En 1980 Estados Unidos sufría de recesión económica. El sector industrial estaba en declive, la tasa de desempleo era de 7.2%, había inflación y fue el primer año del siglo XX donde se experimentó un déficit comercial. Como solución a las problemáticas económica y social del momento, el Gobierno Federal tomó algunas medidas de políticas monetarias, económicas y sociales que establecieron las pautas para impulsar un periodo de crecimiento y prosperidad. Dos años después, los analistas consideraron que la gran expansión había iniciado.
Para enfrentar esta recesión promulgaron leyes para capacitación laboral, aumentaron el sueldo mínimo, recortaron impuestos y se integró la política científica como componente de la política económica. La reducción de impuestos se realizó bajo el lema de la “economía del lado de la oferta”, como incentivo para que las personas y las empresas trabajaran y produjeran bienes en lugar de penalizar a los productores y consumidores con mas impuestos.
En adición a estas medidas, se realizaron recortes drásticos y regresivos en financiamiento de servicios sociales y se aumentó el gasto en defensa, ciencia y tecnología bajo la premisa de que promovería el crecimiento económico a largo plazo. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) del país fue del 2.2% del PIB.
En ese mismo año se promulgó la Ley Bayh-Dole. Podemos afirmar que con esta Ley se inició el reconocimiento estatal de que los sistemas nacionales de ciencias y producción de conocimiento son vitales para la competitividad económica mundial. Esta Ley permitió a las universidades, instituciones de investigación y empresas poseer, patentar y comercializar invenciones desarrolladas bajo programas de investigación financiados por el Gobierno federal, hasta ese momento prohibido. A raíz de que la propiedad intelectual desarrollada por las universidades y las empresas tendría fines de explotación comercial, se fomentó el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones y se incrementó la creación de las llamadas empresas Start-ups. Adicionalmente, esta Ley incluyó el mandato de reinversión de los ingresos de las patentes de Bayh-Dole en investigación y educación científica generando recursos sustanciales para nuevos proyectos de investigación.
Como complemento, se promulgó la Ley Stevenson-Wydler (Ley de Innovación Tecnológica) para facilitar la difusión de la información producida por los laboratorios federales de investigación, que exigió la participación de estos laboratorios en el proceso de transferencia de tecnología. Para continuar reforzando el sistema, en 1986, fue creado el Cooperative Research and Development Agreements (CRADA), bajo la Ley Federal de Transferencia de Tecnología, ideado para acelerar la comercialización de tecnología, optimizar recursos y proteger a la empresa privada involucrada.
Estas leyes se convirtieron en un catalizador importante para la expansión del sistema de innovación de Estados Unidos. Han provocado grandes avances debido a la transformación del anterior sistema federal de apoyo a la ciencia (centrado en necesidades de seguridad nacional y salud pública) hacia una agenda mucho más amplia de incentivo a la economía, a través investigaciones realizadas por las universidades y las empresas.
En esos esfuerzos de continuar mejorando la dinámica empresarial, en la misma década de 1980 se reformó el programa Small Business Investment Company, creado en el año 1958. Se trata de empresas de inversión organizadas y gestionadas de forma privada que proporcionan capital de riesgo a pequeñas empresas, nuevas y establecidas, a través de préstamos a tasas favorables con fondos del Gobierno o propios, respaldados por una garantía del Small Business Association (SBA, creado en el 1953). El programa estuvo diseñado para asegurar la existencia en el mercado de instituciones capaces de facilitar necesidades de capital para el sector de pequeñas empresas, un sector vital para el dinamismo de cualquier economía y las más expuestas a choques externos.
Para continuar fortaleciendo la producción de conocimiento y para estimular la ciencia y la tecnología generadas por el sector privado, en 1981 a través de la Ley 97-34 del Impuesto sobre la Recuperación Económica, se ofreció a las empresas un crédito fiscal de 25% por el aumento de los costos calificados como I+D por encima del gasto promedio de los últimos tres años fiscales, incluyendo la inversión que hacía el sector privado en investigaciones realizadas por la academia. De esta manera, se proporcionó incentivos fiscales para la inversión en I+D. Originalmente este crédito tenía vigencia por cuatro años, sin embargo, se venció ocho veces y se extendió quince debido al éxito probado de estimular la productividad, la innovación y la competitividad. A partir de 2015 se estableció como un crédito permanente incluido en la Ley de Presupuesto federal.
