El Informe Anual (2019) de los Derechos Humanos dado a conocer esta semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos refleja una realidad innegable en el caso dominicano.
La falta de respeto a la independencia judicial y a la imparcialidad, a través de una influencia inadecuada e interferencia en las decisiones judiciales, realizada cuando las autoridades desacataron órdenes judiciales de libertad de detenidos, son parte de un círculo vicioso.
Se cuestiona a las autoridades dominicanas por no haber implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de corrupción, a pesar del reconocimiento de algunas medidas tomadas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pues hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios.
Esto deja por sentado que el proceso de investigación y acusación ha dejado fuera del alcance de la justicia a funcionarios que deberían haber sido investigados o llevados al banquillo de los acusados.
La parcialidad se manifiesta, según el informe, a través de enjuiciamientos selectivos, dando cuenta, del sesgo con que se ha manejado el caso Odebrecht debido a la exclusión deliberada por parte del Procurador General de la República de funcionarios del más alto nivel gubernamental que fueron excluidos.
Tal es el caso de la investigación relativa a la planta de carbón de Punta Catalina, en que el informe destaca que después de que este se hizo público, la Oficina del Procurador General de la República –Fiscal General- interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos, desestimando la acusación por irregularidad en el proceso de contratación de la planta.
La falta de actuación del Ministerio Público en estos casos califica como prevaricación, pues, conforme al principio de objetividad, debió abrir los ojos para investigar a todo el que correspondiera. Al hacerlo arbitrariamente, a sabiendas de que su acusación fue injusta y contraria a la ley, transgredía expresamente la norma. El tiempo dirá si el persecutor selectivo pasa a ser perseguido, por haber escogido el camino más seguro de impunidad, por violar su propia ley y la Constitución, para propósitos espurios.