En toda la vida institucional de La Junta Central Electoral, han sucedidos situaciones que de una u otra manera ha socavado la imagen, credibilidad y confianza de este organismo. Basta dar una ojeada a los hechos acaecidos desde las elecciones del año 1978, por poner un punto de partida.
El viejo paradigma, inicia con la situación de la noche del 17 de mayo del 1978, en donde, en plena faena de conteo electoral en el que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) iba dominando, incluso con el 25% computado, un contingente de militares asaltó las oficinas de la JCE y comenzó a destruir las urnas electorales, generando en consecuencia, lo que se ha llamado como “el juntazo”. Atribuido a la presión social y la incidencia del ex presidente estadounidense Jimmy Carter y la OEA, el Dr. Balaguer entregó la presidencia a Don Antonio, pero, movió sus fichas para que la JCE emitiera una resolución que cedió al PRSC cuatro senadores (La Altagracia, El Seibo, María Trinidad Sánchez y Bahoruco) y cinco diputados, quedando Balaguer con el control del Senado, llamándose “Fallo histórico” de la JCE que mutiló la victoria del PRD.
Otro hecho que se registra en la historia es el llamado “granadazo” de las elecciones del 1982. Episodio acaecido a las 12:10 del mediodía del 18 de junio, por la explosión de una granada en plena sede de la Junta Central Electoral (JCE).
Sobre este hecho lo demás es historia. Una impugnación del PRSC a las elecciones que ganó Salvador Jorge Blanco fue el detonante de una acción que dejó seis muertos y más de 25 heridos. En ese ínterin, Salvador Jorge Blanco, propició que el Senado –presidido por Jacobo Majluta-, conformara una Junta a la medida del PRD, integrada por Caonabo Fernández Naranjo como presidente de la JCE y a Rubén Suro y Juan R. Ramos Pimentel como miembros del organismo electoral,lo cual propició un ambiente de desconfianza, que generó que se creara una comisión de asesores electorales, encabezada por monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. El 22 de mayo, esta comisión hizo público un comunicado en cual expresaba que existían serios peligros de que el proceso electoral sea alterado por decisiones adoptadas al margen de la ley electoral, y que convendría que la JCE estuviese compuesta por personas de reconocida imparcialidad partidista”.
De todo es conocido, lo que pasó en la elecciones de 1986, que por la situación de votos observados (26 mil) y nulos (71 mil por doble rayado y que eran de Majluta. Ante eso, también inducido por presión el conteo se detuvo por alegados fraudes y Majluta, en calidad de presidente del Senado, ordenó a los delegados políticos recusar los jueces, hecho que suspendió el conteo electoral y logró momentáneamente sustituir a los miembros de la JCE hasta el 24 de mayo. Entonces, el 23 de junio la JCE dio como ganador a Balaguer, con 24 mil 655 sufragios de diferencia de Balaguer sobre Majluta.
Otro episodio que marca con tinta indeleble, el síndrome de desconfianza es el etiquetado fraude colosal que el profesor Juan Bosch adujo se le hizo en las elecciones del 1990. El 17 de mayo, el PLD había publicado los datos de su centro de cómputos, señalando que había obtenido 521,123 votos a su favor y 495,387 de los reformistas. Aun con todas las protestas del Bosch, Jimmy Carter, ex presidente estadounidense que fungió como observador electoral, hablaba de una jornada electoral “adecuada y honesta”, a excepción de las irregularidades del Distrito Nacional, que no afectaban el resultado final. Ante denuncias insistentes por parte del PLD y también del PRD, el PRSC, que con la mayoría de los senadores compuso una Junta presidida por Froilán Tavárez.
Las elecciones de 1994 fueron una de las más cuestionadas ya que contra todos los pronósticos, Joaquín Balaguer ganó las elecciones con una diferencia de 22 mil 281 votos sobre José Francisco Peña Gómez. Se denunció el mismo 16 de mayo que el padrón de militantes no se entregó a tiempo e incompleto. Posteriormente se comprobó que 28,672 ciudadanos no pudieron ejercer el voto. Los resultados de las elecciones generaron una crisis política que se extendió hasta el 10 de agosto, cuando se firmó el “Pacto por la democracia”.
En efecto, la ola de protesta crea las condiciones para el pacto de la democracia, en el que se acordaron varios puntos: 1) Reducir dos años el periodo gubernamental de Balaguer. 2) Acuerdo de establecer el método de segunda vuelta, separar las elecciones congresuales y municipales, 3) Prohibir la reelección y conformar una JCE sin miembros afines a partidos políticos. Como se aprecia, el fraude electoral, se ha interiorizado como parte de la cultura política dominicana.
Ya como una democracia adulta, podríamos decir, se cita el caso de la Junta de Morel Cerda, producto de un senado dominando por el PRD, en 1998, la cual fue designada sin consenso, para ¨organizar¨ las elecciones del 2000. Esta compuesta por Manuel Ramón Morel Cerda como presidente, y los miembros eran Salvador Ramos, Ana Teresa Pérez, Luis Arias y Luis Ramón Cordero. A partir de esta conformación las críticas eran profundas, ya que se juzgó que era un comité de base del PRD. Siendo objetada por el PLD y el PRSC al extremo de que el presidente Leonel Fernández retiró, momentáneamente, los recursos a la Junta. El debate duró hasta mayo del 1999 cuando por negociaciones entre los partidos, se acordó de forma transitoria aumentar de cinco a siete la cantidad de jueces del órgano electoral. Así, Julio César Castaños Guzmán y Roberto Leonel Rodríguez Estrella se agregaban a los integrantes de la Junta. Como coincidencia del destino, en el 2002 el PRD ganó de manera contundente las congresuales y municipales (29 de las 32 senadurías, 70 diputados y 105 síndicos).
Y ni hablar de las elecciones del 2016, con el llamado escrutinio electrónico. Que no armó la 3ra. Guerra mundial a chepa. Por igual, el algoritmo de Leonel Fernández, que terminó en la ruptura del PLD.