En 1982 se creó el Programa Desarrollo de la Innovación para Pequeñas Empresas, con el fin de fortalecer la I+D en este tipo de empresas y mejorar su contribución en la producción de conocimiento. Cinco años después, el Gobierno federal estableció una serie de nuevas empresas de investigación colaborativa, incluidos SEMATECH y los centros de ciencia y tecnología del National Science Foundation (NSF creado en el 1950), y se establecieron los centros de investigación de ingeniería y el Programa de Tecnología Avanzada del National Institute of Science and Technology (NIST, creado en el 1901).
Desde el punto de vista económico, ya en 1982 los Estados Unidos había superado la recesión. Sin embargo, se continuó proponiendo leyes y programas para dinamizar los sectores empresariales y apoyando la creación de conocimiento, la ciencia y la innovación, así como la competitividad. En 1988, la Ley Omnibus de Comercio y Competitividad requirió que el Poder Ejecutivo identificase los países con superávit comercial superior al 10% y exigió medidas para reducirlo, con el propósito de promover las exportaciones y motivar otras políticas relacionadas.
La proliferación de la tecnología en la década de 1990 y su marcada importancia en la productividad y competitividad, se fortaleció con políticas sobre tecnología de la información y comunicación. Por ejemplo, en 1996, se promulgó la Ley de Telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la competencia entre las compañías telefónicas locales, los proveedores de larga distancia y las compañías de cable. A su vez, se reafirmó el compromiso del país con el acceso universal, ayudando a asegurar el acceso de todas las escuelas, bibliotecas y hospitales a nivel nacional a los diferentes medios comunicación e información. Entre las disposiciones adicionales se incluyen las que otorgan a las familias el control de la programación de televisión mediante el uso de tecnología y disposiciones que previenen la concentración de propiedad de la televisión y radio en pocas empresas a través de límites de propiedad modificados, para garantizar el dinamismo del sector.
Todas las leyes anteriormente citadas vienen complementadas con leyes e iniciativas relacionadas con el bienestar y protección social, y el ámbito de la tecnología no es una excepción. Por tal razón, se promulgaron tres leyes fundamentales: en 1996, la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA); en 1999, la Ley Gramm-Leach-Bliley, la cual exige a instituciones financieras revelar sus prácticas sobre compartir información y salvaguardar data sensible; y, en 2002, la Ley de Seguridad Nacional, que incluyó la Ley Federal de Gestión de Seguridad de la Información (FISMA). Estas tres regulaciones exigieron que las organizaciones deben proteger sus sistemas e información. Igualmente, han promulgado importantes leyes sobre ciberseguridad, un tema muy sensible para la economía digital.
A partir del 2000, se ha continuado expandiendo el crédito fiscal para investigación y experimentación (I+E), así como los fondos para agencias científicas (incluyendo NSF, NIST y el Departamento de Energía (DOE)). También se han impulsado políticas para expandir el número de graduados en las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y para la reforma del sistema de patentes. En adición, se ha creado la Red Nacional de Innovación en Manufactura y enfocado esfuerzos para limitar las políticas extranjeras injustas de “innovación mercantilista”.
Los esfuerzos para estimular una dinámica empresarial que impulse el conocimiento, y facilite su introducción en la economía, es un trabajo permanente. De acuerdo con la experiencia de los Estados Unidos se demuestra que este tipo de políticas es la mejor manera de sobrepasar etapas de recesión económica y fomentar el crecimiento económico y social. Aunque cabe resaltar que lo detallado en este artículo es sólo un lado de la moneda, es igual de importante entender que el Estado debe garantizar tener disciplina fiscal, ser eficiente en el gasto y, sobre todo, que combata la corrupción y el desfalco de los fondos públicos de la nación.