Apenas habían transcurrido cinco meses desde la celebración de las elecciones congresuales y municipales, cuando el 29 de octubre del 2010, bajo el alegato de que había resultado negativo para la democracia interna y el Sistema de Partidos, la Junta Central Electoral resolvió eliminar la modalidad del voto preferencial, que había sido incorporado mediante una resolución administrativa en el año 2002 para la elección de los diputados.
Sin embargo, tres años después, el 27 de noviembre del 2013 los favorecidos por el voto preferencial lo restituyeron mediante la ley 157-13. Se trata de aquellos diputados que desde la posición de dirigentes medios lograron, gracias al voto preferencial, ocupar sus curules en el Congreso Nacional y de los senadores que, cabalgando sobre los hombros de los candidatos a diputados, pudieron ascender a la cámara alta, gracias al arrastre, sin tener que esforzarse ni hacer grandes inversiones.
La referida modalidad de voto le brinda al elector la libertad de escoger al candidato de su preferencia de una lista cerrada y desbloqueada integrada por tantos candidatos como escaños corresponden a la circunscripción.
El voto preferencial constituye una democratización forzosa de los partidos políticos, que le permite a los electores escoger entre varios candidatos de cada partido. Gracias a esto es que los escaños que antes del voto preferencial, en los tiempos de las listas cerradas y bloqueadas, estaban reservados para los amigos de las cúpulas partidarias, en la actualidad se encuentran ocupados, en la mayoría de los casos, por los cuadros medios de los partidos políticos.
Desde hace mucho tiempo, las élites de las formaciones políticas han venido creando las condiciones para eliminar el voto preferencial y retornar a la lista cerrada y bloqueada que les permitiría seleccionar los candidatos de su conveniencia y convertirlos en diputados. Este cambio es de gran importancia para las cúpulas de los partidos mayoritarios, en este momento, debido a que les facilitaría negociar las alianzas con los partidos y distribuir los cargos a su mejor conveniencia.
La eliminación del voto preferencial solo sería factible si los partidos se democratizaran y, por lo tanto, celebraran certámenes internos libres, transparentes y equitativos. Por lo tanto, en este momento, nuestros partidos políticos no están en condición de eliminar el voto preferencial y garantizar que los candidatos que se inscriban en las listas cerradas y bloqueadas sean los preferidos por sus bases.
En ese sentido, eliminar el voto preferencial en un tiempo, como este, en el que los partidos son cada vez más antidemocrático, sería un grave error que podría afectar a todo el Sistema de Partidos. De materializarse este despropósito, los partidos se alejarían, mucho más de lo que están, de los electores, a quienes les estarían arrebatando el derecho de escoger libremente a sus representantes, para ser impuestos por las cúpulas.
Convertir en realidad el deseo de las cúpulas de eliminar el voto preferencial, con el propósito de escoger a los diputados con el dedo, se podría constituir en un elemento perturbador del proceso electoral que, además, serviría de incentivo para el fraccionamiento de nuestras organizaciones políticas.