El acuerdo que negocian el PLD (o el danilismo) y el PRD (o el miguelismo) ya comienza a preocupar a mucha gente por las concesiones que se han filtrado, demostrando que todo es posible en nombre de la reelección.
La creación de dos nuevas provincias constituye un crimen contra el uso eficiente de los fondos públicos y como los autores, por lo menos de la propuesta, están conscientes que es así, han utilizado como excusa designar las nuevas provincias con los emblemáticos nombres de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Sería utilizar a dos insignes muertos como cómplices de semejante crimen.
La creación de dos nuevas provincias sería duplicar en cada una de ellas las posiciones existentes en la provincia que sería dividida, desde el Senador, hasta los Consejos de Regidores, con sus regidores y suplentes, alcaldes, vicealcaldes, Juntas de Distritos con sus directores, Juntas de Vocales, gobernadores y un largo etcétera, porque como el dinero público no duele, distribuyámoslo entre los profesionales de la política.
El fraccionamiento territorial ha perjudicado notablemente el gasto público en lo que tiene que ver con la racionalidad del mismo, haciendo cada vez más grande e ineficiente al Estado. Por lo menos diez provincias tienen menos de cien mil habitantes según el censo del año 2010, algunas llegan a cantidades verdaderamente ridículas, como los 43,587 de Pedernales, con una votación de solo 7,785 en las elecciones del 2012. Otras nueve provincias tienen menos de doscientos mil. En vez de estar creando nuevas provincias deberían estar fusionando algunas de ellas pero eso sería reducir el huacal.
Durante la reforma constitucional del 2010 se planteó en varias oportunidades ponerle un “candado” (el término ha pegado) al fraccionamiento del territorio y lo que se pudo obtener fue la disposición del artículo 112 constitucional que otorga naturaleza orgánica a las leyes que tratan sobre la “organización territorial” y por lo tanto requieren para su aprobación del voto favorable de los presentes en ambas cámaras legislativas.
La realidad es que en estos momentos se está modificando la Constitución, en nombre de la reelección, con los votos del 80% de la matrícula de la Asamblea Revisora, por lo que no sería para nada sorprendente que por igual se apruebe una ley orgánica que permita la creación de las nuevas provincias. Un dato curioso es que el artículo 272 constitucional dispone la obligatoriedad de un referendo para la aprobación de la modificación constitucional que trate sobre el ordenamiento territorial y municipal, pero no para una ley con los mismos fines.
Es momento de que la ciudadanía responsable, la independiente, la que estando o no de acuerdo con la reelección está consciente de que este país no resiste más fraccionamiento territorial, más gasto público superfluo, levanté su voz y proteste contra estos intentos de aquellos que no generan riquezas sino que solo pretenden apropiárselas sin importar las consecuencias.
Los autores intelectuales de esta propuesta, que espero no haya sido aceptada por el presidente Medina, no se detuvieron ante el artículo 18 de la Ley de Registro Electoral, No. 55, que dispone que "las divisiones, demarcaciones y denominaciones no podrán ser modificadas sino un año antes de las próximas elecciones siguientes", por lo que nadie debería surgir con esta idea a menos de un año de las próximas elecciones. Pero no hay obstáculo insuperable cuando se trata de la reelección y no nos sorprende que se diga que una ley modifica otra ley sin detenerse a pensar en las complicaciones que generaría al órgano electoral una modificación de tal naturaleza y en los gastos electorales que generaría. Extraño es que el presidente de la JCE, que fue rápido en cuantificar lo que costaría el referendo aprobatorio de la modificación constitucional que permita la reelección, no haya dicho nada sobre la creación de nuevas provincias.
La filtración de esta propuesta para el pacto entre el danilismo y el miguelismo deberá obligarnos a prestar atención muy especial al resto de los puntos acordados para evitar que nos ponchen con una bola rápida mientras miramos para otro lado. Habrá que mirar para todos lados al mismo tiempo.
Los acuerdos a los que arribe cualquier partido, sea con el PLD o con el PRM, o con cualquiera otro, son de interés nacional y no solo de la competencia de los partidos involucrados, pues en los mismos se suelen comprometer posiciones electivas o no electivas, decidir aprobaciones de leyes, y muchas veces hasta comprometer el patrimonio nacional o por lo menos decidir los responsables de administrar parte de él. Estos acuerdos están sujetos, como todos, a respetar la Constitución y las leyes y por lo tanto todos somos interesados en conocer su contenido y opinar sobre ellos.