La mañana de este domingo 29 de noviembre nos recibió con la noticia de los apresamientos de múltiples ex funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como de otros allegados a este partido. Dentro de este grupo se encuentran dos hermanos del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina y Carmen Magalys Medina, así como el ex ministro de salud, Freddy Hidalgo y el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagan.
La población en sentido general recibió con satisfacción las ejecuciones del Ministerio Público, liderado por el Magistrado Wilson Camacho, Procurador General de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Muestra de ello fue que la noche del mismo domingo se hizo sentir en múltiples sectores de la capital dominicana un cacerolazo en apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ahora bien, así como existe ese sentimiento esperanzador en que los responsables en la comisión de actos de corrupción serán castigados con todo el peso de la ley, también nos alberga una gran incertidumbre ya no sabemos si estamos presenciando una escena más del circo que nos han acostumbrado los distintos actores que interactúan con la justicia.
Los apresamientos y las solicitudes de medida de coerción que se estarían conociendo es un primer paso importante en este proceso, sin embargo, no es el único y no podemos quedarnos allí. Para que haya un combate efectivo y real contra la corrupción y la impunidad, a partir de ahora es que inicia el trabajo fuerte, ya que a continuación es que el Ministerio Público tiene la tarea más ardua: quebrantar la presunción de inocencia de la cual está investido todo imputado. Es su obligación presentar ante el Poder Judicial expedientes sólidos, con pruebas vinculantes que no admitan la menor duda de la comisión de los delitos que se les imputan a los que está siendo acusados actualmente.
Actuar de esta manera es lo único que le permitirá al Ministerio Público exigirle justicia a los jueces que les corresponderá juzgar a los hoy imputados. A fin de cuentas, la condena social no es suficiente en un estado social y democrático de derecho como lo es el nuestro. Poco importa que la totalidad de la población considere que los imputados son corruptos y cometieron los delitos que se le acusan, siempre será necesario que existan pruebas que así lo demuestren, y, los encargados de poner dichas pruebas en manos de la justicia es el Ministerio Público.
Por igual, quisiera aprovechar el presente para hacer un llamado no solo al Ministerio Público, sino a la población en sentido general. Somos conscientes del nivel de indignación que existe entre nosotros por el manejo deshonesto y sin consecuencias que ha habido de la cosa pública en nuestro país a lo largo de su historia. Sin embargo, la sed de justicia no puede convertirse en venganza. No debemos caer en condenar anticipadamente a todos aquellos que sean sometidos a la acción de la justicia. Precisamente si queremos tener un país donde lo único que exista sea el imperio de la ley, debemos empezar por exigir que a todas las personas se le trate conforme a la ley. Sin importar si esa persona entendemos que es corrupta o no. No es nuestro deber determinar la veracidad de dicha acusación.
Siempre he tenido la convicción de que todo el mundo considera que tenemos un proceso penal muy garantista, hasta que uno mismo o un familiar de uno es el acusado. En ese caso, queremos que se respeten todos los derechos y se nos otorguen todas las garantías. En ese sentido, exijamos justicia, seamos vigilantes del Ministerio Público y su accionar, pero, a la vez, dejemos que el proceso se desarrolle y sea la justicia la que finalmente determine la culpabilidad o la inocencia de los hoy acusados. Hacer lo contrario, es actuar tan al margen de la ley, como aquellos que consideramos la han violado.