Tenemos el triste privilegio de ser el país del mundo donde peor se conduce.
Tenemos el no menos penoso de ser el segundo país del mundo donde es mayor la proporción de muertes por accidentes de tránsito.
En nuestro país, los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muertes violentas.
En nuestro país, cada año los accidentes de tránsito cuestan la vida a miles de personas. Muchos de estos eventos son causados por choferes que conducen bajo los efectos del exceso de alcohol o la ingestión de drogas prohibidas.
En nuestro país, cada año los accidentes de tránsito provocan miles de lesionados, consumiendo una buena parte del presupuesto de Salud Pública. Una gran proporción de los heridos tiene que ser sometida a largos procesos de rehabilitación y no pocos quedan discapacitados total o parcialmente de por vida.
En nuestro país, cada año los accidentes de tránsito ocasionan miles de millones de pesos en pérdidas a las compañías aseguradores, lo que lleva a encarecer el costo de las primas de seguros de vehículos.
Somos el único país donde la inmensa mayoría de los conductores dobla a la izquierda en forma de gancho, ocupando el carril contrario, en vez de hacerlo por su derecha, ante la indiferencia de las autoridades.
Somos el único país donde las paradas del servicio público de pasajeros no están reguladas ni para los ómnibus, ni para los conchos.
La revista de vehículos en vez de conllevar la revisión mecánica de los mismos resulta un simple impuesto. El alegar que es con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad de los mismos, no pasa de ser un chiste de mal gusto.
Se ha divulgado y no desmentido que alrededor del cuarenta por ciento de los choferes conducen con la licencia vencida. Una buena cantidad (más de un 35 por ciento) de guardias y policías forman parte de ese nutrido pelotón.
Se ha divulgado y no desmentido que una cantidad similar de vehículos transita sin seguro o con el mismo vencido y no renovado.
Se ha divulgado y no desmentido que cientos de millones de pesos en multas no han sido pagadas por los infractores.
Se ha divulgado y no desmentido que hay conductores que han acumulado cientos de infracciones y continúan transitando impunemente por las vías públicas.
Entre tanto desorden, aunque cause indignación no debe mover a asombro el hecho de que un juez haya puesto en libertad provisional inmediata al chofer de la “voladora” que violó la luz roja atropellando a dos menores, a una de las cuales provocó graves lesiones, como si se tratase de una simple infracción. No es el primero, ni el único caso, ni parece que lo será en el futuro.
Hace algún tiempo, el entonces director de AMET, mayor general Sanz Jiminián, anunció que se había elaborado un nuevo proyecto de ley de ordenamiento del tránsito con la finalidad de reducir los accidentes vehiculares, endureciendo las penas para los delitos de tránsito, donde se provoquen lesiones o muertes culposas. Desde entonces, otros dos jefes se han sucedido al frente del organismo mientras el proyecto en cuestión aparentemente duerme un largo sueño en el Congreso Nacional.
Otros países han tenido que modificar sus legislaciones de tránsito para reducir la cantidad de accidentes, estableciendo penas carcelarias mucho más estrictas para los violadores de las normas cuando son responsables de causar lesiones o muertes. Los resultados, por lo general, han sido exitosos.
Aquí, lamentablemente, no parece que haya interés en poner freno a esta interminable, irresponsable e impune sangría. O quizás, sea todo lo contrario, que exista un exceso de intereses espurios que lo están impidiendo.
Por desgracia, también en este campo, somos un país sin consecuencias.