La Junta Central Electoral declara que realizará una auditoria al sistema del voto automatizado asignando esta delicada misión a la empresa española Alhambra Eidos, dos meses y dos semanas luego de concluido el “matadero primario oficial” de octubre pasado.
En realidad, muchas cosas malas ocurrieron antes de las primarias y durante el proceso de su fallida celebración. ¿Qué pudo haber ocurrido también durante los meses en que la JCE ha mantenido los equipos bajo su absoluta y exclusiva custodia? Nadie lo sabe, pero está claro que ella no toma muy en serio la participación de las organizaciones políticas reconocidas ni mucho menos las recomendaciones puntuales avanzadas por la Fuerza del Pueblo para mejorar la confiabilidad del sistema del voto automatizado.
En adición, difícilmente pueda arrojar ninguna luz una auditoria al 5% predeterminado de las mesas. Como han dicho desde la oposición, lo que se busca es la legitimación del fraude electrónico pasado, minimizando en paralelo la compra masiva de votos y el uso de los fondos públicos a favor del candidato declarado ganador.
En la mayoría de los países donde se utiliza el voto electrónico la garantía de su confiabilidad no es esencialmente política ni reside en la buena voluntad de las autoridades electorales. Es más bien un asunto de carácter técnico que gira sobre unos mismos temas: transparencia, auditabilidad y certificación de conformidad sobre la base de la elección, mediante licitaciones apegadas a la ley, de empresas acreditadas en sus competencias sobre la materia.
También el ofrecimiento oportuno por parte de la autoridad electoral de pruebas contundentes a los partidos y la ciudadanía sobre la seguridad integral del proceso. Si el organismo electoral convence sobre la fiabilidad de estos elementos, y lo hace desde el principio, entonces se añade el elemento de la confianza pública, considerado como indispensable o muy crítico en el uso de esta modalidad de elección en procesos electorales.
Debemos tener en cuenta que existen diferencias fundamentales entre la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y el sistema de voto electrónico basado en ella: la primera permite verificar su funcionamiento adecuado al observar los resultados de la aplicación; la segunda, en contraposición con la primera, primero, debe evitar establecer cualquier tipo de conexión entre la identidad del votante y el voto emitido (trazabilidad) y, segundo, “al examinar un sistema de voto electrónico después de una elección no puede probarse directamente que todo voto fue contabilizado de la misma forma en que fue emitido” (ver: IDEA Internacional).
La garantía del respeto del anonimato de los votantes es crucial y debe asegurarse antes que el sistema comience a funcionar. Los bancos pueden permitirse grandes pérdidas por fraude, pero cuando esas pérdidas o incrementos inusitados se refieren a votos, habría que ver hasta qué punto estos serían auditables y asumibles.
Por tanto, es determinante que todos los contendientes estén conformes con el sistema, además de tener algún alto grado de certeza de que también lo estarían con sus resultados. Si ello no es posible, y difícilmente lo sería en un país con grandes carencias institucionales, habría que hacer el esfuerzo legal de tumbar las urnas electrónicas.
En Francia, los Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Holanda, Noruega, Reino Unido e Irlanda, entre otros países, el sistema ha sido seriamente cuestionado y, en algunos casos, descartado mediante tajantes y taxativas disposiciones. Por ejemplo, Finlandia retiró el i-voting para las elecciones generales por la atendible razón de que la tecnología carece del nivel necesario para cumplir con todos los requisitos exigibles. Alemania, en 2009, mediante un dispositivo de la Corte Suprema, lo declaró inconstitucional. Holanda, por igual, decidió curarse en salud y retornar al escrutinio manual y la comunicación telefónica. Por último, Noruega, Reino Unido o Irlanda, decidieron en 2012 deshacerse de 7,500 dispositivos electrónicos por su falta de fiabilidad. En España continúa una gran discusión sobre el tema.
Nuestras aprehensiones evolucionan hacia una muy avanzada patología de desconfianza al saber que la extrema vulnerabilidad de estos sistemas fue demostrada por un grupo de alumnos de Michigan bajo el mando de su profesor. Necesitaron tan solo de 36 horas para incursionar en el propuesto y cambiarle el nombre a todos los candidatos. Concluyeron, con mucha razón, que el voto electrónico proyectado por Washington DC “era un auténtico coladero de troleos” (el resultado de meterse en el sistema y obtener cualquier resultado deseado).
Si la desconfianza prevalece en países de alto desarrollo institucional, imagínense en el nuestro donde vimos a la máxima autoridad electoral defender las terribles irregularidades de última hora de las primarias pasadas, hacer caso omiso a las evidencias de una gran inversión marginal del Gobierno a favor de su flamante candidato, ignorar la compra masiva de votos para inclinar la balanza a su favor y no acoger ninguna de las recomendaciones puntuales de una fracción importante de la oposición.
Nuestro nivel de desarrollo institucional actual no admite la utilización de tal sistema. La misma adjudicación reciente de esa auditoría en el contexto del conocimiento de un recurso de reconsideración de tal proceso, habla de que aquí se respeta la normatividad a conveniencia o por mandato soterrado de los intereses políticos predominantes.