Jerarcas empresariales, copropietarios del poder económico dominicano y cómplices del cartelizado PLD, intentan desacreditar la Marcha Verde alegando que le proporcionaban fondos y que, dado que se ha convertido en un movimiento político, dejarán de subvencionarla.
Organizadores de la Marcha Verde niegan la subvención empresarial y sostienen la necesidad de seguir con las luchas reivindicativas que le dieron origen: eliminación de la corrupción y la impunidad, reforma de las instituciones, enjuiciamiento de los corruptos, devolución de los bienes robados al erario público y su inversión en programas sociales de salud, vivienda, educación y medio ambiente.
Como bien plantea Manuel Castells, la gente se mueve más por la emoción que por la razón. La gente tiende a creer lo que quiere creer. Y ese querer creer está manipulado por la información o desinformación y el bajo nivel educativo.
Apelando a estas premisas, grupos empresariales amparados en el paraguas de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) intentan convencer a la gente de que la Marcha Verde no tiene sentido, ya que el gobierno sometió a la justicia a los burócratas sobornados por Odebrecht quienes están en prisión y en espera de juicio.
Los empresarios integrantes de la AIRD quieren parar la Marcha Verde mediante una desvalorización ética de la misma. Temen al hecho de que la Marcha Verde, en tanto movimiento social o acción colectiva consciente, está cambiando los valores de la sociedad y está actuando sobre las mentes de la sociedad (Alain Touraine) y, en ese proceso, está produciendo un cambio en la cultura política.
La Marcha Verde, en tanto movilización social que surge de la indignación está logrando cambiar el accionar de las instituciones al margen de las estructuras institucionales (partidos políticos, sindicatos, empresarios, etc.).
Los empresarios de la AIRD están haciendo acopio de la política del escándalo para tratar de destruir la confianza y la credibilidad de la gente en la Marcha Verde. Buscan desprestigiar a los organizadores de la Marcha y sus reivindicaciones, en una batalla por el poder simbólico en donde se trata de poner en juego la reputación y la confianza del movimiento social, que ahora reclama el apoderamiento de jueces independientes del oficialista PLD para juzgar el caso Odebrecht.
Los empresarios se olvidan del poder de las redes sociales en su capacidad de difundir informaciones veraces y que, en tanto mecanismo de articulación de los movimientos sociales, es autónomo y funciona al margen del poder de los medios de comunicación de masas controlados en su mayoría por el Estado y las corporaciones empresariales sustentadoras del regimen.