Como todo en la vida, la calidad de un gobierno se mide no por quienes lo critican sino por quienes lo defienden de manera irracional. Y son estos últimos lo que definen y resaltan, no otros, la ruta de la bancarrota moral. A lo largo de nuestra historia esa sido una constante, que se acentúa en la medida en que el tiempo se les acorta y el deterioro hace mella en su sentido del equilibrio, a partir de lo cual pierden contacto con la realidad y se muestran incapaces de diferenciar entre lo claro y lo oscuro, creyéndose por encima de todo interés público.
Cuando esta situación se da en aquellos casos en que hubo alguna vez expectativas en la población, el sentimiento popular resulta en una confusa mezcla de compasión e ira. A su vez, esto hace que la adhesión se exprese solamente en gritos, ruidos que lastiman los oídos y llenan de estupor los ambientes mediáticos, porque es a partir de ese momento en que emigran los espacios para la moderación y el buen sentido. Es la fase en la que ya no se puede volver atrás ni recuperar tiempos perdidos y el aprecio público se esfuma para difícilmente volver.
Son incontables las veces que hemos padecido como nación este fenómeno que nos muestra, despojada de disfraz, la faz real de quienes echan a un lado el debate respetuoso de las ideas por la diatriba, convencidos de que el elogio desmesurado, casi siempre burlón, y no la crítica independiente, es el camino que lleva a sus defendidos a la inmortalidad, como si ese camino existiera en el ámbito en que los defensores de alquiler se desenvuelven. Es entonces cuando se olvida que la crítica constructiva es el más eficaz antídoto contra el desenfreno y la caída moral. La buena defensa de un gobierno requiere no sólo de pulcro manejo de argumentos, sino de respeto a quienes no comparten sus ideas. Un sentimiento muy escaso en esos litorales que nada constructivo aportan al debate nacional.