El tema eléctrico da corriente, a veces de alta tensión, la peligrosa. Es un sector que produce mucho dinero y en el que convergen intereses diversos y actores poderosos. Desde hace tiempo, el Estado dominicano financia un subsidio para beneficiar a un grupo de consumidores de energía, que se ha convertido en una pesada carga que gravita negativamente sobre las finanzas públicas, se supone que se inició su desmonte pero esto tiene un alto costo político.
Las tres distribuidoras, o las EDES, como son popularmente conocidas, no se distinguen por su eficiencia y aunque están operando con menos personal, el monto total de sus nóminas ha crecido lo que indica que los salarios han aumentado; en la situación que se encuentran estas entidades esa decisión es a todas luces improcedente, lo que había que hacer era disminuir el número de empleados y congelar los salarios, parece que sólo EDESUR tomó esta medida. Frente a decisiones de este tipo, es evidente que quienes dirigen las distribuidoras no están actuando en función de las realidades económicas que tienen enfrente.
Otro tema importante y nebuloso, es el de Punta Catalina, todavía no se sabe con certeza cuánto costó esa generadora, además hace poco tiempo se sustituyeron sus principales funcionarios, sin que esté claro si fue por actos de corrupción o incompetencia; creemos que debía haber más transparencia en la operación de la misma. Se supone que un Fideicomiso encabezado por Celso Marranzini se encargaría de los asuntos de esa importante unidad, pero hasta el momento luce que poco se ha hecho o poco se sabe.
Mientras tanto, la demanda de energía ha crecido sin que la generación lo haya hecho, estando la oferta casi al mismo nivel que la primera, haciéndose necesario incorporar nuevas unidades de generación.
Desde hace tiempo tengo la convicción de que un sistema eléctrico deficiente y deficitario, es un factor que dificulta la competitividad; somos partidarios de que el Estado tenga a su cargo la regulación, supervisión, transmisión y generación hidroeléctrica, y que el sector privado se encargue de la generación y distribución.
Creemos que el Estado debe salir del negocio eléctrico y configurar una regulación y supervisión de calidad e independiente, regida por criterios profesionales. Las distribuidoras deben licitarse para venta o arrendamiento a largo plazo y sacar el factor político de esas unidades que tan negativamente las afecta. Así mismo, la localización de los centros productores de energía debe diversificarse y ubicarse en litorales diferentes al Sur del país, para diluir riesgos por fenómenos naturales y asegurar el suministro a todo el territorio nacional.
Este es un tema complejo, que amerita un análisis en donde se desmenucen algunos aspectos que aquí no se han tocado, pero de manera resumida creo que hemos podido reflejar cuál es la realidad actual, la cual requiere decisiones a corto plazo, que de no tomarse se corre el riesgo de volver a los constantes apagones que nadie quiere.