No es secreto para nadie que el sistema de educación pública en la República Dominicana cuenta con muchas precariedades. El COVID-19 sólo ha sacado a relucir las deficiencias añejas de este dentro de un marco muy triste. Mientras se intenta mantener el distanciamiento social, las zonas menos favorecidas no cumplen con las medidas impuestas para mitigar las crisis. No hablo de aquella gran cantidad de ciudadanos que se ven obligados a salir para buscar el sustento diario de sus hogares. Hablo de los que no han tomado enserio la gravedad de la crisis sanitaria, como consecuencia de la educación precaria recibida desde la infancia y posiblemente anulando los esfuerzos de los que estamos cumpliendo con las medidas en su totalidad. Esto, provocando mayor contagio y mayor demanda de un sistema de salud ya desde un principio deficiente. De ahí, que el nivel de carencia en la educación es directamente proporcional al incremento de las posibilidades de colapso de nuestro sistema de salud.
Sin embargo, ver solamente lo que está pasando dentro el marco del COVID-19 y no cuestionar la raíz del problema – un sistema frágil en todo el sentido de la palabra – sería tener una visión muy miope de nuestra realidad como nación. Aprovecho para recordar que no se puede tapar el sol con un dedo.
No es inusual ver noticias que anuncian la inauguración de escuelas en las portadas de los periódicos. Cualquiera que juzgue la realidad de la educación pública en nuestro país por la publicidad dada a las escuelas inauguradas en los últimos períodos pensaría que estamos entre los mejores educados de la región, pero la realidad es distinta. Mientras parecería que el gasto de construcción dentro del 4% del producto interno bruto (PIB) dedicado a la educación se está manejando eficientemente (con sus excepciones), hay aspectos a los que debemos prestar más atención, pues moles de cemento vacíos donde no hay quien garantice correctamente el derecho a la educación no se pueden hacer llamar escuelas.
Entonces, planteo la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede mejorar el sistema de educación pública? Aunque en principio lo ideal (y buen segundo paso) fuera un incremento del porciento del PIB dado a la educación, lo primero es garantizar la eficiencia del gasto del porciento ya asignado. Me atrevo a decir que existe una mala administración de los fondos asignados para el rubro de la educación, pues en los últimos años (posterior a la asignación del 4% del PIB) no se ha visto gran variación en el rendimiento estudiantil.
Por citar un ejemplo, desde el 2012 se ha incrementado en gran medida el monto invertido en formación docente, sin embargo, esto no se ha traducido en mejores calificaciones para los estudiantes que toman pruebas estandarizadas como lo son las Pruebas Nacionales (EDUCA), ni en mejor calificación para el país en evaluaciones que miden niveles de educación internacionales como lo es la prueba PISA. Esto genera cuestionantes sobre la calidad de la formación docente que reciben los maestros. Volvemos al punto de partida, ¿Qué tan eficientemente se está invirtiendo ese 4% por la educación?
Más allá de dividir el presupuesto de manera ciega y entender que a mayor dinero, mejores resultados, es más preciso asegurar mecanismos que garanticen la eficiencia de los montos invertidos, para que así, manteniéndome dentro del ejemplo dado anteriormente, mayor dinero realmente signifique mejor capacitación de los maestros y, por ende, mejor educación para los estudiantes.
Programas de capacitación de maestros en centros de educación superior de buena calidad (se me ocurre una mayor cantidad de alianzas público-privadas entre el Ministerio de Educación y universidades privadas) alineados con las necesidades educativas de los estudiantes, así como programas para traer profesores chilenos, uruguayos, o de demás naciones de la región latinoamericana conocidos por su buena educación pública para formar a nuestros maestros, pueden ser eficientes mecanismos de formación. Impartir a los maestros una serie de pruebas diagnósticas especializadas pre-formación y pruebas post-formación podría servir de buen medidor para examinar la eficiencia de los planes de formación docente. Aplicar mecanismos y medidores de este tipo a demás asuntos dentro del 4% del PIB asegurará mayor eficiencia en el gasto público.
La educación no es un cultivo de ciclo corto, pues sus frutos se verán pasado el tiempo, pero es lo único que podrá asegurar el progreso real, dentro y fuera de este marco de pandemia. Y en estos tiempos de COVID-19, termino con este proverbio chino: “Si tienes planes para un año, siembra arroz, si tienes planes para diez, siembra árboles, y si tienes planes para siempre instruye a un pueblo.” Y no sé por qué sospecho que en lo que respecta a la educación pública nos quedamos en la siembra de arroz, desde hace tiempo…