominicano anunció la terminación del contrato de concesión de la Autopista de Samaná, donde se establecía el muy famoso y que será tristemente recordado “Peaje sombra", que tuvo su origen en la cláusula denominada “Equilibrio económico". La terminación de este contrato representó para el estado un pago de US$410 millones, pero de acuerdo con lo indicado representará un ahorro de US$1500 millones para el país. 

Resulta que también en el contrato actual que mantiene el estado dominicano con la empresa AERODOM, en virtud de la concesión otorgada en el año 1999 y que finalizará en el 2030, volvemos a encontrar la ya famosa en nuestro país cláusula del “Equilibrio económico".

Porque la cláusula del “Equilibrio económico", lo que busca es la eliminación del riesgo de la inversión que se realice en un proyecto y en estos casos el único que ha sido perjudicado es el estado dominicano, ya que mediante esta cláusula ha asumido todo el riesgo que se puede producir cuando los resultados no son los que se estimaron.

Esta concesión como hemos señalado y creemos, ha sido muy perjudicial al país, de manera directa y por las externalidades negativas que de la misma se han generado lo que ha determinado que el aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Pena Gómez, se haya convertido en uno de los mas costosos de América Latina y el Caribe, afectando sensiblemente el movimiento de pasajeros, el turismo y las exportaciones por vía aérea que realiza el país, por señalar algunas.

Contrario a lo que sucede alrededor del mundo, en el caso de los aeropuertos dominicanos, esta concesión ha representado “una mala inversión", de acuerdo con los diferentes actores que han participado en este negocio, ya que esta concesión ha pasado de dueños en par de ocasiones.

Hay que señalar que, los ingresos de las empresas que administran aeropuertos no dependen de un producto que se está vendiendo, no tienen un costo de ventas, solo administrativos, fijos en su mayoría (mas fácilmente controlables) y esa es una de las razones por lo que mundialmente los aeropuertos tienen rentabilidades muy superiores a las líneas aéreas, por mencionar un sector ligado a esta actividad.

Parte de los argumentos que han esgrimido los diferentes actores de esta concesión, ha sido el supuesto derrumbe de la industria aeronáutica a nivel mundial y a nivel interno la modernización del aeropuerto Internacional del Cibao y del Aeropuerto Internacional de La Romana, lo que ha desviado el flujo de pasajeros y mermado los movimientos del aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata y del Aeropuerto Internacional de Las Américas respectivamente.

Lo cierto es que, si estas han sido las causas principales de la reducción de los niveles de rentabilidad de los aeropuertos concesionados, esta situación podría deberse en parte a la poca atención que le han dedicado a la modernización de estos y además a su pobre participación en las actividades de promoción del turismo junto a las autoridades del sector, como indica el contrato de concesión. 

Creemos que este contrato de concesión debiera de ser el próximo que el estado dominicano se proponga renegociar, ya que solo ha generado beneficios a los diferentes actores que han participado en este negocio y el sacrificio fiscal del estado dominicano y las externalidades negativas que esta concesión ha tenido hacia los sectores relacionados, nunca podrá compensarse, ya que la cláusula del “Equilibrio económico" estará como espada de Damocles actuando solo en defensa de los intereses de los concesionarios. 

Entendemos que quizás lo que le conviene al país es una alianza público privada en la que ambos socios corran iguales riesgos y de igual manera se beneficien de la explotación de este patrimonio del país, favoreciendo al desarrollo económico y turístico, al sector aeroportuario, a los operadores aéreos y al estado dominicano. De no poderse concretar una alianza, se podría negociar un nuevo contrato de concesión que se ajuste a los mejores intereses del país.