Algunas voces perversas insisten en remachar la posibilidad de que las próximas elecciones se tengan que posponer y que eso requiera la posposición de la toma de posesión de un nuevo gobierno. Quienes propalan esa majadería política le hacen un muy flaco servicio a la institucionalidad democrática. Después de una lamentable posposición de las elecciones municipales, posponer las presidenciales y congresuales mandaría una ominosa señal de inestabilidad política. Las consecuencias económicas serian funestas.
Son muchas las razones para poder afirmar que no hay justificación alguna para una posposición de las elecciones. Aunque la pandemia ha causado la posposición de muchos comicios en diferentes países del mundo, algunos países ya han celebrado elecciones exitosamente, siendo Corea del Sur el mejor ejemplo. Y 20 otros países actualmente planean celebrarlas este año a pesar de la situación sanitaria mundial. En nuestro país la situación sanitaria actual y avistable no amerita que haya una segunda posposición de las elecciones presidenciales y congresuales.
A esa conclusión llegaron todos los partidos políticos cuando acordaron con la JCE la nueva fecha del 5 de julio. Su unanimidad fue tal que ninguno tuvo objeción a que la posposición se hiciera por resolución del organismo; se admitieron los argumentos que hacían valida la decisión de posponer las municipales sin tener que recurrir a una modificación constitucional (o una decisión del Tribunal Constitucional). La decisión fue precedida por un dialogo bajo los auspicios del Consejo Económico y Social que produjo múltiples acuerdos acogidos posteriormente por la JCE. En representación de la sociedad civil, la Comisión de Acompañamiento creada por el dialogo ya inclusive ha acordado un calendario para las elecciones con la JCE.
Detrás de la posposición subyace el convencimiento de que para la fecha en cuestión se habrá aplanado los suficiente la curva de los casos y las muertes por el COVID-19. Esa ha sido la opinión de varios epidemiólogos nacionales, aunque bajo la presunción de que se habrá respetado –por el tiempo fijado por las autoridades– la cuarentena y el toque de queda, así como las medidas sanitarias para evitar el contagio. Sobre la base de esa predicción el gobierno ya ha anunciado una próxima reapertura gradual de la economía que, según el Ministro de Hacienda, comenzaría el 15 de mayo. El gobierno estudia además la posibilidad de extender por un mes más las ayudas sociales.
[Aunque los científicos han advertido que probablemente no habrá una vacuna para evitar el contagio hasta principios del 2021, han surgido reportes de una (p. ej. Oxford) que estará disponible para el otoño, mientras otras avanzan en las pruebas con humanos (Moderna). En cuanto a la terapia se usa con cautela la hidroxicloroquina y ya se usa el remdesivir en EEUU y Japón como medicamento aplicable y están surgiendo otras terapias prometedoras –incluyendo la de Puerto Plata— que están siendo probadas.]
Ya la JCE trabaja en la elaboración de un protocolo para la celebración del certamen, siguiendo los lineamientos internacionales de entidades tales como la OMS y la UNIORE. Algunos de los partidos han también ofrecido sugerencias al respecto y se ha anunciado que el protocolo final será consensuado con los partidos. Este incluiría no solo la extensión del horario de votación, la separación por sexo y el distanciamiento social en las filas, sino también la desinfección de los colegios electorales y el uso de mascarillas y guantes por parte del personal. Una entidad especializada (CAPEL) también ha sugerido celebrar el certamen en dos o más días para evitar las aglomeraciones. Todavía no se ha decidido como manejar el voto en el exterior porque mucho depende de las medidas que hayan adoptado los países donde reside la diáspora, pero ya existen entidades que pueden muy bien asesorar a la JCE al respecto. A-Web es una entidad de Corea del Sur que podría suplir esa asesoría, pero también hay en Estonia la experiencia para instalar el voto electrónico.
El protocolo para la votación local no presenta valladares insuperables. Aunque requerirá de un esfuerzo considerable de parte de la JCE para aplicarlo, además de un gasto extra que podría incluir el suministro de kits sanitarios a cada elector, su complejidad seria mucho menor que los requisitos de la planeada reapertura de la economía. Si esa reapertura es posible sin amenazar la salud publica con un rebrote del virus, también debe ser posible celebrar el certamen electoral durante uno o dos días. La reapertura gradual de la economía presenta mayores retos de distanciamiento social y confinamiento de segmentos de la población que lo que generarían las elecciones.
Afortunadamente, las últimas declaraciones del presidente de la JCE no dejan duda de una firme intención por parte de ese organismo de proceder con los comicios. Las declaraciones han sido precedidas por una reunión con los partidos de hace apenas días sobre el progreso de los preparativos. Ya también cinco organismos internacionales han confirmado que vendrán a observar las elecciones. A juzgar por todos los reportes de prensa, la organización y los preparativos en curso ofrecen suficientes muestras de confiabilidad, tal y como lo ofrece la exitosa experiencia de las elecciones municipales.
Es dable suponer, entonces, que la exitosa celebración de los comicios del 5 de julio también marcara la pauta para una posible segunda vuelta el 26 de julio. Esta estaría segura si la primera transcurre con idoneidad y la JCE esta tomando las precauciones de lugar para que así sea. En caso de que esta última sea necesaria –lo cual no luce probable actualmente—habrá suficiente tiempo para que un nuevo gobierno tome posesión el 16 de agosto.
Cabe notar que cualquier alteración del curso de los acontecimientos en esta delicada coyuntura política crearía un ríspido altercado entre los partidos mayoritarios. Además, el descontento ciudadano con una posposición de las elecciones seria mucho mayor que con el aplazamiento de las elecciones municipales y podría desembocar en una desobediencia civil perturbadora de la paz social. Crearía ante la comunidad internacional una imagen de inestabilidad política.
Tal evolución descompondría nuestra imagen ante los mercados financieros y los potenciales inversionistas extranjeros. Es seguro que ralentizaría el crecimiento económico sustancialmente — sino es que lo detendría en seco– y la inversión extranjera y el turismo se verían afectados más allá de lo que han sido por la pandemia. De hecho, ya nuestros bonos soberanos están dejando de ser apetecibles porque las agencias calificadoras nos rebajarían el posicionamiento aún más de lo que lo han hecho por la contracción económica de la pandemia, aunque Panamá y Guatemala han logrado colocar bonos recientemente para enfrentar las consecuencias del flagelo.
Finalmente, es deseable que el Tribunal Constitucional desestime inmediatamente cualquier acción de inconstitucionalidad que procure cambiar el actual ordenamiento jurídico para hacer posible una postergación de la toma de posesión de cualquier nuevo gobierno que surja de la consulta del 5 de julio. No le conviene al país que una eventual intervención del TC enfrasque al país en un debate jurídico que dé pie a un empantanamiento mayor. Eso seria fatídico para nuestra institucionalidad democrática. ¡A votar el próximo 5 de julio!