El tema de la Seguridad Ciudadana y de La Policía Nacional ha sido objeto de nuestro análisis en diferentes ocasiones; en cada una de ellas hemos sostenido nuestro parecer con planteamientos variados debido a los distintos contextos en los que tanto la institución del orden como el concepto mismo han estado en la palestra pública.
Asimismo, en otras ocasiones hemos hecho esta pregunta y dado estas respuestas: ¿Por qué es tan recurrente el tema de la Seguridad? Pues porque la misma es vital para las personas, en el sentido de que indica presencia de confianza para la vida y convivencia, así como de certidumbre para un futuro estable y feliz; porque sugiere ausencia tanto de riesgos como de amenazas, lo que la convierte en una necesidad humana de importancia fundamental, por lo tanto, es un derecho de la ciudadanía, y sobre el Estado recae la obligación de proporcionarla; de ahí que constantemente se le exija a las autoridades más empeño en la función garantizadora de aquella.
Podemos ver cómo ha venido evolucionando el concepto y la percepción de ésta, pues se han ido modificando. En la actualidad, se tiene muy en cuenta a quién va dirigida la seguridad, o sea, a quién se protege. En este aspecto se ha llegado a diferenciar quien es el beneficiario final de las acciones de seguridad, si el individuo o el Estado.
En la República Dominicana, el concepto de Seguridad, del cual, la Seguridad Ciudadana es uno de sus ámbitos; ha pasado conceptual y operacionalmente por numerosos avatares y ello ha respondido, la mayor parte de las veces, a la convulsionada historia política vernácula, pues hasta hace poco tiempo, la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, fueron tradicionalmente, los principales actores en lo que se refiere a la Seguridad. Esto comenzó a cambiar a mediados de los años 90 del pasado siglo, cuando comenzaron a aflorar aires de modernización y profesionalización en la institución del orden, cuando se asume como válido el protagonismo civil en asuntos concernientes a la Seguridad de la nación.
Sin embargo, los hechos acaecidos en los últimos días, demuestran que la policía con que contamos, necesita aún de mucha atención, que se traduzca en equipamiento, tecnificación, protocolos de actuación y en algunos casos, medidas profilácticas. Los recursos de todo tipo que se destinan a enfrentar la criminalidad no son suficientes, comenzando por los pírricos sueldos que devengan los agentes del orden. Tampoco existe un efectivo régimen de depuración de quienes ingresan a las filas.
En el país, sufrimos riesgos de Seguridad Ciudadana que son causados por un conjunto de vulnerabilidades que no son atendidas a tiempo y suficientemente, dentro de las cuales se cuentan: elevado nivel de pobreza, debilidad de las instituciones gubernamentales, desigualdad social, exclusión social y corrupción institucional; pero lo que ocurre en la filas policiales, también se advierte de manera clara en las instituciones políticas, judiciales, legislativas, y en una gran parte de toda la sociedad, es decir, la fiebre no está en la sábana.
El Presidente Luís Abinader da muestras de voluntad al empeñarse en llevar a cabo una efectiva reforma policial, lo aplaudimos, hace tiempo que debió hacerse; aunque no de golpe y porrazo, en una institución con una historia de 64 años donde trabajan unos 35 mil hombres que llevan el sustento a sus familias, tampoco debe ser un salir del paso; la profilaxis que allí se necesita es de manzanas podridas como en todo conglomerado social.
La reforma debe ser integral, lo que no implica que se corte de raíz o que se desintegre la institución; y pensamos que así será, máxime si le tomamos la palabra al abogado Servio Tulio Castaños Guzmán, designado para presidir la Comisión de Reforma Policial, quien ha dicho que los trabajos están avanzados en un gran porcentaje, que los reglamentos de la Ley Orgánica de la institución se encuentran en un 95% de avance y que un 80% de la encomienda de la Comisión ya está discutida y sólo falta plasmarla por escrito.
Viene a cuento que en la primera década de este siglo, se crearon mecanismos que ponían atención a los asuntos referentes a la Seguridad Ciudadana, pero que el Gobierno pasado dejó de lado. Por ejemplo, el Decreto N0. 263-05 que declaraba “Prioridad Nacional” el Plan de Seguridad Democrática a cargo de la antigua Secretaría de Estado de Interior y Policía, La Procuraduría General de la República, y la Policía Nacional; el Decreto N0. 315-06, que fortalecía la base organizativa e institucional para enfrenar la inseguridad ciudadana y que entendía el tema como prioritario en la agenda nacional. Esta disposición creaba el Consejo Nacional de Seguridad, para asesorar al Presidente de la República en asuntos relativos a la Seguridad Nacional, entre las que se encontraban, diseñar acciones contra el crimen organizado, narcotráfico, tráfico humano y de armas, además de servir de soporte en la aplicación del Plan de Seguridad Democrática; el Decreto N0.314-06 incorporaba a la Policía Nacional jóvenes bachilleres y universitarios, para laborar en el área administrativa y en tareas preventivas, entre otras disposiciones.
La Constitución de la República del año 2010, en su Artículo 260, establece como objetivos de alta prioridad nacional, “Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes”. Esto demuestra la gran preponderancia con que se abordaba y como debe seguirse poniendo atención al flagelo.
El Gobierno dentro de sus planes (si existen) debe asumir como amenazas a la Seguridad Ciudadana, la pobreza, la exclusión, desigualdad social y corrupción institucional; Tales planes deben confluir con los planes de desarrollo, pues sólo así estos serán efectivos en la prevención de la violencia.