Nos encontramos en el medio de la crisis ocasionada por el COVID-19, pero nos encaminamos hacia una progresiva reapertura económica. En este momento, el impacto que pueda tener la operación de las empresas en la salud de las personas adquiere más relevancia y se convierte en objeto de monitoreo social. Los actores sociales se preguntan si sus lugares de trabajo les garantizarán entornos seguros para su salud. Las empresas se enfrentan así a un reto: ganarse la confianza y legitimidad de la sociedad en lo concerniente a sus modos de operar. A mediano plazo, sin embargo, esto se traducirá en mayores oportunidades y menores riesgos para la empresa si se enfrenta responsable y creativamente. Es lo que algunos denominan “licencia social para operar”.
Gozar de una licencia social para operar requiere que las empresas se comporten con transparencia y responsabilidad. Para ello, deberán estar en condiciones de asegurar al público en general que sus actividades no ponen en riesgo el derecho a la salud de sus grupos de interés, especialmente empleados, clientes, suplidores y las comunidades en que operan. Como puede fácilmente deducirse, el concepto de licencia social para operar abarca mucho más que contar con un buen programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Comunicación. Para contar con la confianza pública, se deberán revisar aspectos que afectan el núcleo de operaciones de la empresa. Si no se revisan todos los aspectos operacionales, se pueden poner en riesgo la reputación, el desempeño financiero e inclusive la responsabilidad legal de la empresa.
Una pregunta se impone: ¿cómo puede una empresa cumplir con su responsabilidad de respetar el derecho a la salud en sus operaciones diarias? La respuesta se puede dar en dos vertientes. La primera es indispensable y abarca acciones para minimizar cualquier impacto negativo que la empresa pueda tener en la salud de los grupos de interés antes mencionados. Esta vertiente incluye la puesta en práctica de procesos para prevenir y remediar casos de impactos adversos, por ejemplo, implementando protocolos de higiene y distanciamiento físico en sus instalaciones, definiendo protocolos de trabajo presencial que consideren de forma especial a colaboradores en condiciones de vulnerabilidad, o evaluando y atendiendo sistemáticamente a las vulnerabilidades que pueda generar la pandemia en la cadena de suplidores, entre otras.
La segunda vertiente se refiere al rol proactivo que pudiera jugar una empresa para contribuir a la realización del derecho a la salud de sus grupos de interés. Este rol debe entenderse como algo más amplio que actividades filantrópicas o aportes económicos que, si bien pueden considerarse como muy válidos, no representan la única vía a recorrer, ni resultan factibles para las micro y pequeñas empresas.
En República Dominicana tenemos el caso de Colchonería y Mueblería La Nacional, que ha reenfocado sus operaciones habituales para producir mascarillas. Esta innovación no solamente ha permitido a la empresa seguir operando, manteniendo un porcentaje de su nómina activa, sino que también ha satisfecho una necesidad social a través de la producción de un producto esencial para enfrentar la crisis. Otro ejemplo que pudiera adoptar una empresa es la apertura de canales de distribución/atención especial a consumidores en condición de vulnerabilidad.
La vía en la que cada empresa pueda aportar de forma proactiva dependerá del ejercicio que cada una realice. Para ello deberá tomar en cuenta varios factores como su objeto de negocio, el sector en el que opera y su tamaño. Representa también una oportunidad para la empresa identificar nuevas y mejores oportunidades de negocio, pero bajo una visión de derechos humanos y desarrollo sostenible.
El actual contexto sirve para evidenciar el cambio de paradigma con respecto al rol de las empresas en la sociedad. La población se encuentra en un momento sensible y en este contexto, la capacidad que tenga una empresa para asegurar a sus grupos de interés que ha tomado todas las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud tendrá una incidencia crucial para la continuidad del negocio. Las oportunidades serán aún mayores si la empresa puede demostrar que sus operaciones, además de no afectar negativamente, generan un impacto positivo en la sociedad, fortaleciendo la legitimidad de sus operaciones y con ello su “licencia social para operar”.