La falta de civismo impide una buena relación entre las personas que demandan servicios públicos a las autoridades dominicanas. Es común la prepotencia y arrogancia por parte de muchos servidores o funcionarios públicos incapaces y llenos de mediocridad, y sumado a ello por otra parte, los que tienen algún nivel de poder económico, que muchas veces les impide ver más allá de sus narices, los cuales se sienten con patente de corso para violentar las normas y las buenas costumbres, fundamento esencial para la convivencia pacifica y para el desarrollo integral sostenible de todos los habitantes.
Ni autoridades ni ciudadanos saben conducirse con respeto y urbanidad frente al orden social y el estado de derecho. No Tenemos cultura de respeto a las normas, nos comportamos como una sociedad incivilizada.
La sociedad dominicana requiere más que nunca la consolidación del estado de derecho fuerte e inviolable respaldado por instituciones con lineamientos éticos y de principios morales, sustentados por la cohesión social.
Frente a un Estado disfuncional y que además trabaja contrario a su esencia de servir, para servirse de los recursos públicos en beneficio único de los grupos de poder que dirigen, en perjuicio de las grandes mayorías más necesitados, en especial de las clases más trabajadoras
En estos momentos, República Dominicana, demanda transformaciones profundas comenzando con resistirse a los siete pecados capitales del mundo descritos por Mahatma Ghandi: “la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moralidad, la ciencia sin humanismo, la religión sin sacrificio y la política sin principios.”
En las sociedades avanzadas con desarrollo integral y humano, todo lo malo es posible, pero de manera excepcional. En nuestros países, de posiciones tercermundistas, estancados en las vías del desarrollo en los que se incluye y es el caso de la República Dominicana, todo lo malo es posible, pero en la generalidad.
Esto no es un asunto de percepción, es un asunto de realidad. Esta situación se basa en una principal razón: la falta de institucionalidad, que se desprende del incumplimiento a las normas (anomia generalizada), generando la corrupción en todos los sectores; y de todo esto lo más sobresaliente, el individualismo o falta de aportes positivo por parte de los ciudadanos.
Si bien es cierto que el derecho individual de adquirir riquezas y bienes, es legítimo, también es cierto que el derecho colectivo tiene supremacía sobre la individualidad.
El funcionario público está obligado a velar por el bien común, pues hace un contrato por el que recibe pago, con el que se compromete y jura cumplir, pero es quien menos lo hace. Si observamos el comportamiento social de los que mayores recursos poseen, podemos ver que priorizan la autorrealización (vanidades, lujos y despilfarro de riquezas) en detrimento de las necesidades básicas de la colectividad.
Frente a un Estado disfuncional y que además trabaja contrario a su esencia de servir, para servirse de los recursos públicos en beneficio único de los grupos de poder que dirigen, en perjuicio de las grandes mayorías más necesitados, en especial de las clases más trabajadoras.
Dejando claro el daño y desestimulo a la producción nacional. Situación que nos deja una única salida, el empoderamiento de los ciudadanos de su soberanía, cohesionados para imponer el estado de derechos y una revolución social y política, que obligue a redireccionar los destinos del país a un desarrollo integral, humano y sostenible.