Frente a las persistentes denuncias de casos de corrupción, de este y el anterior gobierno, se ha puesto en evidencia el profundo deterioro de la cultura política dominicana; es decir del conjunto de normas y, reglas institucionales, como también de los valores éticos y morales que estructuran las conductas de algunos políticos y funcionarios de la administración pública.
Desde el establecimiento de la República, la cultura política dominicana se ha caracterizado por un fuerte proceso de desinstitucionalización, donde el liderazgo político no acata las normas legales, haciendo posible la fuerte presencia del caudillismo, el presidencialismo y, el autoritarismo. Desde Trujillo, pasando por Balaguer, hasta la actualidad, ha predominado, con algunas variantes, una visión política centralista, clientelistas y patrimonialistas.
Esta tradicional cultura política, ha dado lugar a una especie de “naturalización” de la corrupción. En el imaginario político de muchos ciudadanos y funcionarios dominicanos, aparece como normal que se vaya a la política a enriquecerse y, hacer negocio con los fondos públicos del Estado. En cierta medida, el patrimonialismo y clientelismo, se han convertido en recursos de construcción de fidelidades políticas en los partidos, pues mientras más beneficios, privilegios y recursos se reparten, más poder y fidelidad se conquista.
En la democracia dominicana, la administración pública se ha convertido en un medio de realización de los intereses privado-individuales. La clase y las élites políticas construyen su base de apoyo social, redes de lealtades y fidelidades sobre la base del clientelismo.
Por lo tanto, la democracia, para muchos dominicanos, no es más que una palabra que sirve para legitimar el uso de los recursos públicos y reciclar las élites políticas cada cuatro años, pues no se expresa en bienestar social, ni aumento de la participación política de los ciudadanos.
Los ciudadanos, desprovistos de poder y capacidad de intervención en las decisiones políticas, aparecen como una masa de votantes sometidos a los mismos procedimientos e imperativos de consumidores de imágenes, promesas y espectáculos políticos cada cuatro años, provocando una despolitización del ciudadano como sujeto crítico-reflexivo y una re-politización a través del clientelismo.
La persistencia de la corrupción y la voluntad de hacer negocio, no muy lícito, con los fondos públicos, ponen en evidencia que el problema de la corrupción, del clientelismo va más allá de un gobierno o, de un partido, que es un problema institucional y cultural que hay que atacar. Pues la legitimidad de la democracia, descansa en la fortaleza de las instituciones políticas, el respeto a las reglas y normas vinculantes, que hacen posible la construcción de un orden social con equidad, cohesión y justicia social.
Entendemos que, la cultura política que sirve de sostén a la actividad política dominicana, debe de estar respaldada por funcionarios públicos y partidos políticos que acaten las normas, las reglas de juego del campo político, que defiendan una visión plural, diversas y participativa de la política, basada en la confianza y la búsqueda de la equidad y la cohesión social. Pues, difícilmente una sociedad pueda desarrollar una cultura de la legalidad, es decir, de respeto y sujeción a un marco normativo, si las leyes no se respetan o, si la aplicación de las mismas está sujeta a un manejo discrecional de los funcionarios de los partidos.
De igual manera, tampoco se puede esperar que se desarrolle una cultura de respeto a la pluralidad, diversidad, si no existen condiciones para que diferentes partidos políticos y organizaciones sociales de todo tipo, tengan las mismas oportunidades para deliberar, articular intereses y movilizar a la población en favor de los programas y proyectos que defienden.
Tampoco podrá florecer una cultura política deliberativa, si las instituciones gubernamentales y de representación política, funcionan a partir de criterios de unanimidad y, no de construcción de consensos o, acuerdos capaces de recoger la insoslayable heterogeneidad moral y política de los diversos actores de la sociedad dominicana.
De manera que resulta imperativo que, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las redes y los movimientos sociales, exijan mayor nivel de participación e, inclusión en los debates políticos y, se construya una nueva cultura política basada en el diálogo, la comunicación y la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el respeto a la diversidad cultural del pueblo dominicano.