El mundo está viviendo un fenómeno nunca antes visto en los tiempos contemporáneos, impactando en todos los aspectos de la vida tal y como la conocemos, desde el ámbito económico, social, político, institucional y electoral. Lamentablemente, América Latina no es la excepción, la crisis sanitaria y económica que genera el virus SARS-CoV-2 ha llegado con varias falencias institucionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al coronavirus (COVID-19), una pandemia, entendiéndose como una grave perturbación a la economía y al desarrollo de un país. Recordemos que durante toda la gestión 2019, la región atravesó por crisis políticas y sociales que han desembocado en cuestionamientos a los partidos políticos, así como la pérdida de confianza en sus gobiernos por lo que la pandemia ha encontrado a Latinoamérica golpeada por conflictos sociales, con sociedades sensibilizadas, distanciadas de sus gobiernos y con fuertes opiniones de descrédito a sus instituciones en la mayoría de sus países.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en América Latina sólo el 25% de sus ciudadanos confía en sus gobiernos, la aprobación presidencial es baja en la mayoría de países y la satisfacción con la salud cayó del 57% al 42% entre 2006 y 2018, muy por debajo del 70% de la OCDE. Por otro lado, la situación actual ha desnudado la carencia de fortalezas institucionales en las administraciones públicas latinoamericanas, en algunos países más que en otros, sin embargo se constituyen de igual forma en todos como un eje transversal a sus problemas de gobernabilidad. Desde la perspectiva de gestión, los diferentes jefes de Estado en el marco de su normativa vigente han optado por reunirse y coordinar con los gobiernos subnacionales (municipales, departamentales o provinciales), en la búsqueda de consensos “interpartidarios” para determinar acciones de gestión sanitaria y social, y mostrar a la ciudadanía acciones alineadas y coordinadas.
En tanto que desde la perspectiva de protagonismo institucional, además de los efectos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia, los gobiernos de la región se han visto obligados a cambiar sus agendas públicas, que en muchos casos alivianan las presiones políticas y sociales que como se indicó antes la región atravesaba. Entre los cuales encontramos, el asumir el tema del distanciamiento físico como prioritario. De igual manera, se puede vislumbrar, que esta pandemia no solo trajo consigo una crisis sanitaria, sino también económica y política, por esta razón los Estados han tenido que implementar ayudas a los sectores más necesitados o vulnerables, pero también a los sectores productivos de la sociedad con el objetivo de dinamizar la economía, tratando de disminuir el impacto económico. En tercer lugar, vemos que el COVID-19 ha paraliza el sistema electoral de varios países, generando la suspensión algunos procesos electorales.
Entendemos que es imperante, que para el manejo de la crisis económica debe existir un plan global y regional, puesto que ningún país esta asilado, al contrario, cada vez estamos más interconectados, provocando que ninguna economía se mantenga por si sola, sino, que necesite de ese intercambio con las demás naciones. Luego de tener esa visión holística, los gobiernos deben comenzar a implementar políticas públicas en todos sus niveles para continuar trabajar los efectos en el ámbito nacional desde lo sanitario, económico, social y político.
Entonces, no se puede negar que la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia del COVID-19, en el caso Latinoamericano constituye para los gobiernos y las administraciones públicas una oportunidad de evaluación y de reinvención, se hace necesario dar una profunda mirada de reflexión y crítica a las Administraciones Públicas de América Latina. Como lo menciona Francisco Velázquez, Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración Pública (CLAD) “…las administraciones públicas iberoamericanas tienen al menos dos problemas; la deformidad y el cortoplacismo. Ambos problemas están entrelazados, pues la deformidad no es más que el resultado de sucesivas camadas de empleados públicos procedentes de los partidos políticos que se turnan en el poder y el cortoplacismo es la consecuencia de la búsqueda de la originalidad para que el electorado les apoye. (Oscar Oszlak)”, a este hecho se suma las bajas tasas de crecimiento económico, apoyadas por la desaceleración económica que la región atraviesa desde el año 2019; que han desencadenado en sistemas de salud poco fortalecidos con mínimas inversiones, especialmente en infraestructura sanitaria.
Desde una perspectiva económica, la crisis en el mediano plazo es inminente y las diferencias en región podrían acrecentar las brechas sociales, por lo que es un desafío fortalecer, reinventarse y ajustar la administración pública para el diseño y la gestión adecuada de políticas y programas; si bien de acuerdo a las recomendaciones del FMI y del BID se vienen aplicando políticas de mediano plazo, es imperativo la gestión eficiente y eficaz de la administración, también en el corto plazo.
Dicho lo anterior, las administraciones públicas, en la actualidad, tienen sobre sus hombros una responsabilidad importante, y dependiendo de la manera de accionar podrán ser consideradas como positivas o negativas. En este sentido, es necesario que los gobiernos asuman una postura que vaya en dirección a aplicar los principios de transparencia, responsabilidad y participación a la respuesta colectiva. Son precisamente las acciones en el corto plazo las que se constituyen en los primeros cambios de las administraciones públicas; el fortalecimiento del gobierno abierto, la democratización de las instituciones y la innovación tecnológica han dado en muchos casos sus primeros pasos dentro de la administración pública latinoamericana.
Por tanto, existen tres reflexiones al respecto con la que se debe realizar la introspección a las administraciones públicas de la región; primero, después de la crisis social regional de 2019 el capital político es bajo, pero podrían surgir nuevos líderes o resurgir aquellos cuyas imágenes conllevan un grado de experiencia en el aparato gubernamental, los cambios de sus agendas públicas deben ir orientadas a dar respuestas ágiles y efectivas a la crisis. Segundo, el valor de contar con servicios públicos de calidad y con sistemas de protección social fuertes, se hace una consigna regional, por lo que se constituye en una de las reformas pendientes en la región. Por último, en sociedades crecientemente polarizadas, el sentido del interés general, de la solidaridad intergeneracional y de la ciudadanía activa recobra un valor que es el mejor antídoto.
Como se observa, las acciones económicas, políticas y las transformaciones sociales con la puesta en práctica de conceptos como solidaridad e inclusión nos ha enseñado que debemos estar preparados para cualquier cosa que se nos presente, que en un momento nuestro modus operandi cambia radicalmente, teniendo que adaptarnos a los nuevos desafíos, la Administración Pública no es la excepción debe saberse adaptar y debe hacerlo de manera eficiente para poderle suministrar los servicios de calidad a la ciudadanía en estos momentos de angustia en todo el mundo. Es necesaria una nueva forma de entender el contrato social, la región debe desarrollar un nuevo pacto para convivir en esta era de globalización, frente a una ciudadanía con mayores aspiraciones y exigencias de transparencia, acciones inmediatas y sedienta de retomar la confianza en sus administraciones.