Dando un nuevo paso dentro del proceso de renovación y saneamiento de la Iglesia Católica, el Papa Francisco aprobó este pasado jueves una ley mediante la cual ordena a la totalidad de los sacerdotes y monjas católicos en el mundo entero denunciar ante las autoridades eclesiásticas todo caso de abuso sexual que tenga lugar dentro del clero. De igual modo, la orden papal incluye todo intento de encubrir tales hechos por parte de sus autoridades superiores.
La ley convierte en informantes obligados a la totalidad de la clerecía compuesta a los 415 mil sacerdotes y 660 mil religiosas con que cuenta la Iglesia a nivel mundial y constituye la elaborada respuesta del Vaticano a las múltiples denuncias que se han producido en diversos países de abusos por parte de ministros religiosos, incluyendo altos integrantes de la jerarquía eclesiástica y algunos obispos por encubrirlos y silenciarlos.
No pocas de las denuncias que se han producido en esta época de destape corresponden a un remoto pasado, con antigüedad de varias décadas, donde la gran cantidad de tiempo transcurrido ha hecho perimir la responsabilidad penal desde el punto de vista legal, no así la moral y eclesiástica.
Pero otras muchas han llevado a la Iglesia a pagar elevadas sumas millonarias como indemnización a los denunciantes, víctimas de los abusos. En algunos casos, los responsables de tales hechos han sido sentados en el banquillo de los acusados y condenados a penas de prisión.
A la cabeza de los países donde aparentemente ha salido a relucir un mayor número de casos figuran los Estados Unidos. En la América Latina, parece haber sido Chile, al menos hasta ahora.
En República Dominicana donde la Iglesia Católica cuenta con una gran cantidad de fieles que cada domingo llenan los templos en los distintos horarios de misa, y donde figura como una de las tres instituciones que disfruta de mayor nivel de credibilidad según distintas encuestas y la reciente Gallup, los casos conocidos de abusos sexuales por parte de sacerdotes han sido hasta ahora muy contados.
El más notorio correspondió al enviado diplomático del Vaticano, el obispo polaco Joseph Wosoloski. Sus poco edificantes inclinaciones sexuales con menores de edad motivaron una discreta labor de comprobación llevada a cabo por las propia autoridades eclesiásticas que se extendió por espacio de dos meses. Un detallado informe de sus resultados se tiene entendido que fue llevado personalmente al Vaticano por el hoy retirado cardenal López Rodríguez. Separado del cargo y suspendido como sacerdote, Wosoloski fue llevado a Roma, sometido al tribunal penal eclesiástico y mantenido bajo prisión domiciliara a espera de juicio durante cuyo proceso falleció.
Salvo el cura polaco que fue enviado a su país donde apareció con una acusación similar, fue juzgado y sancionado a varios años de prisión, los demás pocos casos han sido juzgados o están en proceso de serlo por los tribunales penales dominicanos.
Estos contados hechos no parecen haber mengüado en nuestro caso, al menos significativamente, la fe y la confianza en la Iglesia. Por el contrario, las monjas son respetadas y apreciadas por la notable labor humanitaria que llevan a cabo en hospitales y asilos, y la gran mayoría de los sacerdotes y obispos ejercen un gran liderazgo en sus diócesis y comunidades donde además de su misión pastoral llevan a cabo un gran trabajo social.
A no dudarlo esta ley sin precedentes que acaba de promulgar el papa Francisco abre las puertas a un saludable proceso de mucha mayor transparencia en el seno de la milenaria Iglesia Católica y constituye un paso de gran trascendencia en el inevitable proceso de cambios y actualización de la institución que cuenta con más de dos milenios de historia y representa la fe religiosa de al menos una quinta parte de la población del planeta.