Libertad de Expresión

Elecciones en Cataluña

Por Rolkin Lorenzo Jiménez

El pasado 21 de diciembre se celebraron elecciones en Cataluña, una de las diecisiete comunidades autónomas por las que está compuesto el territorio español. Los comicios tuvieron como finalidad escoger a los diputados del Parlamento Catalán, órgano del cual emana el gobierno autonómico y deriva su legitimidad democrática.

Desde 1978 en España impera un modelo de organización territorial consistente en un Estado Autonómico, a través del cual el orden constitucional vigente reconoce cierto grado de autogobierno a determinadas regiones debido a su singularidad lingüística, cultural e histórica. Junto con el modelo autonómico coexiste un sistema de gobierno parlamentario tanto en el ámbito del gobierno central español, representado en la Presidencia del Gobierno, como en el de los gobiernos autonómicos, que en el caso catalán se refleja en la Generalitat de Cataluña.

Como es de conocimiento, en los sistemas parlamentarios no se alza con el Gobierno la tendencia política que alcance el mayor número de votos, sino más bien aquella que obtenga la mayoría absoluta de escaños o curules en el Parlamento (Congreso). Comúnmente, el partido que obtiene mayoría de votos, pero no de escaños, suele recurrir a pactos con otras organizaciones para alcanzar la anhelada mayoría absoluta y así poder formar gobierno.

Las recientes elecciones en Cataluña han sido una de las principales consecuencias del desafío independentista liderado por el ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien llevó a cabo el pasado 1 de octubre un ilegal referéndum en favor de la independencia de Cataluña, no obstante haber sido declarada inconstitucional la convocatoria del mismo por parte del Tribunal Constitucional Español. Este desacato del ex gobernante catalán desencadenó que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, previa aprobación del Senado, aplicara el artículo 155 de la Constitución Española, disposición esta que, como sucede en Alemania, permite al gobierno central intervenir a un ejecutivo regional cuando este se ha saltado el orden constitucional. La aplicación de la referida disposición constitucional trajo consigo la suspensión del autogobierno catalán, la destitución del presidente Puigdemont y la convocatoria a las pasadas elecciones del 21 de diciembre.

Los recientes comicios catalanes no solo son históricos por el contexto en el que fueron convocados, sino también por el resultado que arrojaron. Por primera vez en cuarenta años de democracia un partido que no enarbola el nacionalismo y el independentismo catalán obtiene la mayoría de votos. CIUDADANOS, la organización política fundada por Albert Rivera, ha sido la fuerza política más votada, pero no ha alcanzado la mayoría absoluta (68 de 135 diputados) que le permita formar gobierno. Por su parte, las organizaciones defensoras de la independencia (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya yCandidatura d'Unitat Popular) aunque lograron menos votos que CIUDADANOS, la suma de los escaños que por separado obtuvieron les permite alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento Catalán, por lo que se da por hecho que repetirán nuevamente el pacto que en enero de 2016 permitió investir como presidente a Puigdemont.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña (constitución catalana), una vez constituido el nuevo Parlamento - lo cual está pautado para el próximo 23 de enero-, se comienza a computar un plazo de diez días hábiles para celebrar el debate para investir un nuevo presidente autonómico. En caso de no lograrse la investidura, el referido plazo podría prorrogarse hasta por dos meses, tiempo en el que, al no conseguirse investir a ningún candidato, se procedería a disolver el parlamento catalán y a convocar a nuevas elecciones autonómicas.

Como se puede apreciar, la parte más determinante del turbulento escenario político catalán tendrá lugar en las próximas semanas. Una posible formación de un gobierno autonómico liderado por los independentistas mantiene llenos de interrogantes a todos los sectores políticos españoles y catalanes, muy especialmente al Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy, quien ha advertido que estaría dispuesto a aplicar nuevamente el artículo 155 en caso de que el nuevo gobierno autonómico catalán se proponga dar continuidad al inconstitucional proceso de independencia de Cataluña del resto de España.

Por el bien del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica y de la institucionalidad democrática, se espera que el nuevo gobierno que surja del Parlamento Catalán se encause por el respeto hacia el orden constitucional, garantía máxima de la convivencia pacífica pacta por los ciudadanos.

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