Superada la crisis post-electoral del año 1994, el país había permanecido confiado en la capacidad organizativa de los jueces de la Junta Central Electoral. Esa confianza estuvo a punto de romperse en las elecciones del año 2012. Sin embargo, la prudencia del principal candidato opositor le evitó a la nación un nuevo trauma electoral.
Si echamos una rápida mirada a los procesos electorales anteriores al año 1994, veremos que los resultados del conteo se conocían pasada una o dos semanas. Sin embargo, la zozobra post-electoral quedó superada con la reforma al vapor de la Constitución.
Entre otras cosas, la nueva Carta Magna recortó el período presidencial a dos años, transitorio. Esa reducción obligó a organizar elecciones en el año 1996. La conducción del proceso recayó en hombres seleccionados con pinzas para dirigir la JCE y garantizar transparencia y honestidad. Los integrantes del organismo, consecuentemente, fueron escogidos luego de un amplio proceso de consultas, que derivó en un gran consenso entre diferentes sectores sociales de la nación.
Los nuevos jueces electorales tenían una misión clara y expedita. Debían organizar unas elecciones transparentes, en un ambiente de confianza, para mitigar los tradicionales traumas electorales en el país. El Dr. César Estrella Sadhala encabezó ese equipo de hombres probos.
Dos décadas después, en las recientes elecciones, los votantes acudieron a escoger autoridades en todos los niveles de elección; es decir, presidencial, congresual y municipal. Los últimos días que precedieron las votaciones, anticipaban el acontecer traumático del proceso que vivimos hoy.
No exagero. Una mirada a vuelo de pájaro a los hechos en el ámbito local y nacional, bastará para uno darse cuenta que soy prudente en el aserto. Tal vez, tímido.
En buen trecho del país, las juntas electorales municipales están en ascuas. Se cuentan por decenas las ciudades donde los votos están siendo recontados de manera manual, sin que se sepa hasta ahora, en el momento en que escribo, un resultado definitivo.
Entre los municipios y provincias que están en llamas son: Romana, Azua, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Además, Monseñor Nouel, Nagua, Puerto Plata, San Pedro de Macorís e Higuey.
También están recontando los votos en Salcedo, Pedro Brand, Tamboril, Dajabón, Bayaguana, Boca Chica, Cotuí, Sabana Grande de Boya e Imbert.
Incluso, en la tierra célebre por los magnicidios, Moca, provincia Espaillat y en la provincia más provincia, Santiago, los votos contados automáticos arrojan serias dudas.
El Dr. Luis Abinader, principal líder opositor, exige la destitución de los jueces electorales, señalando principalmente al presidente de la JCE, Dr. Roberto Rosario. Y remata: “No vamos a aceptar ningún resultado electoral que no sea producto del conteo manual de los votos”.
Ni corto ni perezoso el Dr. Roberto Rosario Márquez, respondón donde los haya, le sale al encuentro al Dr. Abinader. “Hay que esperar que termine el conteo de los votos. Nunca se ha visto que se destituya una junta electoral en medio de un conteo de votos”.
Desde el ámbito de la sociedad civil, el Dr. Servio Tulio Castaños, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, restó probidad a los actuales miembros de la JCE y los señala, no como árbitros, sino como operadores políticos. “La junta electoral actual está compuesta por políticos activos en los partidos”.
De modo que el actual proceso electoral ha producido un giro brusco en la dinámica política dominicana. El mayor mérito ha sido el regreso de las elecciones fraudulentas. Y lo curioso del caso es que este regreso lo inició el propio Dr. Rosario en el 2012, en las elecciones presidenciales de entonces.
La parsimonia opositora, de no tomar el toro por los cuernos a su debido tiempo, le aseguró a Roberto Rosario llegar al 2016 como jefe de la JCE. Y con ello, consolidar el retroceso electoral.