Como si congelar la pensión mínima durante una larga década no fuese suficiente humillación, ahora a doña Elsa le duplicaron el costo de firmar un poder y le burocratizaron su tramitación
Doña Elsa, de casi 94 años de edad, con serias limitaciones físicas y de salud, en silla de ruedas permanente, y teniendo que ser asistida por tres empleadas, vive junto a su hija de 72 años, una situación de impotencia. Después de 30 años de servicio en el IDSS, solo recibe la pensión mínima de 5,117 pesos, congelada hace más de una década y sin esperanza de aumento. Y como si eso fuese poco, ahora le aumentaron el costo para cobrarla y el procedimiento es más engorroso.
Su hija dice que el monto de su pensión es menor que lo que se le paga a una de las tres personas que la atienden, ya que requiere atención especial 24/7/365. Condenada de por vida a la indigencia y a la postración, sus problemas no terminan ahí. Este sistema excluyente necesita humillarla más aún, haciéndole la vida más difícil.
Como doña Elsa no puede valerse por sí misma, Loly su única hija, se ha hecho cargo de todo. Al estar en sillas de ruedas, el 26 de Noviembre del 2014 su hija y un nieto la llevaron a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado (DGJP) para solicitar y firmar un Poder Especial autorizándola a cobrar “esos chelitos”.
“Afortunadamente, dice doña Elsa, fui tratada con amabilidad y respeto. Hasta me llevaron el documento al vehículo para que lo firmara. Mi hija pagó 300 de impuesto en el Banco de Reservas, volvió a la DGPJ para que un abogado notario firmara el Poder y finalmente, lo entregó al Banco. Hasta noviembre 2015 no hubo problemas para cobrar mi pensión”.
“Pero mi viacrucis se inició el jueves 22 de octubre del 2015, cuando mi hija, mi nieto y yo volvimos a la DGPJ a renovar el Poder Especial. Mi hija pagó el impuesto, ahora de 350. La abogada notaria le explicó que, a partir de Noviembre, el documento deberá ser hecho por un abogado notario contratado por mí, con mi exigua pensión, que el impuesto subió a 600 y que se pagará en la Procuraduría General de la Republica”.
“Al siguiente día, en el BanReservas le informaron a Loly que existe una diferencia entre la cédula vieja y la nueva. De inmediato ella fue a la JCE y en una hora le entregaron una nueva corregida. Mi nieto buscó un abogado notario amigo para que me costara menos y sólo me cobró 1,200”.
“Ya con el Poder listo, mi hija fue a la Oficina de Atención al Ciudadano en la Procuraduría General de la Republica, pagó en el Banco el nuevo impuesto de 600; retornó a Atención al Ciudadano y tras largas horas depositó el Poder y el recibo de pago. Luego de otra espera, por fin le entregaron el Poder Especial debidamente sellado y firmado. Salió muy cansada, pero contenta, hacia la DGPJ a solicitar la autorización final”.
“Pero en la DGPJ le informaron que el abogado notario que hizo el Poder Especial no vive en la misma demarcación, por lo que tiene que comenzar de nuevo todo el proceso, aunque nadie le advirtió esta situación. Resulta frustrante, pues ahora debemos buscar un nuevo notario y pagarle no sabemos cuántos $$$. Posiblemente nos terminará costando más que el monto de mi pensión. Y todavía no he cobrado ni la regalía ni el mes de diciembre, con el riesgo de que esos cheques sean devueltos a la Contraloría”.
Este caso ilustra el poco respeto y consideración que reciben nuestros pensionados y jubilados. Nos preguntamos cuántos miles de pensionados no pasan por una situación igual o peor. Cuántas trabas para los chiquitos en un país con tantas facilidades para los influyentes y poderosos!! Debe haber controles, pero nunca para hacerles la vida más difícil a los envejecientes; hay que evitar que la sal resulte más cara que el chivo. Doña Elsa y Loly son reales, quien quiera comprobarlo que se comunique conmigo.
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