Estado y transparencia

Endebles propuestas de políticas de seguridad ciudadana

Por Carlos E. Pimentel Florenzán

La inseguridad ciudadana en la República Dominicana se convierte en un fenómeno que amerita el desarrollo e implementación de políticas públicas integrales y transformadoras, que permita al Estado garantizar el derecho a toda la población de vivir libre, sin temores, sin amenazas a su integridad física o de sus bienes.

En ese sentido, exigimos que los Candidatos/as a la Presidencia que eleven la calidad de sus propuestas de políticas públicas de seguridad ciudadana, que expliquen cómo vamos a enfrentar la grave situación de la inseguridad en el país, que expliquen de forma concreta como avanzar en el proceso de desmilitarización de la Policía Nacional e inclusión de una perspectiva de derecho en la seguridad ciudadana, que pueda conducir una visión de seguridad pública.

La elaboración de propuestas de políticas de seguridad deben partir de la comprensión de nuestra propia realidad y contexto, debe partir de una claridad de las amenazas de carácter local, nacional, regional, también deben tener una de conexión con factores geopolíticos que inciden en la problemática y que deben ser considerado para sus propuestas de soluciones.

En el actual proceso electoral es lamentable que los distintos candidatos/as tienen desde mi punto de vista, una insuficiente y precaria propuesta en relación a la seguridad ciudadana, no pasan de ser simples frases, slogan para su agenda mediática, que claramente no trasciende a lo formal, a lo real y concreto, no parten de reflexión u análisis profundos y serios, de ahí la clara incomprensión del fenómeno y sus limitados planteamientos.

La profundidad del problema de la seguridad ciudadana, su prioridad en la agenda nacional, necesariamente va a repercutir en el proceso electoral, por ser una de las grandes preocupaciones de la población y la deuda histórica acumulativa de políticas efectivas y sistémicas de prevención del delito y la criminalidad.

En la República Dominicana las propuestas y la implementación de políticas de derechos en materia de seguridad ciudadana, inexorablemente debe contemplar, un sistema de justicia independiente, ágil, accesible, que genere confianza y con la entereza necesaria para imponer un sistema de consecuencia sin distinción de raza, credo, origen social, económico o político, donde no reine la impunidad para los ricos o para la delincuencia política.

Todos/as los candidatos/as a posiciones públicas, la población en sentido general debemos partir de la reflexión, ¿Cómo devolver la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional y en el Poder Judicial? ¿Cómo retomar los espacios públicos con nuestras familias? ¿De qué manera frenamos la privatización de la seguridad? ¿Cómo podemos devolver al Estado su rol de garante de la seguridad ciudadana? ¿Tiene la sociedad dominicana el deber de reducir la intención de grupos anti-derechos de promover las ejecuciones por manos propias?

Las propuestas en el contexto electoral de políticas de seguridad ciudadana que la sociedad tiene que esperar, tiene que trascender la necesaria reforma de la Policía Nacional, porque esto es apenas un elemento, de todo un proceso que tiene que tener una visión más estructural y sistémica con una perspectiva de derechos, considerando distintos ámbitos desde el hogar, la escuela o el ámbito público.

Por cuanto, las propuestas de políticas de seguridad ciudadana que debemos demandar no pueden surgir de una visión mediática, electorera-propagandística, aislada de nuestra realidad o intentar extrapolar ideas, prácticas de otros contextos y mucho menos surgida de aprobaciones de expertos internacionales, que en nada conocen el fenómeno propio de nuestro país, además que las políticas de seguridad ciudadana como cualquier otra, en su construcción, diseño e implementación la ciudadanía debe jugar un rol protagónico.

La sociedad dominicana no resiste políticas aisladas en materia de seguridad ciudadana, ni parche y mucho menos mediatizar el tema, sin profundizar en su comprensión e implementación de medidas concretas con un enfoque multisectorial, políticas de prevención, reformas institucionales-legales, inversión pública en políticas sociales suficientes que garanticen una vida digna de todas/os las personas, que incluye una nueva relación entre Estado y sociedad.

Esperamos que en el país pueda repercutir y profundizarse en el marco del contexto electoral el debate, las propuestas, cruzando de la seguridad ciudadana a la seguridad pública, para garantizar los derechos de los dominicanos/as y para la reducción del delito y la violencia como política de Estado.

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