El país entiende, aún sus críticos, que hay una diferencia abismal en el ámbito moral entre el presidente Medina y su antecesor, en favor del primero. Pero a menos que no reaccione con prontitud ante las denuncias de corrupción atribuidas a la administración pasada y a esferas de la propia, el jefe del Estado podría verse obligado a pagar, en términos de aceptación pública, por pecados que no son suyos. En efecto algunos de los casos ventilados en los medios son de un carácter tan alarmante que no deben ser pasados por alto, sin que el silencio oficial no termine convirtiéndose en encubrimiento.
La más reciente de las denuncias, provenientes de un importante estamento estatal, exige una atención especial por el Ejecutivo. La presidenta de la Cámara de Cuentas, la doctora Licelot Marte, ha dicho para sorpresa de la nación, que la distracción de recursos en el sector público sería suficiente para hacer otra República Dominicana. No sé si la funcionaria, abogada de experiencia, calculó bien el alcance de su revelación, pero nadie más que ella está en condiciones de saberlo, por cuanto es la Cámara de Cuentas el organismo responsable de velar por el buen uso de los recursos públicos y las auditorías que realiza permiten poner al descubierto las malas prácticas burocráticas.
Para que se tenga una idea de lo que la señora Marte ha revelado, hay que tener en cuenta que el país es del tamaño de su PIB y el nuestro, según evaluaciones recientes, es del orden de los 55 mil millones de dólares. De manera que si con el dinero malversado se podría construir otra república igual, teóricamente las “distracciones” equivalen a esa suma. El gobierno presidido por un hombre austero y comedido, como el señor Medina, tiene la obligación de exigir que se aclaren estas y otras cosas, por su propio bien y por el de una nación que ve en él un cambio de calidad ética frente a la amoralidad del que le antecedió.