Aunque todas las miradas se encuentran atentas al impacto del COVID19 en la salud y la economía de la nación, no podemos olvidar los males históricos que afectan la dinámica cotidiana del país los cuales esperan de soluciones urgentes y definitivas.
Uno de estos males se encuentra en la inseguridad vial, llevando cada año el luto y la tristeza a miles de familias dominicanas con la muerte y lesiones permanentes producidas en las calles, avenidas, carreteras y autopistas del país. Un mal que en estos últimos días festivos se han reportado más de treinta y tres (33) muertes en ciento sesenta (160) accidentes de tránsito y cada año se registran más de tres mil muertes, lo cual representa un tres por ciento de la población y más de ciento doce mil lesionados (112,177 en el 2019)[1] impactando el entorno directo de los afectados y disminuyendo las capacidades motoras de un importante segmento de la población.
Para mejorar esta siniestralidad e impulsar un modelo de seguridad vial efectivo en todo el país, se requiere una mayor atención en nuestras carreteras y autopistas implementando tres acciones articuladas: regular el uso de suelo, mantener la infraestructura y reforzar el régimen de consecuencias.
El crecimiento desordenado de las ciudades dominicanas impacta en este tema, para lo cual se necesita regular el uso de suelo, controlando los cruces de alta velocidad a lo interno de las zonas urbanas o cambiando el trazado de los desplazamientos interurbanos que reduzca los niveles de accidentalidad y a su vez limite la colocación de elementos para reducir el tránsito, ya que el uso “alegre” de estos aditamentos dificulta la movilidad interurbana y esto a su vez disminuye la competitividad regional; tal y como sucede en el tramo Santiago – Montecristi con una longitud de 110 Kms., donde se han colocado más de 77 reductores de velocidad (INTRANT 2018) buscando reducir las victimas registradas en este tramo en los últimos años.
En segundo lugar, se necesita un programa de mantenimiento de la infraestructura vial con un equipo permanente para monitorear el estado del pavimento, corregir las inundaciones, colocar la señalética necesaria, reparar la seguridad lateral y aumentar la cobertura de iluminación en todos los tramos, para que nuestras carreteras no se conviertan en “la cueva de un lobo”.
Finalmente, la sostenibilidad de estas acciones se alcanza al reforzar el régimen de consecuencias que devuelva la confianza a toda la ciudadanía de transitar por una vía fiscalizada continuamente por un cuerpo especializado que penalice con rigurosidad aquellos infractores que violen las señales de tránsito, conduzcan con exceso de velocidad o en el caso de los vehículos de carga, no utilicen el carril que le corresponde.
La pandemia vial que ataca nuestra nación debe ser atendida con diligencia y prontitud en este 2021, para reducir al mínimo las pérdidas que todos los años roban la paz de miles de familias y así revertir la tendencia histórica de destrucción asociada a las vías de nuestra nación.