La Escuela Nacional del Ministerio Publico dispone de 15 meses para formar a los fiscales que ingresan al ejercicio mediante concurso de oposición. Los concursos de oposición constituyen los medios idóneos para el ingreso a la carrera en calidad de fiscal y representan un proceso de incuestionable transparencia que garantiza la captación del mejor personal para el respectivo ejercicio.
De los 15 meses que dura el programa de formación inicial para aspirante a fiscalizador, 4 de ellos se destinan al ejercicio práctico de la posición, ejerciendo, asistido de un fiscal ya en funciones, las labores propias de los miembros del Ministerio Publico. Es en las fiscalías donde el pasante, aspirante a fiscal, tiene sus primeros encuentros con una realidad social paralela a la que viven muchos dominicanos de clase media o de una posición social más o menos privilegiada. Las fiscalías, divididas por departamentos investigativos, son siempre receptores de los casos más aberrantes y que se suceden usualmente en la sociedad dominicana.
Quien escribe tuvo que laborar, en calidad de pasante como aspirante a fiscal, en la unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la provincia de Santo Domingo, la cual se reconoce como una de las unidades más activas de la institución. La fluidez de los casos que allí se conocen se debe básicamente a la cantidad de tipos penales que desde la unidad pueden tratarse, pues a diferencia de otros departamentos, como el de Homicidios o Sustancias Controladas, desde la unidad de Violencia de Género pueden atenderse casos de tipos penales diversos, siempre que los mismos se sucedan dentro del seno familiar.
Cada denuncia, en aquella unidad, constituye una historia lamentable que resulta incompatible con la sociedad civilizada en la que pretendemos vivir, pero que sin embargo, y no obstante a lo increíble que pudiera parecer, se recrean en la sociedad con escalofriante consistencia. Al respecto, recuerdo una de las denuncias que me tocó conocer mientras presté servicio en aquella unidad, siendo quizás la que más tristeza me causó no obstante el haber visto casos más dramáticos y en la misma semana. Se trataba de una mujer de 50 años de edad que era víctima constante de maltrato psicológico y físico por parte de su esposo, un señor dependiente a las drogas y que había dispuesto de los ajuares y electrodomésticos del hogar para costear su adicción. La señora llegó desesperada a la oficina que ocupaba temporalmente, con signos de golpes recientes y con el miedo de no dar por enterado a su marido de la denuncia que estaba a punto de presentar.
Después de calmarse, la pobre señora declaró que su esposo la golpeaba y que la amenazaba constantemente con matarla haciendo de su convivencia un verdadero infierno. En alguna noche, el hombre tomó un puñal y entró a la habitación, encendió la luz y le dijo mientras limpiaba fríamente el arma: “has visto las noticias últimamente, ¿o acaso no vez como los hombres matan a las mujeres y luego se suicidan? No sé, piénsalo, a mí me parece una buena idea.” Naturalmente, después de semejante amenaza la señora no pudo dormir atormentada con la creencia de que en cualquier momento aquel enfermo podía materializar su idea. Lo que más me entristeció fue el saber que la señora había rechazado la Casa de Acogida que le había ofertado por no abandonar a su hija de 12 años que vivía en medio de aquella situación, y que en caso de aceptar la casa de acogida no había familia con quien pudiera quedarse.
Casos como esos, parecidos o más graves, llegan a diario a las unidades de violencia de género y a los departamentos encargados de atender tipos penales de otra especie, y nos hacemos la pregunta: ¿Cuáles circunstancias dan origen al delito y a las conductas desviadas y penalmente relevantes? Insisto en creer que el problema es social y que cuyo origen se debe a factores múltiples. Definitivamente, la responsabilidad de prevenir, o al menos de disminuir el índice de degradación social no puede caer sobre los pilares que sostienen al Ministerio Público, sino que es preciso encontrar los métodos de prevención en otras áreas del Estado. La desarticulación de la familia y la falta de una educación integral pudieran engendrar males como los que se ha mencionado en este escrito.
Muchos interpretan el problema como causa directa de la pobreza, pero sucede que el delito se expresa de diversas formas y no puede atribuírsele, de manera exclusiva, a un solo sector social. Es tan infractor el Patrocinador como el que transporta en sí mismo pocas cantidades de drogas (mula), con el agravante de que el patrocinador coordina la estructura criminal y suele tener una condición económica mucho más privilegiada que aquellos que participan del microtráfico. Igual, comete delito el funcionario que incurre en un acto de corrupción, y sin embargo aquel suele formar parte de la clase media o de una posición económicamente estable. No es, pues, la pobreza el detonante de las conductas penalmente reprochables, sino más bien la consciencia del hombre corrompida, que sin tener valores bien definidos se hace pasible de cualquier acción degradante y punible, y mientras la educación no obre el milagro de construir esos parámetros en las personas supuestas a educar, las fiscalías seguirán conociendo tristes historias que pudieron ser prevenidas.