Abril es el mes de la Prevención del Abuso Infantil. Desde el 1998 y por el Decreto 98-98, se establece esta fecha para recordar a las familias y a toda la sociedad dominicana la importancia de cuidar a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de abuso. Y de empoderarlos y facilitarles herramientas para su autocuidado.
Abril 2020, nos trae una conmemoración diferente, nos hace mirar hacia las medidas que deben tomar los gobiernos para la Prevención del Abuso desde las instancias llamadas a protegerlo. Es que, para hablar de prevención del abuso infantil, necesariamente debemos mirar hacia el Estado, como garante de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero cuando el Estado descuida y olvida el sentido de su función principal, la desesperanza se agudiza y el desorden toma ventaja.
La ley 136-03 o Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, acoge como uno de sus principios fundamentales el artículo #3 de La Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que “es obligación del Estado atender de manera prioritaria el interés superior del niño” y; en el principio VI la misma ley estable el “Principio de prioridad absoluta: el Estado y la sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescente”
Atendiendo a estos dos principios claves en el manejo ético y responsable de las políticas de niñez y adolescencia, es imperdonable que en estos momentos de crisis social las niñas, los niños, los y las adolescentes no hayan sido prioridad. Se evidencia la falta de estudios e investigaciones que permitan conocer la situación real de la infancia y la adolescencia dominicana, con datos pormenorizados sobre aquellos factores que les hacen más vulnerables.
Lo que corresponde hacer al Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, órgano rector de las políticas de niñez y adolescencia; es solamente, dar cumplimiento a la ley. Es encontrar soluciones y brindar respuestas a la población para que tengan mayor acceso a la educación y a la salud, por solo citar dos ejemplos. En estos momentos más que nunca se necesita el control institucional y que los programas de protección social enfoquen la atención en las personas menores de edad.
Es imperdonable que las circunstancias del COVID-19 hayan sorprendido a las autoridades del sector niñez sin una propuesta de gestión de riesgos enfocada en la infancia, sin un plan de emergencia que incluya estrategias para garantizar el derecho a la educación y a la salud en cualquier circunstancia, sin un programa de apoyo familiar y comunitario que haga ejemplos de buenas practicas en el manejo comunitario del COVID -19.
El CONANI después de lograr un marco legal pensado para priorizar la niñez y la adolescencia en cualquier circunstancia, respetando los compromisos asumidos como país al ratificar en el 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño; ha caído desde el 2004 en un limbo institucional, cediendo su rol y capacidad institucional a otras instancias que se fortalecen políticamente; esto por la falta de una dirección comprometida, incapaz de reconocer que los niños, niñas y adolescentes sí son sujetos de derechos, no como un eslogan, sino como una realidad.
En medio de la desnudez que revela el CORONAVIRUS, de una sociedad permeada por pobreza educativa, sanitaria y humana, también se descubre un sistema de “Protección” de los infantes y adolescentes, que en vez de orientar y abogar por este amplio grupo social; genera una mayor indignación, como lo ocurrido en el INAIPI, una institución donde la edad de la ternura debe florecer, pero lo que florece es un escándalo mayúsculo de robo, de corrupción, de manejo ilícito de los recursos destinados a los niños y niñas de 0 a 5 años. Un veradero abuso institucional y estatal contra la niñez. ¿Cómo es posible que no aporten estrategias al colectivo y solo sean capaces de ver sus propios intereses, aportando escándalo y bochorno? Atreverse a robar a los más vulnerables es un imperdonable crimen de Lessa patria que exaspera al de más duro corazón.
Se hace urgente un pacto por la niñez y la adolescencia, un gran Plan Nacional a favor de la infancia y la adolescencia. Se hace urgente la revitalización de las organizaciones de la infancia para que realmente aboguen y se expresen altivas levantando la voz para que las voces de los niños, niñas y adolescentes sean sus adultos responsables y que actúen de manera coherente con sus proclamas y fines. Basta ya de entidades enmudecidas o con grito inaudible, sumidas en burocracias, apariencias y consumo inútiles de recursos presupuestarios.
Es impostergable que el discurso político se exprese a favor de la niñez y adolescencia, especialmente aquella más vulnerable. Es urgente que llegue el cambio que tanto esperamos para hacer realidad la lección de respeto y amor a esta sociedad expresado en unas políticas claras que beneficien a nuestras niñas, niños y adolescentes
El CORONAVIRUS nos ha demostrado que sin un trabajo desde la infancia no tendremos el país que queremos tener todas y todos los dominicanos. La niñez es la etapa de crear felicidad y ternura, la de guardar los mejores momentos para la vida. Paguemos esa deuda acumulada en tantos años de abandono.
Conmemoremos el mes de abril, aguerrido y valiente para el pueblo dominicano diciendo no a la violencia institucional contra la niñez, NO al Abuso Infantil en cualquiera de sus manifestaciones.